Anticorrupción recurre el archivo en Púnica de la causa contra un alto cargo de Ayuso

Las fiscales del caso Púnica han recurrido el archivo de las actuaciones contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa y su directora de comunicación, María Teresa Alonso, en un duro escrito en el que critican al juez instructor, Manuel García-Castellón, esta decisión y otras en el mismo sentido por considerarlas prematuras y no permitir que se agote la investigación.

Como ocurriera con el expresidente de Indra y expresidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón, el archivo se produce antes de alcanzar la denominada “fase intermedia”, esto es, mientras se instruye o investiga la causa y antes de que la Fiscalía presente sus conclusiones en el escrito de acusación. Por este motivo las fiscales denuncian que el juez está “vulnerando continuamente” su derecho a “obtener la tutela judicial efectiva”. En el caso de Monzón, la Sala de lo Penal ratificó posteriormente el archivo.

García de Vinuesa era comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, cargo integrado en la consejería de Justicia e Interior que dirige Enrique López, hasta que fue imputado y dimitió. Los hechos que le atribuye Anticorrupción están relacionados con su época de alcalde de Alcobendas (Madrid), ciudad que gobernó de 2007 a 2019 y concretamente por los indicios de que fue uno de los cargos públicos del PP que pagó con fondos públicos a Alejandro de Pedro para que el experto informático maniobrara en Internet y mejorar su reputación.

Las fiscales Carmen García Cerda y María Teresa Gálvez recuerdan al juez que “la prueba recabada evidencia” que Alejandro de Pedro y otro de los investigados, José Antonio Alonso, “realizaron trabajos de reputación personal al alcalde, aunque dicho investigado haya negado este extremo en sede judicial”. Existen correos informáticos, añaden las fiscales, que lo demuestran y que fueron enviados a la máxima responsable de comunicación del Ayuntamiento y de García de Vinuesa. “Vaya por delante que el instructor obvia en el auto que recurrimos realizar una valoración de esta prueba, que nos parece contundente”, afirman antes de adjuntar dicho correo. 

Anticorrupción señala al Patronato Sociocultural del Ayuntamiento de Alcobendas como el organismo público del que se habría servido García de Vinuesa para financiar con patrimonio público los trabajos para su proyección personal. Como en otros casos en la Comunidad de Madrid gobernada por el PP, las empresas de De Alejandro Eico y Madiva giraban facturas por “contratos simulados”, con los que se fingía la contratación de publicidad por parte del organismo público. 

María Teresa Alonso ha visto cómo se archivaba la causa contra ella pese a que se negó a contestar al juez y a la Fiscalía en su citación como investigada. “Ninguno de los investigados, y más concretamente Teresa Alonso Majagranzas, han manifestado verificar que la publicidad se realizaba, ni en qué consistía la misma o qué se promocionaba, pese a dar por bueno el trabajo facturado”, escriben las fiscales. 

La Fiscalía Anticorrupción reprocha a García-Castellón que asuma “funciones de juzgador desatendiendo competencias propias del instructor”. En su auto, el juez acusaba a las fiscales y a las acusaciones populares de no solicitar diligencias para ahondar en los indicios contra los acusados cuando, responde el Ministerio Público, está acordada la práctica de una pericial sobre los trabajos de reputación que todavía no ha concluido.

Las fiscales aseguran que García-Castellón desatiende además la existencia de correos que “evidencian el verdadero servicio prestado al alcalde, un servicio de índole particular”. Y aún más, según ellas, el juez “invierte la carga de la prueba” al desatender que en una contratación públlica debe unirse al expediente la prueba del trabajo realizado y la verificación del organismo público. “Nada de esto ha podido ser aportado por el Ayuntamiento, que sí que ha sido requerido a entregarlo”

Las representantes del Ministerio Público afean al juez que “algunas de las sentencias invocadas por el instructor en apoyo de su decisión (de archivo) nada tiene que ver con los hechos que están siendo investigados en la pieza 10”. Asimismo, acusan al juez de hacer una “utilización equivocada” de la Ley de publicidad institucional que prohibe expresamente la contratación de campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcnazados por los sujetos mencionados” en su artículo 1.

Con Alonso sin dar explicaciones y García de Vinuesa negando la evidencia, que los trabajos se realizaron, el juez decretó el archivo precisamente de acuerdo a la declaración del exregidor. Además, Yolanda Sanchís, otra de las investigadas con cuyo archivo Anticorrupción sí está conforme, declaró haber firmado las facturas “porque era el procedimiento establecido, pero dejando claro que era una contratación cuya responsable era la investigada Teresa Alonso”.