Los argumentarios de Casado piden culpar a Iglesias del desastre de las residencias en el Gobierno de Ayuso

La dirección del Partido Popular ha pedido por escrito a todos sus dirigentes que en sus declaraciones públicas responsabilicen al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, del desastre de las residencias madrileñas, a pesar de que la gestión de estos centros donde han fallecido más de 6.000 ancianos desde el inicio de la pandemia –según las últimas cifras facilitadas por la propia administración regional– depende directamente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, que gobierna en coalición con Ciudadanos.

De hecho, durante todo el confinamiento el Ejecutivo autonómico ha mantenido intactas e incluso ha visto reforzadas las competencias sobre los centros geriátricos, tal y como lo establecieron el primer real decreto ley del Gobierno central que aprobó el estado de alarma y órdenes sucesivas dictadas por Moncloa.

Haciendo uso de esas competencias, a finales de marzo –cuando la pandemia vivía sus momentos más graves en España–, las residencias recibieron un protocolo de la Consejería de Sanidad –que después el Gobierno regional ha dicho que se envió “por error”– en el que se les ordenaba que se restringiesen los traslados de ancianos contagiados por el coronavirus a los centros hospitalarios. La orden provocó un cisma entre PP y Ciudadanos, los dos socios que gobiernan en coalición la Comunidad de Madrid, después de que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, –de Ciudadanos– advirtiera al de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero –del PP– de que no enviar ancianos a hospitales supondría su muerte en “condiciones indignas”.

Obviando en todo momento esa responsabilidad de la administración madrileña sobre lo sucedido en las residencias de la región, el equipo de Casado enviaba a primera hora del martes un argumentario a todos los cargos del partido, al que ha tenido acceso eldiario.es, pidiéndoles centrar las críticas por la situación que viven los centros de mayores madrileños en Iglesias.

Iglesias “ha sido absolutamente negligente”

La dirección del PP asegura que la “gestión” del también líder de Unidas Podemos “al frente del mando único” de las residencias, en su calidad de vicepresidente de Derechos Sociales, “ha sido absolutamente negligente”.“¿Dónde están los 300 millones que prometió Iglesias para hacer frente al coronavirus en las residencias de mayores?”, se pregunta el equipo de Casado en el argumentario enviado a todos los dirigentes del PP.

Además, la dirección popular pide a sus cargos que defiendan la labor de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, que “se ha sentido sola y ha tomado decisiones valientes como la construcción del hospital de IFEMA”, a pesar de que, en realidad, ese hospital fue levantado gracias a la colaboración del Ejecutivo regional con el central y con el Ejército.

En una muestra de férrea disciplina de partido, todos los dirigentes del PP a los que este martes se les preguntaba por el desastre de las residencias de la Comunidad de Madrid respondían culpando de la “mala gestión” a Iglesias. El secretario general, Teodoro García Egea, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, o la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, obviaban en distintas entrevistas la responsabilidad del Gobierno de Ayuso, y seguían la línea marcada por Casado, que desde el inicio de la pandemia culpa en exclusiva de los fallecidos por el virus al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Después de que el lunes Iglesias responsabilizara a Ayuso de la situación en la residencias, asegurara que lo ocurrido es “un auténtico escándalo, si no es un crimen” y pidiera la dimisión de la presidenta madrileña, García Egea advertía este martes al vicepresidente segundo de que no puede exigir “corresponsabilidad” con los centros de mayores de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, había “mando único” por el estado de alarma y, por lo tanto, el Gobierno contaba con “competencias exclusivas”.

El defendido por el secretario general del PP es un argumento falaz, ya que el propio decreto del estado de alarma remarcó que las comunidades seguirían manteniendo sus competencias y, por tanto, Madrid ha seguido gestionando las residencias durante el confinamiento.

García Egea: “No existe cogobernanza”

Para el número dos del PP, en cambio, durante el estado de alarma las comunidades tienen competencias “específicas” en materia de sanidad y política social pero “no existe cogobernanza”. “Ahora que no venga el Gobierno a exigir corresponsabilidad porque eso sería engañar todavía más al engaño masivo al que sometieron a los españoles en este periodo”, recalcaba García Egea en una entrevista en Onda Cero.

La mano derecha de Casado insistía además en que el Gobierno de Pedro Sánchez “se erigió en mando único” con el estado de alarma a partir del 14 de marzo, con el vicepresidente Pablo Iglesias como “mando único de las residencias”. “¿Alguien me puede decir algo que haya hecho Pablo Iglesias para proteger la vida de los mayores?”, se preguntaba.

