San José, 12 mar (EFE).- El arresto del expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, detenido la víspera y trasladado hacia La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, “es un paso adelante, pero insuficiente”, opinó este miércoles el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga.
“Su detención, ejecutada sorprendentemente por las mismas fuerzas policiales filipinas que él creyó leales hasta el final, representa una victoria significativa, aunque limitada, para quienes buscamos justicia global contra violadores sistemáticos de derechos humanos”,comentó Maradiaga en un artículo divulgado en sus redes sociales.
Maradiaga fue excarcelado y expulsado de Nicaragua hacia Estados Unidos por las autoridades nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 junto a otras 221 personas, en el marco de la crisis política y social que vive el país centroamericano desde abril de 2018.
Para el también presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, “si bien la captura y traslado de Duterte hacia la Corte Penal Internacional en La Haya sientan un antecedente alentador, especialmente para quienes trabajamos para denunciar los abusos de regímenes similares, el caso también pone de relieve las profundas limitaciones del sistema internacional”.
“Resulta alentador que finalmente un líder autoritario responda ante la justicia por sus crímenes, pero es imposible no lamentar que otros dictadores y criminales internacionales, aún más perversos y sanguinarios, permanezcan intocables”, consideró Maradiaga.
“La realidad es que tiranos como Vladimir Putin, Daniel Ortega, Bashar Al Assad o Nicolás Maduro continúan operando con total impunidad. Comparados con ellos, los crímenes de Duterte, aunque graves y condenables, son menores en escala y perversidad”, valoró el opositor nicaragüense.
“Esto pone en evidencia la fragilidad y falta de efectividad del sistema internacional para perseguir a criminales protegidos por aparatos de seguridad leales o alianzas geopolíticas poderosas”, agregó Maradiaga.
En el caso de Nicaragua, apuntó el dirigente opositor, el presidente Ortega y su círculo cercano “continúan siendo protegidos por una policía sandinista completamente servil, lo que hace improbable un escenario similar al ocurrido en Filipinas”.
“La caída de Duterte ofrece esperanza, pero también revela las profundas deficiencias de un sistema internacional aún incapaz de perseguir con eficacia y contundencia a criminales más protegidos y consolidados en el poder”, insistió Maradiaga.
“Este juicio será un recordatorio constante de que la justicia, aunque tarde e incompleta, puede llegar incluso para quienes se creen intocables. Pero aún queda mucho por hacer para garantizar que esta justicia alcance también a los mayores criminales que todavía se sienten seguros bajo el amparo de un sistema internacional imperfecto”, concluyó el opositor nicaragüense.
Duterte, de 79 años, fue detenido este martes en Filipinas, después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por la Interpol a las autoridades del país asiático.
La captura del expresidente filipino es consecuencia de las medidas de su política antridrogas durante su mandato (2016-2022), en el que murieron unas 6.000 personas en operativos antinarcóticos y debido a ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad del archipiélago asiático con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado.
No obstante, el tribunal subrayó -en su orden de arresto- que tiene la jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.