El Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires ha aceptado la querella interpuesta contra España por los familiares de cinco republicanos fusilados en 1937 por partidarios de la sublevación franquista en el municipio de San Lorenzo (Gran Canaria), que fue disuelto tras aquellos sucesos.
El cónsul argentino en Canarias, Pablo Antonio de Angelis, ha confirmado hoy a Efe que la juez María Servini ha admitido a trámite la querella de este colectivo de Gran Canaria y la ha unido a la causa en la que se investiga la posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil española y la dictadura.
“Todas las denuncias formuladas en España han sido incorporadas a la causa y su aporte ha sido muy significativo para el avance de la misma”, ha señalado el cónsul, citando, a su vez, la comunicación escrita que ha recibido de las autoridades de su país.
La querella remitida desde Gran Canaria pide a la juez Servini que investigue los hechos ocurridos en la isla el 29 de marzo de 1937, cuando fueron fusilados el alcalde de San Lorenzo, Juan Santana Vega; el secretario del Ayuntamiento, Antonio Ramírez Graña; el inspector jefe de la Policía local, Manuel Hernández Toledo, y los sindicalistas Francisco González Santana y Matías López Morales.
La denuncia asegura que todos ellos fueron además torturados y que el hijo de Francisco González Santana, un bebé de cuatro meses, fue asesinado por falangistas y militares, que lo arrojaron violentamente contra una pared durante un registro.
La querella la interpusieron en el Consulado Argentino en Santa Cruz de Tenerife el pasado 3 de octubre dos nietos de González Santana: Francisco Manuel González Tejera y Juana del Pino González Santana.
Ambos piden a la juez federal número 1 de Buenos Aires que, en aplicación de la jurisdicción universal sobre crímenes contra la humanidad, investigue el caso de los fusilados de San Lorenzo y condene a España “por ocultar y proteger a los sus asesinos”.
También solicitan a la magistrada argentina que ordene la exhumación de los fusilados (enterrados en una fosa común del Cementerio de Las Palmas) y que sus restos sean identificados y entregados a sus familiares, para que puedan darles sepultura.
En un comunicado, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo expresa “su agradecimiento profundo al pueblo y a la Justicia argentina por haberse declarado competente para juzgar el asesinato” de sus familiares, que fueron fusilados, añade, “por el único motivo de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República”.
Este colectivo confía en que, “una vez aceptada la demanda, se podrá determinar e identificar judicialmente a quienes participaron de aquellos hechos terribles e imputarlos, más allá de que estén vivos o muertos”.
“Es una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el Estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la Justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos”, añade.