La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz que archive definitivamente la causa de la caja B del Partido Popular, reabierta a raíz de nuevos indicios de que las grandes constructoras del país recibieron adjudicaciones a cambio de sus aportaciones de dinero negro al partido, han informado a elDiario.es fuentes jurídicas.
El fiscal del caso, Antonio Romeral, presentó el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la propuesta de archivo de la línea de investigación sobre presunto cohecho. Romeral adoptó la decisión tras conocer el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), presentado por este organismo con un año de retraso. En el mismo, los técnicos de la IGAE descartan irregularidades en la concesión de los contratos bajo sospecha.
En el citado informe, la IGAE contradice las conclusiones provisionales de la Policía, del magistrado instructor y de otros escritos anteriores de la propia Intervención General del Estado. Tras la petición de archivo de Anticorrupción, ahora resta que el actual juez del caso, Santiago Pedraz, se pronuncie.
Los indicios existentes desde el principio del caso de la caja B, que arrancó en 2013, llevaron a tener imputados a una veintena de los grandes empresarios del país, pero la imposibilidad de demostrar que el dinero entregado al PP era a cambio de la concesión de una obra concreta evitó que prosperara la acusación por un delito de cohecho. El entonces instructor, Pablo Ruz, archivó la línea de investigación del cohecho de los empresarios en 2015.
Con el resto de la pieza separada de la caja B, el siguiente juez del caso, José de la Mata, abrió juicio oral por las obras realizadas en Génova con dinero de la caja B. La vista se celebró en 2021 y la Audiencia Nacional condenó a otros dos años de cárcel a Bárcenas y al PP como responsable civil por el impago del impuesto de sociedades en 2007 de la empresa que realizó las obras. Por tercera vez en un fallo judicial daba por acreditada la financiación irregular del PP.
Entre tanto, la línea de investigación que apuntaba a los empresarios y el posible cohecho se había reabierto en 2017, a raíz de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel. Ante el tribunal, Correa aseguró que la gran obra realizada en España durante el Gobierno de Aznar llevaba un 3% de mordida para el Partido Popular. De la Mata llamó a declarar a Correa para que se ratificara, pero cuando compareció, el jefe de la Gürtel volvió a echarse atrás.
El impulso del inspector Morocho
Sin embargo, el caso volvió a dar un giro en noviembre de 2020. El investigador policial de Gürtel y caja B, el inspector jefe Manuel Morocho, entregó un informe al juez en el que recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.
A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. En su informe de 97 páginas, la Intervención del Estado descarta irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas.