La aprobación de los Presupuestos abre incógnitas en Unidas Podemos sobre los equilibrios en el Gobierno

La aprobación de los Presupuestos Generales marcará un punto de inflexión en la legislatura. Las cuentas públicas darán estabilidad parlamentaria al primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha armado una mayoría que previsiblemente estará más cerca de los 190 diputados que de los 180 (la absoluta está en 176), y se esfuma la posibilidad del derrumbe de la coalición que presagiaban algunos sectores de la derecha, al menos en el corto plazo.

Con todo, los roces en el Gabinete han sido continuos desde su constitución. Y en esas pugnas los de Pablo Iglesias no han salido mal parados. En Unidas Podemos han utilizado la presión mediática para conquistar posiciones que contaban con una fuerte oposición de importantes ministros socialistas.

Ahora está por ver si esa fórmula puede mantener los resultados con la legislatura asegurada gracias a la aprobación de las cuentas, que en el peor de los casos pueden prorrogarse. O si deja de funcionar. “En política no cuenta tener razón ni buenas ideas, sino tener la fuerza suficiente'', aseguraba el vicepresidente segundo la semana pasada en una comparecencia en el Congreso.

En Podemos ya han hecho esta reflexión, aunque las primeras conclusiones les llevan a pensar que no habrá cambios sustanciales, según las diferentes fuentes consultadas por elDiario.es. En el último mes se han acumulado discrepancias y debates públicos de gran calado. Desde la alianza con la que se aprobarán los Presupuestos Generales, de la que ha quedado fuera finalmente Ciudadanos, hasta la apertura de una negociación entre la Vicepresidencia Social y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para ampliar la moratoria a los desahucios y la prohibición del corte de los suministros básicos mientras dure el estado de alarma, pasando por la regulación del mercado del alquiler, la exclusión (corregida finalmente) de Iglesias de la gestión de los fondos europeos o la mejora del procedimiento para recibir el ingreso mínimo vital, una prestación cuya implantación también se aceleró tras llevar el debate del Consejo de Ministros a la sociedad.

En Unidas Podemos sostienen que el incremento de las hostilidades públicas está relacionado con el final de la negociación presupuestaria, lo que no significa automáticamente que el Gobierno esté peor que hace dos meses. Y mucho menos que dentro de dos meses todo pueda estar roto. Hasta ahora, los dos líderes de la coalición han solventado mano a mano la mayoría de las disputas cuando estas subían de tono. Iglesias ha convencido a Sánchez en muchas de ellas, pero no está claro que se vaya a repetir una vez que los Presupuestos estén aprobados.

El acelerón de las últimas semanas responde en parte a las necesidades sociales que Unidas Podemos cree que tiene el país y al hecho de que hay ciertas dudas de cómo reaccionará el PSOE a partir de ahora, aunque creen que la buena relación entre el presidente y el vicepresidente juega a su favor.

“Todos los escenarios están abiertos”, señala un dirigente de Unidas Podemos. “Habrá que ir viendo”, añade. En Podemos han llegado a la conclusión de que lo normal es que no cambie nada porque al PSOE tampoco le interesa abandonar una política claramente de izquierdas que “desmovilice” a parte de los votantes frente a una derecha y una ultraderecha alineadas, en su opinión. Además, añaden las mismas fuentes, la negociación presupuestaria, que ha concluido con un amplio acuerdo de los sectores progresistas del Congreso, así como las políticas anticíclicas que se han definido o la apuesta por un diálogo que aborde la cuestión plurinacional, indican que el rumbo se mantendrá.

Uno de los elementos que ha permitido al Gobierno alcanzar un acuerdo presupuestario, primero en su propio seno y luego con los aliados de la investidura, ha sido precisamente esa política anticíclica promovida desde la Unión Europea, muy diferente a lo que ocurrió en la crisis financiera desatada a partir de 2008 y que consolidó la austeridad como la norma. Una década después, los argumentos se han dado la vuelta. Bruselas ha pasado de imponer recortes a prometer miles de millones de euros a los países miembro que están sufriendo una potente crisis sanitaria, económica y social.

“La derecha sigue siendo la misma”, apuntan desde Podemos. “El PP no se va a descolgar de Vox y Ciudadanos no encuentra la percha”, añaden. Aunque el partido de Inés Arrimadas se ha quedado fuera del acuerdo presupuestario, los de Pablo Iglesias creen que el PSOE volverá a intentar atraerles y sumarles a la mayoría de la gobernabilidad.

En cualquier caso, la estrategia será similar a la que se ha seguido hasta ahora, con una coalición que se ha conducido a veces a golpe de titular para resolver diferencias entre un socio mayoritario poco habituado a compartir el poder y uno minoritario que dejó claro que no iba a ser la comparsa de la función: “Vamos a ser desobedientes frente a todos los que digan que no se puede”, dijo a elDiario.es el vicepresidente segundo del Gobierno en enero de 2020.

Entonces nadie, o casi nadie, barruntaba una pandemia como la que todavía hoy afecta a medio mundo y ha provocado decenas de miles de muertes solo en España. Antes de que estallara la crisis sanitaria el Gobierno ya había superado sus dos primeras pugnas internas, más bien soterradas: la subida del SMI y de las pensiones. El ala económicamente más ortodoxa del Ejecutivo, encabezada por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, acabó aceptando dos decisiones que no tenían por qué haberse tomado en ese momento. El acuerdo con la patronal y los sindicatos, el primero de los muchos que se han sellado en la mesa del diálogo social, fue clave para allanar el camino.

