El juez asegura que no hay “soporte probatorio” de que Baltasar Garzón cobrara por ayudar a Villarejo a reventar un caso
El juez del caso Villarejo asegura en un auto que no hay “soporte probatorio alguno” de que el exjuez Baltasar Garzón participara y cobrara por uno de los trabajos parapoliciales del comisario José Manuel Villarejo y sus socios. El policía jubilado y sus colaboradores mencionan decenas de veces a Garzón en las conversaciones intervenidas a Villarejo y que hacen referencia al encargo de un empresario para que sabotearan en la Audiencia Nacional su extradición a Guatemala.
La pieza Pit del caso Tándem investiga a Villarejo y varios de sus colaboradores por cobrar más de siete millones de euros de los hermanos Pérez Maura a cambio de evitar la detención de uno de ellos, a efectos de extradición a Guatemala, por un delito de corrupción en el país centroamericano. Ángel y Álvaro Pérez Maura fueron detenidos y están igualmente investigados en la pieza. El clan de Villarejo solicitó un adelanto de más de un millón de euros a los navieros para garantizar, según les comunicaron, la participación de Garzón en la maniobra para abortar la extradición.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemente nuevas diligencias dentro de la investigación que han sido acordadas por el juez Manuel García Castellón. A pesar de que las diligencias no están relacionadas con Garzón, el magistrado instructor aprovecha que las concede para hacer una referencia a Garzón, señalado después de que se levantara el secreto del sumario la pasada semana. Las peticiones de Anticorrupción están relacionadas con los movimientos en las cuentas del abogado Enrique Maestre y una empresa vinculada a él.
Los investigados, dice el juez, “no dudaron, tal y como señala el ministerio fiscal, en justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones como la del señor Garzón o gestiones con terceras personas carentes de verosimilitud y sin soporte probatorio alguno, como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo de 2019, y reconocieron además los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención”.
En casi todas esas menciones en las grabaciones, Garzón es “el Mago” para los investigados, si bien la Unidad de Asuntos Internos de la Policía escribe ya en uno de sus primeros oficios al juez que se trata del exmagistrado “sin ningún género de dudas”. En anotaciones manuscritas incautadas a Villarejo, también incorporadas a la pieza, el policía se refiere también a Garzón como “Balta” o “BG”. El despacho de Baltasar Garzón dice que ni siquiera conoce al supuesto cliente, Ángel Pérez Maura, y que no ha hecho “ninguna gestión” por él. También niega “acuerdo contractual, ni profesional, ni de ningún otro orden” con Villarejo.
Villarejo, Adrián de la Joya o el abogado Enrique Maestre Cavanna hablan a los Pérez Maura de Garzón y sus exigencias monetarias. También hablan de lo que quiere el juez en reuniones entre ellos, sin el cliente presente. La relación del juez con el comisario Villarejo queda de manifiesto en una conversación encontrada por Asuntos Internos e incorporada a la causa.
El 6 de febrero de 2017 se produce la única conversación en la que los investigadores pueden escuchar a Garzón. El exjuez telefonea a Villarejo, que graba. Garzón le traslada: “He llamado a Ernesto Díaz-Bastién para que se informe objetivamente de cómo están tus cosas”. Díaz-Bastién es una persona muy próxima a Villarejo que además lleva tres décadas ejerciendo de abogado para el policía. En el momento de esa conversación quedaban nueve meses para que Villarejo fuera detenido, pero la investigación contra él ya había arrancado. Además, el policía estaba imputado en dos causas: el apuñalamiento de la doctora Pinto y por grabar presuntamente una conversación entre agentes del CNI y policías que investigaban al Pequeño Nicolás.