Anticorrupción evita posicionarse en la recusación del juez de Púnica por colaborar con El Corte Inglés

La Fiscalía Anticorrupción ha evitado posicionarse en el conflicto suscitado en el seno del caso Púnica con la petición de la acusación popular para que el juez, Manuel García-Castellón, se aparte por sus vínculos con El Corte Inglés. El Ministerio Público, obligado a informar, recurre a que Adade y PSOE solo han solicitado que plantee su abstención para dar una respuesta genérica. 

“Es al magistrado a quien corresponde valorar si debe comunicarlo, por concurrir en el mismo alguna de las causas previstas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De ser así, debe entonces proceder conforme a lo establecido en el artículo 221 de la LOPJ”, dice el escrito de las fiscales del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el escrito que presentaron Adade y el PSOE se afirma: “Es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Inglés. Desconocemos desde qué fecha, pero en cualquier caso consta en la página web del Consejo General del Poder Judicial la aprobación de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporación a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucción número 6 (junio de 2017)”.

El Corte Inglés, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de más de 16.000 metros cuadrados, declaradas rústicas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificación, el Ayuntamiento acordó con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde El Corte Inglés instaló un centro logístico.

La acusación popular había pedido en febrero al magistrado que citara al exasesor jurídico de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el presunto amaño, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. A ésta y otras diligencias, el magistrado contestó con que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de 15 años. Las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Sección Cuarta resolvió que el juez estaba dando por hecho que las irregularidades se habían cometido antes de la aprobación del PGOU y que, en cualquier caso, la presentación de la querella por el caso Púnica de la Fiscalía en 2014 interrumpía dicho plazo de prescripción. Anticorrupción cree que Valdemoro perdió 7 millones por las irregularidades del plan de 2004 y que dejó de ingresar otros 60 en plusvalías. 

El escrito presentado por la acusación popular para que García-Castellón se aparte de la pieza 4 esgrime: “De la documentación obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Inglés y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalación de una de las principales sedes logísticas de la Sociedad INDUYCO y sus diferentes denominaciones sociales”. 

Soriano ha comparecido en las últimas dos semanas otras tantas veces en la Audiencia Nacional para comparecer como imputado pero no ha llegado a hacerlo. En la primera, García-Castellón no estaba por encontrarse fuera de España por viaje de trabajo y su juez de refuerzo, Alejandro Abascal no había sido informado del escrito de la acusación popular, por lo que suspendió la vista hasta el pasado viernes. En la segunda, la abogada de Adade y PSOE expuso que el juez de refuerzo, sobre cuya permanencia cada seis meses informa García-Castellón, no gozaba de la independencia necesaria para sustituir al titular. Abascal volvió a suspender la declaración.