En las mismas fechas, el Ministerio de Trabajo abordó otro de los compromisos del acuerdo del Gobierno de coalición: iniciar el desmontaje de la reforma laboral del PP. Yolanda Díaz volvió a convencer a la patronal y se derogó el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas. Un primer paso para acabar con la normativa laboral impulsada en 2012 por Mariano Rajoy que también contó con la oposición de Calviño.

Para entonces ya había otro asunto sobre la mesa del Consejo de Ministros que enfrentaba a diferentes miembros del Gobierno y que, esta vez sí, estalló en los medios con toda su virulencia: la ley de libertad sexual, la primera norma que Igualdad planteó para su aprobación y que pretendía, entre otras cosas, trasponer al Código Penal un principio que había prendido en el movimiento feminista a raíz de las movilizaciones contra la sentencia de la violación de 'la manada': el solo sí es sí.

Irene Montero está al frente del Ministerio, creado durante su mandato por José Luis Rodríguez Zapatero aunque terminó reconvertido en una Secretaría de Estado. Para el PSOE no fue nada sencillo aceptar durante las negociaciones que Igualdad cayera en manos de Unidas Podemos. Y mucho menos de la número dos de Podemos. Es un ministerio que entronca directamente con un movimiento que se ha convertido en uno de los motores sociales de los últimos años y que ha politizado a muchas mujeres, especialmente jóvenes. La bronca fue sonada. Y cruenta. Con filtraciones que atacaban la solvencia de la ministra Irene Montero y recados a través de los medios de comunicación.

El proyecto de ley fue finalmente aprobado. Pero las partes se tomaron la matrícula. Ocho meses después, la pugna por las políticas de Igualdad entre el PSOE y Unidas Podemos no solo no ha terminado, sino que arrecia con las llamadas ley trans y ley LGTBI en el horizonte de ser aprobadas a principios de 2021. A esta batalla en el seno del Ejecutivo se sumarán otras. Una fundamental será la de la nueva legislación laboral. El próximo año Yolanda Díaz tiene previsto no solo acabar con los efectos más lesivos de la reforma de 2012, sino emprender la redacción de un nuevo marco laboral “del siglo XXI”.

La lucha contra la pandemia

Con la pandemia instalada en Europa y los países decretando confinamientos más o menos rigurosos, el Gobierno afrontó nuevas pugnas internas. La negociación de los ERTE, una de las figuras jurídicas que ahora más defiende el Gobierno, fue muy complicada dentro del Ejecutivo. No solo su aplicación inicial, sino las diferentes prórrogas que ha ido pactando con sindicatos y patronal la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. También el cierre total de la actividad que se decretó coincidiendo con la Semana Santa. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, se pronunció en contra unos días antes del Consejo de Ministros que lo aprobó en una reunión que se prolongó durante horas, analizando cada artículo al detalle y con un debate sobre la mesa que después se ha abordado en otras administraciones: economía vs. salud.

En esas semanas frenéticas donde los muertos se contaban por cientos, los hospitales no daban abasto y las residencias se convertían en inhumanas morgues también se negoció una primera moratoria a los desahucios que los prohibió de forma generalizada. La prórroga de la medida en septiembre rebajó las causas que permiten acogerse a la medida, lo que ha provocado un repunte de los lanzamientos de personas que no tienen otro hogar al que ir. Los llamamientos de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que a diferencia de lo ocurrido en la primavera pasada se han dirigido más hacia la parte socialista que al Gobierno en su conjunto, y la presión de Unidas Podemos en los medios han acelerado la negociación.

No todo han sido triunfos para Unidas Podemos, ni mucho menos. Los de Pablo Iglesias se han quedado fuera de dos de los asuntos más trascendentes de los últimos meses: el exilio de Juan Carlos de Borbón y la fusión de Caixabank y Bankia. Además, los ministerios de Defensa e Interior actúan con plena independencia, pese a que la cuestión migratoria es otro de los continuos puntos de fricción con el PSOE.

Las llamadas “políticas de Estado” quedan fuera de su capacidad de influencia. Por eso en Podemos confían en que el PP mantenga su actual estrategia: su cercanía a Vox, tanto en planteamientos como en discurso, hace imposible, en su opinión, que puedan gobernar en los próximos años. Eso permitirá a Unidas Podemos entrar poco a poco en esferas de lo que Iglesias denomina “dirección de Estado” y que tiene que ver, por ejemplo, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un asunto en el que, de momento, no hay claro ganador dentro del Gobierno.

“En España tenemos que seguir consolidando una cultura de coalición que nos sitúa ante debates y situaciones que no se producen en gobiernos de partido único”, decía Iglesias hace unos días en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Agenda 2030. En una entrevista en el periódico italiano La Stampa abundaba sobre este asunto y señalaba que las diferencias entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo están ahí y no se pueden esconder. Como ejemplo señalaba que, en materia de vivienda, el PSOE se reúne con los propietarios y Unidas Podemos “con las asociaciones de inquilinos”.

La satisfacción en Unidas Podemos cuando se cierra el primer ciclo del Gobierno es generalizada. No tanto porque se hayan ganado muchas batallas o porque estén especialmente contentos con el contenido real de algunas de las medidas aprobadas, más allá de los titulares, sino por lo conseguido con 35 diputados y cinco ministerios que en algunos casos son “trocitos” de ministerios. Ahora habrá que ver si la correlación de fuerzas, o de debilidades, que ha permitido este Gobierno y ha definido sus políticas se mantiene para el resto de la legislatura.