Arranca el juicio contra el ex vicepresidente madrileño Alfredo Prada por la Ciudad de la Justicia de Aguirre

La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del faraónico proyecto del Campus de la Justicia, que no llegó a culminarse y que ahora retoma el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Anticorrupción pide ocho años de cárcel para ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia e Interior Alfredo Prada y seis años de cárcel para otras cinco personas relacionadas con el proyecto. Entre el resto de acusados está el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, procesado en el caso Kitchen. A todos les atribuye delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

La misma condena a seis años de cárcel solicita Anticorrupción para Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; Alicio de las Heras, director del área financiera; y Felix José García de Castro, letrado asesor. La Fiscalía les acusa de “concertar” contrataciones con “deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación”. “De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo”, dice el escrito. Durante la instrucción, el juez José de la Mata detectó casos en los que las compañías adjudicatarias habían redactado los propios pliegos del concurso.

El proyecto se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El sumario se centra en la actuación de la Consejería de Justicia en la época de Alfredo Prada, que ocupó entre 2005 y 2008 el cargo de presidente y consejero delegado de la empresa creada para desarrollar el proyecto, del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, “aunque inacabadas y en la actualidad en situación de abandono, al menos parcialmente”. 

Prada es uno de los padrinos políticos de Pablo Casado y fue su primera elección para presidir la oficina del Cargo Popular, un órgano que creó Mariano Rajoy dentro de la estrategia de aplicar más transparencia interna tras los escándalos de Gürtel y cuyo primer presidente fue Manuel Cobo. Prada fue nombrado para ese puesto en el verano de 2018,  cuando Casado resultó elegido presidente del partido, y destituido menos de un año después, en marzo de 2019, tras trascender su imputación en este caso. 

Gómez Gordo, por su parte, trabajó como encargado de la seguridad de este proyecto por su vinculación con Francisco Granados. Después fue nombrado director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha cuando María Dolores de Cospedal era presidenta regional, entre 2011 y 2015. Y a partir de ese año regresó al servicio activo y se dedicó a controlar de cerca al chófer Sergio Ríos, el topo de la brigada política en el entorno de Luis Bárcenas que había conocido años atrás, cuando ambos trabajaban para Granados. Gómez Gordo está siendo investigado en la operación Kitchen, también en la Audiencia Nacional. 

La Cámara de Cuentas de Madrid ya alertó del despilfarro y la corrupción en torno a este proyecto en un informe de 2018 que ha servido al juez De la Mata de base para su instrucción. Aquel prolijo documento destapó que se habían gastado 355 millones en un proyecto del que solo se había conseguido levantar un edificio que permanecía medio abandonado. La mayoría, en contratos formalizados pero también en modificaciones, prórrogas, indemnizaciones o gastos sin que haya contrato de por medio.

Ayuso retoma el proyecto

El pasado mes de febrero, el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid ofreció novedades sobre el renovado proyecto. Será una de las obras más importantes que afrontará la Comunidad de Madrid en esta legislatura, con el objetivo de trasladar 26 sedes judiciales de la capital hasta el distrito de Barajas. El actual consejero de Justicia, Miguel Ángel García, entregó el 4 de febrero el anteproyecto con el que se inician los trámites del concurso, que saldrá a la luz en abril.

Entre las novedades aportadas están los plazos de los trabajos, que arrancarán previsiblemente en el año 2025 y finalizarán en 2028, un año antes de lo inicialmente esperado. El coste total de la obra es otra de las noticias de este lunes: el presupuesto será de 680 millones de euros (frente a los 660 de los que se habló en octubre), que en la licitación estarán divididos en dos lotes.