Minutos después, Gamarra también hacía suyas las tesis defendidas en el argumentario del partido y, en otra entrevista, en TVE, consideraba que “es difícil gobernar una crisis sanitaria como lo ha hecho Díaz Ayuso con el abandono del Gobierno central”. Recordando el papel de “mando único” de Iglesias, la vicesecretaria de Política Social del PP destacaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado “muchas muestras” en los últimos meses “de su capacidad para hacer que un Gobierno de coalición funcione y tenga resultados para los madrileños”.

Siguiendo a pies juntillas la doctrina de Génova 13, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, incidía en esos mismos argumentos en rueda de prensa. Él defendía la actuación “digna de valorar” del Gobierno de la Comunidad de Madrid frente a la de Iglesias, “el gran desaparecido de las residencias de ancianos”. Para Maroto, “como el calamar echando tinta”, el vicepresidente “trata de exculparse sobre su responsabilidad”.

“Él pidió desde el primer minuto ser el responsable de las residencias de ancianos y se ha olvidado desde el minuto siguiente de todos los ancianos del país, más allá de las grandes frases del Congreso”, añadía Maroto. “Las comunidades autónomas han hecho un trabajo ímprobo al respecto y la Comunidad de Madrid en concreto ha hecho un trabajo digno de admiración en esta crisis sanitaria”, remachaba. Para el senador popular, es Iglesias “el que tenía que estar pasando una vergüenza extrema hoy [por este martes], lo que pasa que no la tiene porque quiso ser el protector de los mayores y no les ha dedicado ni un minuto de su agenda”.

La Fundación FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar, se sumaba este miércoles a la campaña lanzada del PP para exculpar al Ejecutivo madrileño del desastre de las residencias en la comunidad, sobre las que el Gobierno regional ha mantenido plenas competencias durante el estado de alarma. FAES considera que “el mando único debe conllevar una responsabilidad de alcance igual al de los poderes que concentra y es necesario que dé cuenta de sus resultados”.

“Pero en vez de ofrecer una explicación adecuada, el Gobierno, y en especial alguno de sus más conspicuos representantes, descarga estas obligaciones en las comunidades autónomas e incluso, como ha ocurrido con el vicepresidente segundo, quiere dar la vuelta a la realidad y nos intenta convencer de que el hecho de que todas las autoridades y personal de las administraciones públicas queden ”bajo las órdenes directas de la autoridad competente“, en realidad significa reforzar las competencias autonómicas”, apunta FAES.

Para la fundación, “lo cierto es que el mando único no ha significado valor añadido alguno en la compra centralizada de equipos de protección y respiradores, ni en la capacidad de nuestro sistema sanitario, ni en la gestión de las residencias de mayores a cuyo frente se puso el vicepresidente segundo, ni siquiera en una definición homogénea de los datos de la pandemia”.

La filtración que provocó un cisma

Con esta campaña contra el líder de Unidas Podemos el PP trata de esconder el escándalo que generó a finales de la semana pasada la filtración del citado correo electrónico enviado por el consejero de Políticas Sociales al de Sanidad alertando del protocolo de la propia Comunidad de Madrid que impedía el traslado de los ancianos de las residencias a los hospitales.

El Ejecutivo madrileño ha defendido desde entonces que ese protocolo se envió “por error” a las 475 residencias madrileñas, aunque la pasada semana infoLibre desveló los cuatro documentos firmados por Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria de la comunidad, y enviados en cuatro correos a la Consejería de Políticas Sociales –en manos de Ciudadanos y que entonces tenía las competencias sobre las residencias, aunque después Ayuso se la retiró– pidiendo dar traslado del citado protocolo que pide descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos de coronavirus, según ha publicado El País.

La crisis ha colocado el modelo de residencias en el ojo del huracán. Los geriátricos madrileños han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia.

A la situación previa, muy comprometida, se han superpuesto decisiones muy cuestionadas: el bloqueo al traslado de mayores a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaó a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios; movimientos “caóticos” de personas positivas entre residencias, un modelo de “intervención” de los centros más colapsados consistente en visitas de un funcionario sin apoyo sanitario y falta de material y pruebas para trabajadoras y residentes.

En total, 6.007 ancianos han muerto en las residencias de Madrid con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad desde que estallara la crisis sanitaria. Todos fallecieron en la cama de los centros en los que residían, porque los datos facilitados por la Comunidad de Madrid no incluyen los que perecieron en los hospitales.