Anticorrupción pide 15 años de prisión para Fernández Díaz y su número dos por el espionaje a Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. El Ministerio Público solicita igual condena para el que fuera el número dos del Ministerio, Francisco Martínez, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino, a los que acusa de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Para José Manuel Villarejo eleva la petición de condena a 19 años por esos mismos delitos, a los que suma el de cohecho impropio.

El escrito de la Fiscalía solicita penas de prisión para otros cuatro acusados, todos ellos miembros de la primera línea de la brigada política que operó en la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se trata del que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para el que pide dos años y 6 meses por encubrimiento; el hoy comisario Andrés Gómez Gordo, ex asesor de María Dolores de Cospedal , que se enfrenta a 15 años de prisión por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad; los mismos años y delitos que para Sergio Ríos, antiguo chófer de la familia Bárcenas que luego ingresó en la Policía; y Enrique García Castaño, para el que solicita 12 años. García Castaño dejó de ser acusado en el primer juicio a Bárcenas porque se encuentra aquejado de una grave enfermedad que le impide defenderse. La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito que se declare al Estado responsable civil subsidiario.

La inclusión del delito de malversación en la petición de Anticorrupción por haber desviado fondos públicos a una actividad distinta de para la que están destinados –en este caso favorecer al Partido Popular saboteando la investigación de su caja B– supone que la reforma del tipo legal llevada a cabo en esta legislatura no afecta a los acusados y, por tanto, no se benefician de una posible rebaja de la condena.

El escrito de acusación de la Fiscalía llega al mismo tiempo de que trascienda que la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso de las acusaciones populares de PSOE y Podemos en contra de la exculpación de María Dolores de Cospedal, a la que consideran la auténtica coordinadora de la operación parapolicial para destruir pruebas contra el PP. A esos recursos se adhirió la propia Fiscalía Anticorrupción después del rechazo del juez Manuel García Castellón a imputar de nuevo a la ex secretaria general del PP a la vista de las nuevas grabaciones que la situaban en la cúspide de la operación, como aquella en la que pide a Villarejo “parar” la publicación de la “libretita”, en referencia a los papeles de Bárcenas, principal prueba de la caja B del partido. La Sala de lo Penal ha confirmado la decisión del magistrado.

Ante esta decisión de la Audiencia Nacional, la Fiscalía dice en su escrito que fueron Fernández Díaz, Martínez y el comisario Pino quienes idearon la operación Kitchen, “sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias”, añade en alusión a Cospedal.

Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas –que sustituyó a Ignacio Stampa después de que no se le renovara la plaza en Anticorrupción– describen la operación Kitchen como “una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales –documentos almacenados en cualquier clase de soporte, incluidos dispositivos informáticos y telefónicos– que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional (...) conocico como caso Gürtel y que pudieran encontrarse en poder de Luis Bárcenas Gutiérrez”, ex tesorero del partido.

“Y todo ello –continúa– con la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado al meritado procedimiento judicial que se seguía en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.

A partir de ahí, el escrito de Anticorrupción hace un repaso de la operación. De cómo la brigada política contactó con el chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, quien, “desde su puesto de conductor no solo tenía un gran conocimiento de sus movimientos y actividades sino que, además, en virtud de la confianza que en él tenía depositada la familia Bárcenas”.

Primero fue el comisario García Castaño, jefe de la unidad de captación de fuentes y escuchas de la Comisaría General de Información, quien intentó captar al chófer. Al no tener éxito entró en escena Andrés Gómez Gordo, del que el escrito dice que “ocupó entre 2011 y 2015 el cargo de director general de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha en los tiempos en que fue presidida por María Dolores de Cospedal, a la sazón secretaria general del Partido Popular”. El escrito no precisa quién o cómo pensó en Gómez Gordo para participar en la operación, solo que conocía al chófer porque los dos habían trabajado para la Comunidad de Madrid.

Una vez captado, el chófer empezó a informar de citas y reuniones de Bárcenas, hasta que entró en la cárcel y de Rosalía Iglesias después, a Gómez Gordo, García Castaño y José Manuel Villarejo. Ríos Esgueva también les copiaba documentos y les hablaba de las conversaciones que tenía la familia. A cambio cobró 2.000 euros de los fondos reservados todos los meses entre julio de 2013 y septiembre de 2015.

La información recopilada por los tres policías aludidos era trasladada por ellos mismos al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “como responsable máximo del Ministerio del Interior”.

A la labor de información del chófer se sumaron seguimientos policiales fuera de cualquier causa judicial. Es aquí donde entra en escena el comisario Marcelino Martín-Blas, de Asuntos Internos. Esta unidad había sido utilizada para actuar sobre el terreno en la Operación Catalunya, y por lo que explica Anticorrupción actuó igual en la Kitchen. Martín Blas ordenó las vigilancias, dice la Fiscalía, “con conocimiento de que no se insertaban en ninguna investigación oficial”.

La brigada política sospechaba que en un local que utilizaba Rosalía Iglesias para guardar sus cuadros “podían encontrarse los archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas sugería que había grabado”. García Castaño accedió a dicho local sin orden judicial y “no consta que que lograra hacerse con ningún tipo de documentación”.

La Fiscalía también relata cómo García Castaño logró que el chófer le entregara unos dispositivos móviles de Bárcenas que él copió en un lápiz de memoria y que enregó a Francisco Martínez y Jorge Fernández, quienes habían sido avisados del volcado de los dispositivos “inmediatamente después de su realización”.

La segunda Kitchen en prisión

El escrito de Anticorrupción sostiene la tesis de una segunda Kitchen en la prisión de Soto del Real. En este sentido asegura que Villarejo y Martínez se hicieron con “informaciones sobre cuentas bancarias y sobre movimientos de fondos” que Bárcenas escondía en prisión y que lo consiguieron “a través de personas desconocidas”.

Además, la Fiscalía atribuye a todos los encausados, excepto el chófer y Martín Blas, esta segunda operación que incluyó reclutar a un informático que compartía prisión con Bárcenas, al que éste le encargó “el borrado de archivos de audio con conversaciones que decía haber mantenido con Mariano Rajoy –entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular– y con Javier Arenas dirigente del Partido Popular relativas a fondos manejados por el Partido Popular de forma ilícita”.

Anticorrupción asegura que cuando el informático salió de la cárcel de permiso fue detenido “a cuenta de una inexistente causa judicial pendiente y devuelto a la prisión de Soto del Real”. “”No consta que el interno pudiera completar la encomienda“, añaden los fiscales.

La Fiscalía también explica cómo la brigada política, a través de Gómez Gordo, intentó blanquear la operación parapolicial tiempo después en los archivos policiales, pero que en realidad nunca informaron a los auténticos investigadores de la caja B de sus maniobras. Este argumento, que investigaban la caja B del PP, ha sido expuesto por los acusados para exonerarse.

Fondos reservados, dinero público

El cálculo del dinero público empleado en pagar al chófer asciende a 57.943,43 euros, a lo que hay que sumar una cantidad imposible de cuantificar en tiempo de los funcionarios y recursos empleados en las vigilancias de la operación parapolicial. Además, Sergio Ríos ingresó en la Policía siguiendo un plan de Villarejo “con la aquiescencia de, al menos, los encausados Eugenio Pino y Francisco Martínez”.

Anticorrupción ha sacado de su escrito de acusación a dos importantes miembros de la brigada política contra los que considera que no hay indicios para sentarlos en el banquillo. Se trata de José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.