Constantino Méndez fue Secretario de Estado de Defensa durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2008 y 2011. Casi al final de su mandato, compareció ante el Congreso para explicar el estado de los programas de modernización de armamento. “Es imprescindible revisar el modelo de adquisiciones empleado durante 15 años porque es insostenible para una buena política de armamento y material”, explicó durante su discurso.
El baile de cifras sobre el gasto, lo que quedaba por pagar, el número de dispositivos comprados y quiénes fueron las empresas compradoras ha sido constante desde entonces. Gracias a una petición de información de eldiario.es a través del Portal de Transparencia, ha sido posible conocer los detalles de estos programas y qué ha comprado el Gobierno con ellos.
Los dispositivos adquiridos tras casi dos décadas de programas de armamento suponen un lastre de 21.300 millones de euros que todavía quedan por pagar a la industria armamentística. La mayoría de esta deuda proviene de compras realizadas entre 1997 y 2006. “Has recibido cosas para cubrir peligros de Defensa de hace veinte años”, critica Bernardo Navazo, analista de defensa.
Los programas de armamento se enmarcan en una política de modernización del armamento en Europa tras el final de la Guerra Fría. “En estos procesos se movilizan muchos recursos de los Estados europeos para fomentar la industria de defensa y adaptarse a un nuevo entorno internacional”, cuenta Navazo.
Las compras de España, iniciadas en 1997, supusieron la adquisición de activos cuyo valor estratégico es nulo para las necesidades de defensa española, según los analistas. Este es el ejemplo del programa más costoso de todos los que se comprometieron: 73 aviones Eurofighter 2000. Cuando se adquirieron estos cazas solo podían realizar ataques aire-aire. “Estaban preparados para un ataque aéreo a la Unión Soviética”, explica Pere Ortega, investigador especializado en los programas de armamento y presidente del Centro Delàs de Estudios por la Paz.
En 1998, el Gobierno se comprometió a la adquisición de más de 235 carros de combate Leopard. El coste final rondará los 2.500 millones de euros.“Esos blindados no han tenido utilidad ninguna: solo podrían ir por la Meseta Central y los ríos”, critica Ortega. Estos vehículos están hechos para una invasión por tierra, posibilidad muy remota en territorio español. Fuentes de Defensa destacan que algunos programas se adquirieron por su capacidad “disuasoria”.
Por otra parte, aunque se diera la necesidad de transportar los Leopard, no se podría con los aviones de transporte (A-400), que también se adquirieron a través de los programas de armamento. Los aviones Airbus tienen capacidad para llevar 40 toneladas de peso. Cada carro de combate pesa 60.
“Se hizo el proceso inverso a como se debería hacer: lo normal es que diseñes tu estrategia a partir de tus amenazas”, argumenta Irene Lozano, exdiputada de UPyD. Defiende que los programas de armamento se hicieron en base a las necesidades de la industria frente a las amenazas de defensa españolas.
Antonio Fonfría, investigador universitario y colaborador del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), recuerda que el tiempo de concepción y fabricación de este tipo de armamento lleva aparejado un amplio de tiempo y que durante ese periodo pueden cambiar las necesidades estratégicas.
Argumenta en este sentido que “moderar el número de unidades adquiridas” o acortar estos tiempos de fabricación es la solución para el futuro. Entre 2004 y 2005 se firmaron compromisos para adquirir más de 350 vehículos blindados, entre tanques Leopard y acorazados Pizarro.
En 2004, el Gobierno se comprometió a adquirir cuatro submarinos S-80 con Navantia. Según denunció Constantino Méndez, ex secretario de Estado de Defensa, estos programas fueron firmados a final de la legislatura popular, ya con el Gobierno en funciones. “Difícilmente tendrá un submarino alguna utilidad para España”, critica Ortega. Coste final de esos compromisos: 2.135 millones de euros. Todavía no se ha realizado ningún pago por esos artefactos.
El objetivo de estos programas era fomentar una industria de defensa con alto componente tecnológico. “Se podría haber realizado una política industrial más adecuada, con objetivos más claros y explícito”, opina Fonfría. Sin embargo, tal y como desveló el anterior secretario de Estado de Defensa, la dependencia tecnológica de España al exterior apenas ha mejorado durante la concepción de estos programas.
“Para un mayor impulso tecnológico, se ha trabajado esta legislatura en la aprobación de los vehículos 8x8 y la fragata F-110”, explican fuentes del Ministerio de Defensa. En estos proyectos, todavía sin adjudicar, se desarrollará la tecnología antes de cualquier otro elemento. Un “truco” de la cartera de Pedro Morenés, según el analista Bernardo Navazo. “Dices que es un proyecto tecnológico porque el interruptor lo es”, sentencia.
“Estos planes respondían a las necesidades que expresaba cada ejército”, explican fuentes del Ministerio de Defensa, que defienden que existe “una base de tejido industrial y tecnológico no desdeñable” en España. Gran parte de estos dispositivos aún no han sido entregados a las Fuerzas Armadas. Otros serán revendidos tras su entrega. Del mismo modo, los compromisos con las empresas de armamento se mantienen gracias a la última renegociación que se hizo con la industria en esta legislatura.
En total, se han realizado compromisos de pago por 1764 carros de combate, aviones, misiles, submarinos, cazas, aviones de transporte o fragatas y buques. El coste final, a día de hoy y tras la renegociación con las empresas, de los programas de armamento es de 30.075 millones de euros.
Los gráficos y visualizaciones de esta información se han inspirado en este reportaje sobre las muertes en Siria del New York Times. Cada dispositivo adquirido a través de los programas de armamento se ha representado con el icono más similar posible. Los datos fueron obtenidos a través de una petición de información enviada por eldiario.es al Ministerio de Defensa.