El testimonio de un arrepentido conecta los casos de financiación irregular del PP que investigan Ruz y Castro

“El declarante quiere añadir que sabe que hubo financiación del Partido porque Pinal le invitó a cenar en el hotel Son Vida y le hizo saber que si le invitaba era porque ‘has sido el único que has tenido huevos de decirme claramente, desde el principio, lo que pensabas, sin engañarme, que el proyecto tal cual no se podía ejecutar’, y eso le había costado a él el pago de la sede del PP”. Con este relato finalizaba el arrepentido Javier Rodrigo de Santos, exconcejal de Urbanismo en Palma, su declaración ante el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach el 15 de julio.

La confesión, a la que ha tenido acceso eldiario.es, figura en la causa abierta por el juez José Castro para investigar la financiación irregular del PP de Baleares.

Se trata de una pieza más de las que componen el inmenso puzle judicial del caso Palma Arena, entre las que también se encuentra el caso Nóos. Al identificar a cada uno de los personajes, en la declaración del exconcejal salta una coincidencia que puede dar una nueva dimensión al caso. Se trata del empresario que confiesa a De Rodrigo haber puesto el dinero para la sede del partido en Palma, Antonio Pinal, imputado por Castro y también por el único juez que puede hacer sombra mediática al de Palma: Pablo Ruz. Pinal ha declarado en la Audiencia Nacional como imputado por aparecer en dos ocasiones como donante irregular del PP nacional en los ‘papeles de Bárcenas’.

Antonio Pinal es, por tanto, el nexo entre dos casos que de momento se miran en la distancia, pero que podrían llegar a cruzarse. Por ahora, ambas instrucciones coinciden en tener al frente a dos magistrados con prisa. Ruz tiene los días contados en la Audiencia Nacional y le apremia cerrar la instrucción de los papeles de Bárcenas. En las islas, Castro dispone hasta diciembre para instruir lo que resta de las piezas del caso Palma Arena, después de que le haya sido denegada una prórroga como juez emérito.

Hasta entonces, Castro podrá tirar del hilo de la financiación del PP balear sin que pueda descartarse que llegue hasta la madeja de la caja fuerte de Génova. La pasada semana citó al guardián de la llave, Luis Bárcenas, para que declare ante él como testigo el 11 de marzo a las diez de la mañana. Castro ha tenido en cuenta que el extesorero firma en la Audiencia Nacional los lunes, miércoles y viernes. Así que, si vuela a Palma y regresa en el día, no necesitará pedir permiso a Ruz para ausentarse de Madrid.

Ese mismo día, por la tarde, Castro tomará declaración como imputado a Pinal. En la providencia, el juez de Palma detalla que su interrogatorio “versará sobre las supuestas comisiones o donativos que haya podido abonar al Partido Popular de Baleares, a su presidente y/o gerente”.

Según el arrepentido Rodrigo de Santos, Pinal pagó la sede del PP a cambio de la adjudicación urbanística en un solar militar de Palma que finalmente se frustró. Pero Pinal sabe mucho de dinero negro y partidos, no solo en Baleares. En la misma declaración del 15 de julio ante Horrach, Javier Rodrigo de Santos dice que Pinal, “en más de una ocasión, le manifestó que, por su costumbre de trabajar en el País Vasco, trabajaba financiando tanto al Partido Popular como al Partido Socialista”.

Al menos en lo que respecta el PP, eso ya lo sabían Ruz y la UDEF. Construcciones Bruesa, la empresa de Pinal, tenía estrechos lazos con el partido en tiempos de María San Gil y Carlos Iturgaiz, según consta en un informe policial de 145 páginas. “Para llevar a cabo un control de la operación de financiación de la compra y acondicionamiento de la sede del PP en Vizcaya, Luis Bárcenas creó una cuenta específica denominada 'Sede Vizcaya' con las mismas características que el resto de la contabilidad B, de cuya llevanza era el responsable”, recoge el informe policial incorporado al sumario del caso Bárcenas.

Las aportaciones, añade la investigación policial, procedían de la sociedad Bruesa, que habría financiado la operación entre el 11 de noviembre de 1999 y el 16 de noviembre de 2005, según consta en la documentación. La financiación del PP vasco es otra de las ramas del caso Bárcenas que podría convertirse en pieza separada y pasar a ser instruida en el País Vasco.

