La Policía impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en una incineradora una ingente documentación entre la que se halló una nota informativa que sitúa el inicio del plan independentista en una serie de reuniones en 2011. A esos encuentros se sumaron algunos hijos del expresidente Jordi Pujol que contribuyeron a una estrategia que tenía como objetivo, sostienen los agentes, “ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV”.
La primera reunión se celebró el 25 de noviembre de 2011 y a ella acudieron los “máximos dirigentes” de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). La cita se repitió a finales de diciembre, sumándose los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep). Tras ella fueron informados “un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación” y se decidió que asumiera el rol de “controlador” Felip Puig, entonces consejero de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012.
Así consta en las conclusiones policiales del informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía, al que ha tenido acceso Europa Press, en base a la documentación intervenida el 26 de octubre cuando los Mossos pretendían quemar varias cajas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
De acuerdo a una nota informativa sin membrete de fecha 12 de octubre de 2012 “sobre el Plan Independentista de CDC”, el inicio del “hipotético” plan nació de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011. La Policía califica esta nota como un “resumen” de actuaciones de “ciertos dirigentes de CDC y de Unió para camuflar el cobro de comisiones y/o sobornos”.
En este plan, “Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia” y, para tal fin, se dispuso de “tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos --furgonetas camufladas-- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell”. De esos encuentros se dio cuenta a varios empresarios, entre los que se cita a José Antich Valero, “actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat”, del que se dice que tiene “carácter político y afín al PDeCAT”.
Fondos reservados y estructuras opacas
Entre la documentación operativa de las áreas de Interior y Exterior, la Policía halló un centenar de impresos justificativos en diferentes cajas pertenecientes a la Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO), actualmente denominada UCOINF, a la que se incardina en la Comisaría General de Información de los Mossos.
“Su estructura y componentes no se han hecho públicos y”, según la Policía, “se le atribuyen investigaciones de carácter más delicado”. Los investigadores subrayan que existe “numerosa documentación relativa a gastos reservados generados por las diferentes unidades centrales y regionales de la Comisaría General de Información”.
Una furgoneta camuflada, por ejemplo, se colocó durante meses “en una plaza de parking frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho”, siguiendo órdenes directas atribuidas a Felip Puig.
La Policía recuerda en su informe remitido a la Audiencia Nacional que, coincidiendo con el presunto espionaje a Alicia Sánchez Camacho y otros dirigentes del PP catalán, la seguridad de la presidenta de los 'populares' en esta comunidad autónoma estaba asignada a cuatro miembros de los Mossos.
Estos agentes de la policía catalana “tenían la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Alicia Sánchez Camacho al propio Puig”. Esta misma estrategia se seguía con el ministro del Interior, por entonces Jorge Fernández Díaz, “cada vez que se trasladaba a Barcelona”.
Tejer alianzas con la Iglesia y el PNV
La Policía concluye que el proceso iniciado por CDC en 2011 “tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal FEMCAT”, a la que se define como fundación privada de empresarias que comparte la misión de que Cataluña se convierta en un país, así como con “destacados miembros de la judicatura y fiscalía, con especial atención a la iglesia y partidos políticos como el PNV”.
Los investigadores destacan la “estrategia ofensiva-defensiva” con la que los dirigentes de CDC pretendían disponer de información sensible del PP para, dicen, “poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles”. Aquí se destaca el papel jugado por la familia del empresario Vicente Monje Tuñón, “quien presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP”.
La nota informativa del 12 de octubre de 2012 que los Mossos querían quemar incluía también una serie de datos bancarios sobre los Pujol y otras personas del denominado 'caso Palau', “todo ello”, según la Policía, “aportado por Falciani”, el ingeniero de sistemas italo-francés que reveló datos bancarios en masa.
Los Mossos tenían documentación en la que se detallaban “otras líneas de investigación” que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC. Se citan datos sobre Andorra de María Victoria Álvarez Martín, la exnovia de Jordi Pujol Soley, la compra de casinos en Argentina y México por parte de los Pujol, la compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades y otras inversiones en Houston o Miami.
“CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV”, dice la Policía. En otra nota informativa sin membrete de fecha 1 de julio de 2014, en la que se incluye a bolígrafo “Doc.8” y la palabra “Reservado” impresa, se aborda el dinero offshore de la familia Pujol. “Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra”, según los investigadores.