La relación de la élite económica del país con el comisario José Villarejo está más cerca de derivar en consecuencias penales. La Fiscalía Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para Susana García-Cereceda, dueña de La Finca, la urbanización más lujosa de Madrid, en la que residen varias estrellas del fútbol y en cuya principal mansión residió el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera.
Según el escrito de Anticorrupción, García-Cereceda encargó a Villarejo que “le suministrara información reservada de terceros, obtenida mediante una multitud de actuaciones ilícitas a desarrollar utilizando su condición policial al margen de sus cometidos oficiales, prevaliéndose de sus labores operativas de captación de información en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía”.
Susana García Cereceda y su socio, Francisco Peñalver, para quien la Fiscalía pide 19 años y cuatro meses de cárcel, contrataron en 2013 los servicios del policía para conocer los movimientos e intimidades de su hermana Yolanda y de otros miembros de la familia con los que estaban enfrentados por la herencia millonaria del padre de ambas, Luis García Cereceda, que falleció en 2010. Villarejo les facilitó el resultado de seguimientos y tráfico de llamadas. Anticorrupción cree que cobró por esos trabajos 340.252 euros entre julio de 2013 y febrero de 2014.
Para Villarejo, la Fiscalía solicita 38 años y 10 meses de cárcel, que se suman a los 57 que pidió la semana pasada para él en otra pieza de la causa Tándem. Para la esposa del comisario, Gemma Alcalá, solicita más de 31 años de cárcel, al igual que para el principal socio del policía, Rafael Redondo. Anticorrupción pretende que el comisario Enrique García Castaño sea condenado en esta pieza a más de 27 años de cárcel.