La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación para determinar si hay indicios suficientes con los que interponer una querella por siete de los trece contratos en pandemia que denunció el Partido Popular y que estarían vinculados con miembros del Gobierno, a través de familiares o allegados.
Uno de esos contratos afecta a una empresa que, según el Partido Popular, perteneció a los padres de Pedro Sánchez, que vendieron sus activos antes de las adjudicaciones pero que figurarían todavía como apoderados. La Fiscalía precisa que abre las diligencias de investigación porque no hay indicios contra aforados, esto es, que no aprecia por ahora vinculación con los hechos del presidente del Gobierno.
El denunciante, explica Anticorrupción, relaciona este contrato con la vinculación de la empresa con los padres del Presidente de Gobierno. “Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa PLAYBOL, S.A., de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges”, añade el decreto. Y añade: la empresa compradora Industrias Plásticas Playbol se subrogó en los contratos laborales y la empresa Playbol S.A sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.
El denunciante incorpora a su denuncia diversos documentos relacionados con los contratos, obtenidos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, así como del Servicio de Contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, dice la Fiscalía. “Nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos”, añade.
“Por tanto, excluida cualquier participación ab initio de personas aforadas, que determinaría la falta de competencia de esta Fiscalía Especial para la comprobación e investigación de los hechos, se ha de valorar si del relato que de los mismos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación solicitadas por el denunciante”, explica la Fiscalía sobre su competencia para investigar unos hechos en los que no hay indicios de que participen personas aforadas, en este caso el presidente del Gobierno.
En este punto, la Fiscalía cita el decreto de incoación de diligencias por el contrato del que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso. “Como en esta investigación (D.I. 3/2022), el denunciante se limita a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ella relatados, en los que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de las distintas adjudicaciones”. escribe Anticorrupción.
“Al respecto, se dice en el referido Decreto y resulta extrapolable a este, que resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. Y ello debido a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia”, añade.
Calviño, Ábalos e Illa
Las otras seis empresas presuntamente “favorecidas”, según el decreto de la Fiscalía hecho público este viernes son Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial y Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital.
En el caso de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la Fiscalía justifica en su decreto que “tiene relación, según información periodística”, con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y señala que mientras en 2019 su cifra de negocio fue de 0 euros, en 2020 alcanzó los 53,13 millones “por las adjudicaciones públicas directas”.
De FCS Select Products, el ministerio público indica, también citando a “los medios de comunicación”, “la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el entonces ministro de Sanidad, D. Salvador Illa”. Además, en este caso señala otras circunstancias, como el aumento de la cifra de negocio de menos de un millón en 2018 a los 263,1 millones en 2020 “por las adjudicaciones públicas directas”, la falta de comprobación de la solvencia y que en 2016 habría sido condenada por un delito de estafa.
En el caso de Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital, la Fiscalía indica que “es relacionada por el denunciante con la titular del ministerio de Economía, Dña. Nadia Calviño, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa”. Según señala el decreto, “la adjudicación del contrato se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía a 884.000 euros”.
Sobre Member of the Tribe, la Fiscalía apunta a que en la denuncia se destacan, entre otras circunstancias, “el precio excesivo de la unidad de guante frente a otros proveedores”, que sería “entre un 25% y un 500% superior”, y que la administración habría perdido cerca de 1,7 millones de euros, el 30% del contrato, que Sanidad pagó por adelantado y que la compañía no devolvió cuando se resolvió el contrato por haber incumplido el plazo de entrega. Una situación similar, se habría dado con Hyperin Grupo Empresarial, en este caso, según el decreto, por un importe de 1,8 millones, “pendiente de reintegrar”.
Un precio de adjudicación excesivo es lo que reseña en el decreto en relación al contrato con Weihai Textile Group import & export co, en este caso para la adquisición de batas, por 16,7 euros la unidad, “frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros”.