La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, detenido en la operación Lezo. El juez Eloy Velasco todavía no ha adoptado una decisión hasta que acabe de escuchar a todos los detenidos. En estos momentos, toma declaración al principal imputado en la trama, Ignacio González.
La agencia Efe publicó a las 18:11 horas un teletipo en el que anunciaba que el magistrado había decretado cárcel sin fianza para el responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, sin embargo, una portavoz oficial de la Audiencia Nacional explicó minutos después que la decisión todavía no está tomada. Rodríguez Sobrino ha declarado durante tres horas ante Eloy Velasco y los fiscales de Anticorrupción.
Antes que Rodríguez Sobrino se había sentado en la misma sala de la Audiencia Nacional su secretaria, Clarisa Guerra, quien ha quedado en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado. Esta tarde declaran los cinco detenidos restantes, entre ellos Ignacio González.
Rodríguez Sobrino, consejero del periódico La Razón, tiene, según los investigadores, un papel fundamental en la trama que investiga la Audiencia Nacional. Como responsable de Inassa, la filial del Canal en latinoamérica, impulsó la compra de una empresa brasileña por cuatro veces más de lo que costaba realmente.
Esa operación se hizo a través de sociedades de Uruguay y Panamá, y el dinero acabó en cuentas de paraísos fiscales. En total, 25 millones de dólares de dinero público que el Canal perdió la pista en las operaciones de Rodríguez Sobrino. El juez cree que el sobreprecio sirvió para el lucro personal de los implicados en la trama.
En esta causa está imputado el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de su diario, Mauricio Casals, a los que se investiga por coacciones a Cristina Cifuentes y parte de su gabinete.
Fuentes de la investigación apuntan a que ambos directivos del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas de Rodríguez Sobrino.
Según consta en el sumario, Rodríguez Sobrino mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en onerosas operaciones del Canal.
Se acogió a la amnistía fiscal
La investigación también ha revelado que Rodríguez Sobrino ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal.
Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe, y en el que se detallan algunos de los indicios contra Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.