La Fiscalía Anticorrupción solicita que se condene a cuatro años de cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la pieza del caso Lezo que investiga la adjudicación del tren a la localidad de Navalcarnero, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es. Por la mordida que obtuvo González, Anticorrupción le acusa de un delito de cohecho pasivo, pero la petición más alta de condena es para el empresario Javier López Madrid, entonces consejero de la constructora OHL, al que la Fiscalía acusa de cohecho activo y falsedad en documento mercantil, por lo que reclama para él una pena de seis años de cárcel. De ambos dice que mantenían “una estrecha relación de amistad”.
El escrito de Anticorrupción asegura que OHL se hizo en 2007 con la adjudicación para la construcción del tren a Navalcarnero gracias a “un plan ideado” por los acusados Francisco Javier López Madrid -consejero de OHL en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas -consejero director general de Construcción Nacional de OHL- que consistía en hacerse con la adjudicación del contrato presentando la oferta más baja en costes. Ese plan incluía que por medio de una mordida de 2,5 millones de euros se asegurarían la concesión y también la posterior modificación del proyecto, con la cual compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja. Para Martín de Nicolás, Anticorrupción solicita también seis años de cárcel por los mismos delitos que atribuye a López Madrid.
En el otro lado de la trama corrupta estaban el mencionado González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid en ese momento y presidente del Canal de Isabel II, e Ildefonso de Miguel, director gerente de la empresa pública de aguas. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación del tren de Navalcarnero. Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL, y Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza.
La fiscal Ana Cuenca detalla que Martín de Nicolás ordenó a Felicísimo Ramos que se transfirieran 2,5 millones desde una cuenta de OHL en el Banco Santander a cuentas bancarias en México a nombre de la constructora pocos días después de la concesión del proyecto. En ese punto entra en escena Adrián de la Joya y una de sus sociedades instrumentales en Panamá, Lauryn Group. Esta giraría dos facturas a OHL por servicios que nunca prestó. Los 2,5 millones fueron ingresados en una cuenta en Suiza de la sociedad de Adrián de la Joya. La Fiscalía resalta también una “estrecha relación de amistad” entre López Madrid y el socio de Villarejo.
Adrián de la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba los 2,5 millones en efectivo, que acabaron en manos de Ildefonso de Miguel para el reparto de las comisiones. “Al día de la fecha -escribe Anticorrupción- no ha sido posible conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este acusado (De Miguel) y el acusado Ignacio González”.
Para Rafael Arturo Martín de Nicolás, de OHL, la Fiscalía solicita seis años y medio de cárcel por cohecho activo y falsedad en documento mercantil, idéntica petición de condena para su subordinado, Felicísimo Damián Ramos. Por su parte, el ex director gerente del Canal Ildefonso de Miguel se enfrenta a cuatro años de cárcel por cohecho pasivo mientras que Adrián de la Joya a tres años y medio por cohecho activo.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita que comparezcan en la vista una larga lista de testigos, entre los que destaca el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, quien aparecía en las grabaciones del caso Lezo junto a González, o Juan Miguel Villar Mir, el dueño de OHL contra el que se archivó esta causa en 2018 y que se acaba de librar de la imputación en las piezas 8 y 9 de Púnica, ésta última sobre la financiación irregular del PP madrileño.