“El sector del armamento tiene un vínculo muy estrecho con la política, oponerse a la venta de armas tiene consecuencias”

Yemen sufre la peor crisis humanitaria a la que asiste el mundo, según Naciones Unidas. Además de los 6.000 civiles asesinados (más de mil de ellos, niños), el bombardeo de la coalición que lidera Arabia Saudí sobre hospitales, mercados, escuelas e infraestructura civil ha provocado que unos 18 millones de personas necesiten ayuda humanitaria y una hambruna que afecta a otros siete millones. Esa situación no ha impedido que España firme un nuevo acuerdo de armas con la monarquía absolutista saudita. Pero sí frenó a Ignacio Robles.

Como miembro del cuerpo de bomberos de Bilbao, Robles (Bilbao, 1975) debe estar presentes durante el embarque de cargamentos peligrosos a través del puerto de la ciudad. Un buen día, en una de esos retenes de seguridad, Robles preguntó al responsable de carga del puerto por el contenido de los contenedores. Este, al contrario de lo que suelen hacer sus superiores, contestó: “Explosivos, proyectiles. Bombas”. Destino: “Arabia Saudí”. El bombero decidió que no participaría en ese tipo de envío. Avisó a sus superiores y cambió el puesto con un compañero. Asegura que no retrasó la labor del retén más de 15 minutos.

Robles también es activista y ha participado con Greenpeace en actos de denuncia sobre la exportación de armas a través del puerto de Bilbao. No obstante, no había ningún interés mediático en su acción. No ese 13 de marzo de 2017: “En ese momento decidí no participar, pero fue algo totalmente personal, no fue parte de mi activismo. Fue una reacción personal que no buscaba ningún tipo de repercusión mediática”, explica.

“Es curioso porque toda mi vida de activista había intentado tener repercusión en los medios. Y justo el único día que hago algo que tenía ningún interés en tener repercusión, se consiguió que llegara a todos los medios de comunicación aunque fuera de rebote”, revela. Los medios a veces tienen estas cosas. Un periodista se enteró antes que él de que se le había abierto un expediente por falta grave por “desobediencia”, lo publicó en el diario de mayor tirada de Euskadi y al día siguiente varios telediarios contactaron con Robles para entrar en directo.

“¿Qué es lo que estaban intentando abriéndome expediente? Aplastar cualquier acción por parte de los bomberos que dificultara el tránsito de las bombas desde su fabricación hasta su llegada a Arabia Saudí. El problema es que calcularon mal las consecuencias. A los grandes medios estatales en España no les interesa en absoluto ni el tráfico de armas en Yemen ni nada parecido. Pero sí les pareció simpática la historia de un bombero que se había negado a hacer algo y que le habían abierto expediente”, opina. 

Esos medios se olvidaron rápidamente de él, pero el expediente quedó. A él, padre de familia y con dos hijos menores de cuatro años, la falta grave podía acarrearle de tres a seis años de suspensión de empleo y sueldo. “He estado un año peleando por esto. Ha sido duro pero hemos conseguido que se quede todo en una falta leve y por lo menos para mí no va a tener consecuencias. El hecho de que no supiera que no podía acogerme a la objeción de conciencia ha sido un eximente. Pero han dejado claro que si vuelve a pasar otra vez, a la persona que lo haga sí que va a tener unas consecuencias graves para él”.

Robles ha participado en un acto en el Parlamento Europeo sobre la influencia de la industria de armamento en la UE. Contesta a las preguntas de eldiario.es para explicar ciertos puntos oscuros que rodearon la incoación de su expediente, como que el correo de denuncia se elevara dos semanas después de los hechos, o que la acusación fuera cambiando: “Al principio me acusaban de una desobediencia, y en cuanto se vio que no había tal desobediencia y que el tema se acababa, me acusaron de haber puesto en peligro a la gente, de causar una alteración en el orden del servicio… pero esas acusaciones llegaron después, no estaban en el documento de apertura del expediente”, denuncia.

Para él, el intento de sanción obedece a un objetivo claro. “Lo que pasa es que esto estaba alrededor de la industria armamentística. El sector del armamento tiene un vínculo muy estrecho con la política, oponerse a la venta de armas tiene consecuencias”, recuerda, citando al ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que estuvo en la junta directiva de varias empresas de armas.

“Han conseguido meter el miedo en los bomberos para que a nadie se le ocurra hacer algo parecido. Es lo mismo que les ha pasado a los tres bomberos andaluces a los que les pueden caer hasta diez años de prisión simplemente por rescatar a alguien que se estaba ahogando. También el caso de Proactiva Open Arms, que tiene su barco inmovilizado en Italia”, enumera.

“Toda esta represión tiene un impacto muy fuerte en la gente que la recibe. En mi caso, yo he tenido momentos de ataques de ansiedad. En su momento llegué a parecer 10 kilos de peso por este problema. Mucho dinero mío personal, que me lo he tenido que gastar en contratar abogados. Es muy duro, pero también es verdad que si somos capaces de aguantar toda esta presión, en muchos casos nos da una repercusión mediática y un apoyo por parte de la sociedad que puede tener su utilidad”, relata.

Instituciones como el Parlamento Europeo invitan a Ignacio a contar su caso, universidades, partidos, centros sociales le brindan un apoyo que, efectivamente, está dando sus frutos: “De momento, ya hemos conseguido ser muy incómodos. De hecho los últimos envíos ya no se están haciendo desde Bilbao, sino que desde puertos cercanos. También han empezado a utilizar otras navieras diferentes y no la naviera oficial de Arabia Saudí”. 

Ahora utilizan esos navíos utilizan puertos como el de Santander, pero también allí reciben la repulsa social. Mientras el príncipe saudí que firma los próximos acuerdos de venta de armas es recibido con honores de Estado por el rey Felipe VI y Mariano Rajoy. 

Ignacio se quita méritos. “En realidad nos estamos limitando a mandar un mensaje a gente, que desde nuestros puertos se están mandando decenas de miles de toneladas de bombas que se están usando para masacrar a la población civil. Nuestro mensaje es que eso a nosotros nos hace cómplices. Es un objetivo muy triste, porque resulta que esto ya está prohibido en la legislación internacional. No tendríamos que estar haciéndolo nosotros, pero cuando falla la política, a los movimientos sociales no nos queda otra cosa que reaccionar”.