La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 40 años y seis meses para el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el encargo que “altos directivos” de Repsol y Caixabank hicieron al policía, mientras estaba en activo, para que evitara la entrada de la mexicana Pemex en el accionariado de la petrolera española, operación en la que se iba a materializar a través de Sacyr, presidida entonces por Luis del Rivero.
Anticorrupción no puede acusar a Repsol y Caixabank –principal accionista de la anterior– porque el juez del caso, Manuel García Castellón, exculpó a las empresas del Ibex, por lo que los fiscales solicitan elevadas penas de prisión para sus directores de seguridad, ex miembros del Cuerpo Nacional de Policía del entorno de Villarejo, caso de los entonces comisarios en excedencia Miguel Ángel Rancaño (Caixabank), que se enfrenta a una pena de más de 21 años de cárcel; y Rafael Araújo (Repsol), para el que la Fiscalía solicita más de 29 años de prisión.
Anticorrupción asegura en su escrito de acusación de la pieza Wine –nombre que Villarejo dio al proyecto– que el 29 de agosto de 2011 el Grupo Pemex y la mercantil Sacyr Vallhermoso, S.A., ambos como accionistas de Repsol, “alcanzaron un acuerdo relativo a, entre otros aspectos, el ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada y el establecimiento de determinadas condiciones para la libre transmisión de las acciones de que eran titulares en la compañía”, con el objetivo de hacerse con el control de la misma.
En la pieza estuvieron imputados Repsol y Caixabank como personas jurídicas y sus consejeros delegados Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente. El juez consideró después que no era posible atribuirle los encargos a Villarejo a través de sus jefes de seguridad y archivó la causa para ellos y sus compañías, en una decisión avalada después por la Sala de lo Penal.
“El acuerdo requería que el Grupo Pemex incrementara su participación en Repsol, a fin de pasar del 4,8% de que era titular al 9,8 %. Por su parte Sacyr Vallehermoso era titular del 20% del capital social de Repsol, lo que implicaba que, sumando la participación de cada una de las mercantiles, ambos socios -Grupo Pemex y Sacyr Vallehermoso- llegarían a controlar en virtud del acuerdo alcanzado y sin necesidad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) un 29,8% del capital de Repsol, esto es, casi un tercio del total. Dicha situación implicaba, de facto, la toma de control de Repsol por parte del Grupo Pemex y de Sacyr Vallehermoso, con las consecuencias que de ello se derivaban para los directivos de la compañía y para Caixabank en su condición de accionista de referencia”, describen los fiscales.
Este plan provocó una reacción “por parte de los más altos directivos de Repsol” en el sentido de adoptar “diferentes medidas”. Una de ellas, continúan los fiscales “fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr Vallehermoso y Grupo Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo Bernabé y Rafael Girona Hernández”.
Araújo, que había sido subdirector de la Policía con el Gobierno del PP, y Giron “contactaron los primeros días de octubre de 2011 con el encausado José Manuel Villarejo Pérez y, a sabiendas de que se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarla a cabo -entre otras cosas por el acceso que desde su posición tenía a información de carácter reservado tanto en poder de la propia Policía Nacional como en poder de entes privados-, le encargaron una investigación inicialmente dirigida a recabar toda la información posible sobre Luis del Rivero Asensio”.
Aseguran los fiscales que en una fase posterior se incorporó al encargo Caixabank, “accionista de figura de Repsol”, en la figura de Miguel Ángel Rancaño, comisario en excedencia, ex jefe superior de Policía de Madrid, y que dirigía entonces la seguridad de la entidad bancaria. Rancaño, igualmente, conocía la condición de funcionario en activo de Villarejo.
Casi 400.000 euros para el comisario
El desembarco de Pemex y Sacyr en Repsol quedó desactivado, entre otras cuestiones por la destitución de Luis del Rivero al frente de la constructora española, pero sin embargo la investigación sobre el empresario y personas de su entorno, realizada por Villarejo por encargo de Repsol y Caixabank, continuó y se fue plasmando en distintos informes. Villarejo terminó cobrando por el proyecto Wine un total de 389.400 euros, que pagaron a partes iguales Repsol y Caixabank.
Los 40 años y medio que Anticorrupción solicita para Villarejo responden a la acusación por delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad documental. Por los mismos tipos delictivos, la Fiscalía pide más de 30 años a Rafael Redondo, socio de Villarejo. A los responsables de seguridad de las compañías les atribuye los mismos delitos, en su modalidad de activo en el caso del cohecho. Para Repsol y Caixabank solicita que se les imponga la responsabilidad civil subsidiaria.