La portavoz del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Teresa Mallada, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por su papel en la construcción presuntamente ilegal de un geriátrico cuando era concejal de Aller, entre 2008 y 2010. En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción rechazó el pasado día 16 todas las alegaciones presentadas por la defensa y ratificó su solicitud para proseguir con la causa hacia la apertura de juicio oral contra la dirigente popular al considerar que incurrió en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por autorizar la venta de unos terrenos para construir dicho geriátrico con fondos públicos destinados a la minería.
La investigación es una pieza separada del conocido como 'caso Hulla' que investiga una presunta trama de evasión de fondos públicos surgida durante la construcción del geriátrico de Felechosa, en Aller, en el que también están siendo investigados distintos líderes sindicales cuyas centrales promovieron la edificación del centro. La Fiscalía Anticorrupción, una vez reunidos todos los indicios contra Mallada, solicitó al juez instructor que elevara exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ante el que está aforada la dirigente del PP, para que fuera investigada, según adelantó eldiario.es.
Mallada, la gran apuesta del líder del PP, Pablo Casado, para las elecciones autonómicas asturianas del 26 de mayo de 2019, declaró como imputada el pasado 29 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. A raíz de esa declaración, la Fiscalía Anticorrupción hizo llegar un escrito a dicho tribunal en el que relataba que la portavoz popular había defendido “la legalidad de su actuación” alegando “la oportunidad política y de índole social que suponía la construcción de una residencia de ancianos” en Aller.
El Ministerio Público sostuvo, en todo caso, que Mallada, expresidenta de Hunosa, “no razonó jurídicamente su actuación, acudiendo a comparaciones con otras actuaciones de índole política a lo largo del ejercicio de su cargo que”, apunta la Fiscalía, “en nada pueden servir de fundamento” al caso.
Una conducta que “carece de la menor justificación jurídica”
“No ha aportado justificación alguna para el inmotivado levantamiento de los reparos de los técnicos, sin que legitime su actuación el hecho de que fuera habitual dicha mecánica en el ayuntamiento; no ha justificado conforme a derecho las razones para que el Ayuntamiento de Aller ejerciera de intermediario en la venta de la finca por el Ayuntamiento de Mieres al Montepío de la Minería, a pesar de las advertencias de los técnicos; y no ha sabido dar razón de por qué votó a favor, cuando ni siquiera se incoaron los expedientes administrativos pertinentes ni se incorporaron los informes perceptivos, tal y como habían informado la secretaría y el interventor municipales”, añadió Anticorrupción en su escrito.
La Fiscalía también censuró, por todo ello, la “conducta tan indiciariamente arbitraria que carece de la menor justificación jurídica” y pidió seguir con el procedimiento hacia la apertura de juicio oral contra Mallada y el resto de los miembros de la corporación municipal de Aller, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y prevaricación urbanística.
El pasado 13 de julio, la defensa de Mallada envió a las partes otro escrito en el que se consideraba “profundamente decepcionada con la actitud del Ministerio Fiscal y especialmente de los dos fiscales anticorrupción actuantes, los cuales se convierten en sus escritos en auténticos sofistas, aunque en este caso sus increíbles sofismas (sus falsedades e inexactitudes) no aparentan la más mínima verdad”. Por ello, el abogado defensor de la portavoz del PP en Asturias pedía el libre sobreseimiento del caso.
Sin embargo, Anticorrupción envió un segundo escrito el pasado día 16, al que ha tenido acceso elDiario.es, en respuesta a la defensa de Mallada, manteniendo sus acusaciones para que se celebre un juicio contra la portavoz popular y sus compañeros en la corporación municipal entre 2008 y 2010. Insiste la Fiscalía en que las actuaciones de Mallada permitiendo la construcción del geriátrico son “carentes de la más elemental motivación jurídica”, dado que los concejales “prescindieron absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que ha de recordarse que ni siquiera se incoaron los perceptivos expedientes administrativos, ni se incorporaron los informes preceptivos”.
Lo que dicen los estatutos del PP sobre los cargos imputados
“Se prescindió deliberadamente de informes y trámites preceptivos y esenciales del procedimiento hasta tal punto que no hubo procedimiento administrativo”, zanja Anticorrupción en su duro escrito contra Mallada, en el que pide que se siga el procedimiento judicial contra la dirigente del PP.
Los estatutos del PP no obligan a ninguno de sus cargos a dimitir si un tribunal les cita a declarar como investigados. Las normas internas se limitan a establecer que cuando “se tenga conocimiento” de que alguno de sus dirigentes “ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial”, el Comité de Derechos y Garantías del partido “procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.
“La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial”, añaden los estatutos del partido que fueron aprobados en febrero de 2017, en el XVIII Congreso del partido.
Este diario ha preguntado en reiteradas ocasiones a la dirección del PP si, en función de lo que dicen sus propios estatutos, Génova 13 ha abierto un expediente informativo a Mallada tras ser llamada a declarar como investigada. Hasta el momento, el equipo de Casado no ha ofrecido ninguna respuesta al respecto.