Arrimadas vuelve a Moncloa a negociar los presupuestos y abre fisuras entre Sánchez y sus aliados

Inés Arrimadas volverá a Moncloa el próximo miércoles, 2 de septiembre, para mantener una reunión con Pedro Sánchez en el marco de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno va a mantener con los líderes de la oposición. La cita será a las cinco de la tarde, varias horas después de que Sánchez haya recibido al presidente del PP, Pablo Casado. Sobre la mesa estarán los mismos temas: además de las medidas de “cogobernanza” con las autonomías para luchar contra los rebrotes de la pandemia o la renovación de cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y de otros organismos institucionales -como el Defensor del Pueblo y RTVE- la prioridad ahora para Sánchez son los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Casado ya le ha advertido de que no pactará nada con el Gobierno mientras esté aliado con Unidas Podemos. Pero Arrimadas va dispuesta a jugar con habilidad sus cartas y a exprimir al máximo el poder de sus diez diputados frente a los aliados del presidente del Ejecutivo, muy necesitado de apoyos para sacar adelante su agenda y especialmente las cuentas públicas, que son clave para la supervivencia del Gobierno. Sin embargo, ese acercamiento a Ciudadanos ha abierto una nueva grieta entre la formación de Pablo Iglesias y el PSOE. Este viernes, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha sostenido que el proyecto político de su formación es “incompatible” con el de Ciudadanos y ha asegurado que “el PSOE sabe” que no podrá contar con ellos si pretende incluir en el acuerdo a los de Arrimadas.

En una rueda de prensa ofrecida junto al también portavoz, Rafa Mayoral, Serra ha añadido en tono de advertencia: “Esperamos que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno”.

Tampoco ha gustado esa predisposición de Sánchez a hacer cesiones a Ciudadanos a EH Bildu, y muchos menos a ERC, que se ha visto relegada a un segundo plano en la ronda de encuentros que inicia esta semana el presidente del Gobierno en la Moncloa. Los republicanos cuentan con trece diputados en el Congreso, tres más que Ciudadanos, que es la sexta fuerza política de la Cámara. Pero el temor a que vuelvan a dar la espalda al Gobierno, como han hecho en otras ocasiones, obliga al presidente a guardarse las espaldas con Ciudadanos.

De hecho, desde que estalló la pandemia las relaciones de la formación que se denomina “liberal ”y el PSOE, a quien Albert Rivera vetó, han dado un vuelco de 180 grados. La nueva líder del partido ha negociado con Sánchez todos los decretos de alarma y la mayoría de las medidas para salir de la crisis sanitaria. Y desde el primer momento han anunciado que están dispuestos a sentarse a pactar las cuentas pero siempre bajo condiciones porque, según insiste, “la economía española no está ni para nacionalismos ni para populismos”, por lo que “urgen unos presupuestos sensatos”.

Por ello, Ciudadanos quiere evitar la foto con miembros del gabinete de Unidas Podemos, en donde, salvo excepciones -como el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz- la mayoría de sus dirigentes insisten desde hace tiempo en que los socialistas no pueden entregarse a “las derechas” si quieren mantener la mayoría de la investidura. Las espadas entre ambos partidos por este motivo están en alto. Pero Sánchez no quiere renunciar al apoyo de Ciudadanos por si, como teme, ERC - inmersa ya en la precampaña de unas autonómicas catalanas aún sin fecha- se desmarca de la negociación.

Ese veto mutuo entre Ciudadanos y el partido de Iglesias ya quedó patente en la anterior reunión que los de Arrimadas mantuvieron el pasado 3 de agosto con una delegación del Gobierno encabezada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la que abordaron la situación de los rebrotes de la COVID-19 e hicieron repaso a los acuerdos previos alcanzados entre ambas partes. Entonces, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, aseguró que no había habido “ningún veto” a Unidas Podemos, como había denunciado la víspera del encuentro la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien denunció que su formación solicitó estar presente pero los de Arrimadas se negaron. Montero criticó la cita y reprochó que “quien mira a la derecha es una parte” del Ejecutivo.

“Ciudadanos no está en eso”, insistió Bal. “Con la que está cayendo no se puede estar pensando en vetos ni en quiénes ocupan las sillas”, añadió, para recordar después que en esa reunión habían estado sentadas “las mismas personas, los mismos representantes del Gobierno” que acudieron a la anterior reunión con Ciudadanos y que “tienen competencias en las materias tratadas”. En aquella cita celebrada en la Moncloa, tampoco hubo ministros de Unidas Podemos: además de Calvo, estuvieron la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y otros representantes del Gobierno, como el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. No obstante, Bal recordó que no tiene “ningún problema” en hablar con ministros de Unidas Podemos, como lo demostró cuando se sentó con la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, para abordar la prórroga de los ERTE. La propia ministra terciaba en la polémica y defendía este jueves en una entrevista en RNE que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado “no se puede excluir a nadie y menos en pandemia”.

Ese rechazo de Ciudadanos a Unidas Podemos se ha enconado más tras la imputación por un juez a tres colaboradores de Iglesias y al propio partido como persona jurídica por supuestas irregularidades en su financiación. El partido de Arrimadas se unió al PP para pedir la comparecencia urgente en el Congreso del vicepresidente segundo, una exigencia que fue tumbada en la Diputación Permanente gracias a los votos del PSOE Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, Bildu y Compromís. Solo Vox la apoyó.

Otro de los asuntos que Sánchez planteará a Arrimadas será la necesidad de renovación de cargos del CGPJ y del Tribunal Constitucional que en principio parecía que tenía encarrilada con Pablo Casado. Pero ahí pinchará en hueso porque en Ciudadanos ya han adelantado que no van a entrar en “el cambio de cromos” para repartirse los órganos de la Justicia y reclaman una reforma de su sistema de elección para evitar que queden en manos de los partidos políticos.

En cuanto a RTVE, los de Arrimadas abogan por acelerar de nuevo el proceso el concurso público que quedó paralizado en el Congreso al convocarse las elecciones del 10 de noviembre. No obstante, están deseando que la actual administradora única, Rosa María Mateo, dimita por considerar que su gestión está siendo “nefasta” y está “al servicio del Gobierno de Sánchez”. La responsable del ente público, en sus últimas comparecencias en la Comisión Mixta de control de RTVE, invitó a los partidos a ponerse de acuerdo en la renovacion de RTVE, asegurando que ella no está “pegada a la silla”.