No debería ser difícil evitar la tentación de meter en la cárcel a la gente a la que desprecias

Los políticos españoles tienen un pasión exacerbada por reformar el Código Penal cuando llegan al poder. A veces, ni siquiera necesitan que sea en ese momento. Un par de sucesos dramáticos retransmitidos con pasión por los informativos de televisión provoca los mismos efectos. Es cierto que a veces esas reformas son necesarias. La justicia debe evolucionar al ritmo de la sociedad y esta es una de las formas de hacerlo.

Adriana Lastra confirmó el lunes que el Gobierno creará un nuevo delito, el de apología del franquismo, una promesa que ya aparecía en el programa electoral socialista. Esta sobrevivirá, porque otras nunca verán la luz con el Gobierno de coalición. “En democracia, no se homenajea a dictadores y tiranos”, dijo. Desde luego, las instituciones del Estado no pueden prestarles ese reconocimiento, ni por acción ni por omisión. ¿Pero debe haber un discurso oficial sobre el franquismo de obligado cumplimiento por el que se puede castigar con penas de prisión a aquellos que se desvíen de él hasta el extremo de elogiar la dictadura?

Pablo Iglesias defendió la medida con argumentos similares a Lastra en el programa 'Al Rojo Vivo'. “Es una cuestión de normalidad democrática, como ocurre en otros países”, dijo (siempre hay que ponerse nervioso cuando un miembro del Gobierno habla de “normalidad”; se supone que los que no están de acuerdo son los anormales). Citó el caso de Alemania, y es ahí donde todo empieza a no estar tan claro.

Se trata de una comparación recurrente. Por razones obvias, Alemania ilegalizó la glorificación del nazismo como forma de afrontar las consecuencias de su historia reciente. También los símbolos de las “organizaciones anticonstitucionales” sin que la ley establezca cuáles son. No solo ha habido organizaciones nazis ilegalizadas en Alemania. El Partido Comunista de Alemania fue prohibido en 1956, y por tanto, también sus símbolos. No consta que el PSOE y Podemos vayan a hacerle ese feo al partido del ministro de Consumo.

El caso de Alemania es citado con frecuencia al reclamar tolerancia cero con las organizaciones fascistas, y en este caso el franquismo. Se suele hacer referencia al proceso de desnazificación por el que pasó el país después de 1945. Nos internamos en un terreno muy discutible, porque las menciones positivas al caso alemán en la izquierda española parecen ignorar la realidad. “Me pregunto en qué momento la parodia de la desnazificación alemana empezó a ser un modelo a seguir para la gente de izquierdas”, ha escrito el sociólogo César Rendueles a cuenta de esta polémica.

Si parodia suena fuerte, espera a ver los hechos históricos. El proceso de desnazificación de Alemania y Austria impuesto por los aliados arrancó con fuerza con centenares de miles de detenidos, pero a finales de 1945 y principios de 1946 los gobiernos norteamericano y británico descubrieron las dificultades logísticas y perdieron interés. La responsabilidad pasó a ciudadanos alemanes, cuyos primeros alcaldes, elegidos por los aliados, habían criticado el alcance de esa búsqueda de antiguos nazis para encarcelar a algunos y expulsar de la Administración a la mayoría.

Las necesidades de la reconstrucción económica de Alemania y la realidad de la inminente Guerra Fría, con la aparición de un nuevo enemigo en la URSS, se impusieron con rapidez. Adenauer, muy crítico con esa persecución de antiguos nazis –afirmaba que provocaba la expulsión de millones de alemanes de la vida política y social del país–, formó el primer Gobierno en 1949. Dos años después el proceso de desnazificación tocaba a su fin. De inmediato, se amnistió a cerca de 800.000 personas.

Resultó más efectivo lo que en alemán se llamó Vergangenheitsbewältigung, el proceso de asumir las responsabilidades de ese terrible pasado para evitar que se repita, aunque hay que reconocer que su impacto no empezó a tener fuerza hasta los años setenta. Los jóvenes plantearon a sus padres que aún quedaba mucho trabajo por hacer. 

Así que la comparación con Alemania tiene sus puntos débiles. Pero a nuestros políticos les encanta hablar de “los países de nuestro entorno”, como si todo lo de fuera, siempre que sea en territorio europeo, fuera mejor que el producto nacional. Ese entorno al que conviene imitar incluye países como Francia, democracia de gran solera, cuya legislación antiterrorista castiga ahora como “apología del terrorismo” declaraciones con más ánimo de provocar que de elogiar conductas criminales. Fiscales y policías franceses se aplican con energía en estos casos. Para Human Rights Watch, es irónico que esta actividad fiscal y policial sea en parte una reacción al atentado contra Charlie Hebdo en 2015, “una publicación que se convirtió en el símbolo de la libertad y de la libertad de expresión, porque insistía en su derecho a ser irreverente e insensible”.

Los países europeos pueden llegar a ser bastante agresivos en situaciones de emergencia en la persecución de la disidencia. Siempre se cuidan de afirmar que lo hacen en defensa de la libertad, lo que no termina de ser un consuelo.

Antes de que llegara al Gobierno, Podemos mostró su rechazo ante las frecuentes sentencias que condenaban a penas de prisión a personas acusadas de apología del terrorismo, incluso el del Grapo, que no existe desde hace muchos años. Tanto en estos casos como con los chistes sobre Carrero Blanco se trataba de ejemplos de disidencia radical contra el sistema político y económico, no siempre expresados de forma inteligente, a veces difundidos de forma brutal.

Joan Barata, alguien que sabe mucho sobre libertad de expresión y regulación de los medios, ha tenido una respuesta a este intento de criminalizar el apoyo al franquismo: “En democracia liberal la gente homenajea a quien le dé la gana, siempre y cuando no incite la comisión de un delito o cree un riesgo claro de hostilidad o violencia”.

Precisamente, esa idea está presente en las últimas decisiones del Tribunal Supremo sobre el delito de apología o enaltecimiento del terrorismo para evitar sentencias como las sufridas en 2017: debe haber una incitación intencionada a que se cometan actos delictivos. Es un paso obligado por sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional que bien podría aplicarse a la apología del franquismo. 

Quizá esto no sea algo que el votante de izquierdas quiera escuchar, ni tampoco algunos lectores de este medio. No es imprescindible echar mano de las palabras de Martin Niemöller, porque España no vive en esa situación. Pero lo bueno de no aprobar leyes o artículos del Código Penal contra los enemigos de la democracia, sean quienes sean, es que reduce las posibilidades de que utilicen ese precedente contra ti en el futuro o te amenacen con hacerlo. Es muy posible que a políticos como Casado o Díaz Ayuso les encantaría hacer algo parecido con la apología del comunismo.