Los papeles de Bárcenas permiten establecer una colaboración de Pinal con el PP sostenida en el tiempo. Si la que sirvió para pagar la sede de Bilbao se extendió de 1999 a finales de 2005, el mismo empresario aparece tan solo dos meses después entregando dinero para la caja central de Génova. En enero de 2006, Pinal le da 12.000 euros a Bárcenas, según registra este en su documentación. En las anotaciones del extesorero aparece otra entrega en 2006, el 14 de septiembre: “Antonio Pinal/Emilio 12.000 euros”.

El citado Emilio se apellida Álvarez López y es el directivo de la empresa que, según la UDEF, se encargaba de los pagos en el País Vasco. Bruesa, como acredita la Policía, fue adjudicataria de numerosa obra pública en esa comunidad autónoma. A pesar de las evidencias, Pinal negó los pagos al PP en su declaración ante Ruz del 15 de enero de 2014. Aquel día solo aceptó contestar a las preguntas de su defensa y aseguró que conoce a Bárcenas de coincidir con él en el hotel Ritz de Madrid.

Florentino Pérez y Villar Mir

Pero aquí no acaban los vínculos entre los casos que investigan Castro y Ruz. La presunta financiación irregular del PP de Baleares surge durante la investigación de la concesión para construir el hospital de Son Espases, el más grande las islas. Esta adjudicación es objeto de una investigación judicial, pero también de una comisión en el Parlamento balear.

Por esta han pasado Bárcenas –por videoconferencia cuando estaba en la cárcel– y dos de los constructores más importantes de España: Juan Antonio Villar Mir y Florentino Pérez. El primero, porque se quedó sin obra después de que le fuera adjudicada. El segundo, porque se benefició de ello.

Villar Mir está imputado en el caso de la financiación irregular del PP en Madrid. Ante los diputados baleares repitió la declaración frente a Ruz, en el sentido de que ha financiado legalmente a fundaciones relacionadas con el PP y el PSOE, pero nunca a los partidos y jamás con dinero negro.

Florentino Pérez tiene este lunes una cita en la Audiencia Nacional, como testigo del sumario de la operación Púnica.

La nueva investigación del juez José Castro deja algunos interrogantes que se resolverán en las próximas semanas. A medida que avance la instrucción, se conocerá si Castro decide inhibirse en favor de la Audiencia Nacional o si, por el contrario, asume llevar adelante una investigación propia. En este segundo caso, cabe plantearse si la de Bárcenas será la única declaración que el juez de Palma recabará de personas con responsabilidad sobre la caja central del partido.

Fuentes jurídicas de Palma aseguran que, a pesar del desencuentro por el caso Noos, el pasado de azote de la corrupción del PP en las islas que representa el fiscal Horrach hace que Castro pueda contar con toda su determinación para impulsar la instrucción en el sentido que considere necesario.

Ante el juez Castro, Bárcenas deberá ratificar el día 11 las afirmaciones que hizo por videoconferencia a los diputados baleares. Según el extesorero, varios empresarios financiaron la compra de la sede del PP balear, entre ellos Pinal. Como viene defendiendo en el caso de la financiación del PP nacional, esas donaciones no eran finalistas, es decir, los empresarios no recibieron adjudicaciones a cambio en Baleares.

Castro no ha citado por el momento a Javier Rodrigo de Santos. El exconcejal de Urbanismo fue una pieza destacada del PP de Jaume Matas. Entre 1997 y 2001 fue director territorial del Insalud de Baleares y de ahí pasó a la dirección del Área e Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma, cargo que compaginó con la dirección de la candidatura de Matas. En 2003 se convirtió en el concejal de Urbanismo de la capital balear y segundo teniente de alcalde.

De Santos salió hace un año de la cárcel y se encuentra en tercer grado. En 2009 fue condenado a 13 años y medio de cárcel por malversación, abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública. El concejal de Urbanismo se gastó 50.000 euros públicos en drogas y orgías con una tarjeta de crédito. Además, mantuvo relaciones sexuales con dos hermanos menores de edad, amigos de sus hijos que, como De Santos, participaban en las actividades de la organización católica Camino Neocatecumenal, conocida también como los Kikos, por su fundador, Kiko Argüello. En 2010, el Supremo rebajó la condena a cinco años.