Predominio de los representantes de las asociaciones judiciales que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha e infrarrepresentación de las minorías y de los no asociados a pesar de que son casi la mitad de la carrera. Es lo que ocurre cuando los jueces eligen a los jueces. Y así lo evidencian las elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores autonómicos que se celebran cada cinco años. Estos comicios se rigen por un sistema mayoritario puro en el que resultan elegidos los aspirantes más votados y en el que cada elector puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse. Un modelo similar a este es el que el Partido Popular exige imponer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abrirse a pactar su renovación, que los conservadores bloquean desde hace casi cuatro años.
Las salas de gobierno cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales. No obstante, son órganos internos clave, pues aprueban las normas de reparto de los asuntos, proponen magistrados suplentes o tienen facultades disciplinarias, entre otras funciones. Su número de integrantes es variable porque depende del tamaño del tribunal autonómico en relación al número de provincias. Están constituidas por miembros natos y electos, que son los que se eligen a través de este modelo de elección directa y listas abiertas. Se votan personas, no candidaturas cerradas. De hecho, en una misma candidatura puede haber miembros de varias asociaciones y no asociados. Las últimas elecciones, de las que derivan estas cifras, se celebraron en noviembre de 2019.
Según los datos oficiales del censo de ese momento —que apenas han variado—, la carrera judicial está formada por 5.419 jueces y magistrados. De ellos, el 55% forma parte de alguna de las asociaciones profesionales reconocidas por el CGPJ. El otro 45% no está asociado. Pese a ello, las asociaciones coparon el 89% de los puestos en liza en la última elección a las salas de gobierno: 95 de 108. Por contra, sólo resultaron elegidos 13 jueces no asociados.
El dominio de las asociaciones que cubren el espacio de la derecha o el centro derecha es total. Principalmente, de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Con sus 1.339 asociados representa al 25% de los jueces y tiene 56 miembros electos en las salas de gobierno, prácticamente la mitad del total. Le sigue la Francisco de Vitoria, de carácter moderado y segunda en número de afiliados con el 16% de la carrera. Accedió al 23% de los puestos, un total de 25. Así, según estas cifras, la APM y la Francisco de Vitoria acceden al 75% de los puestos electos en las salas de gobierno aunque solo representan al 41% de los magistrados.
En tercer lugar aparece Foro Judicial Independiente, también moderada, que representa al 6% de la carrera y tiene el 10% de los miembros electos, con una decena. La peor parada es la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Representa al 15% de la carrera con sus 462 afiliados y solo tiene tres miembros electos en las salas de gobierno.
Este sistema mayoritario puro ha recibido críticas de las asociaciones que no son la mayoritaria por limitar las opciones de las listas que no son la más votada a pesar de que sí tengan cierto apoyo. Y, en consecuencia, por no reflejar el pluralismo existente en el cuerpo electoral. En 1999 las tres asociaciones judiciales minoritarias no concurrieron a los comicios en protesta por un sistema electoral que, denunciaron, “no permite la representación de las minorías”, según contó El País.
El análisis en detalle de los resultados de las últimas elecciones evidencia el predominio de los representantes de la asociación conservadora y la infrarrepresentación de las asociaciones minoritarias y, sobre todo, de los jueces no asociados. Así, la mayoritaria APM se hizo con el 100% de los puestos en juego en la Audiencia Nacional y los tribunales autonómicos de Madrid, la Comunitat Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha. Y, además, obtuvo la mayoría absoluta en los de Catalunya y Andalucía.
Las candidaturas de la Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, obtuvieron el 100% de los puestos electos en las salas de gobierno de los tribunales de Cantabria, Extremadura y Murcia y la mayoría absoluta en Canarias. Foro Judicial Independiente, por su parte, logró los seis puestos en liza en el tribunal de Aragón y también tiene representación en Castilla y León, La Rioja y Navarra.
Juezas y Jueces para la Democracia sólo tiene tres representantes: en el Tribunal Supremo y en los tribunales autonómicos de Asturias y Catalunya. Los no asociados sólo son mayoría en los tribunales autonómicos de La Rioja y Castilla y León, si bien hay también jueces no asociados en las salas de gobierno del Supremo (2) y el TSJ de Navarra (1).
Un modelo de elección similar a este es el que el Partido Popular quiere imponer para la designación de los doce vocales judiciales del CGPJ, una de las instituciones clave del Estado, pues decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. Este órgano determina, por ejemplo, todos los nombramientos del Supremo. En el sistema actual, los vocales judiciales son elegidos por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado sobre una lista cerrada determinada por los propios jueces. El nombramiento de los otros ocho vocales juristas sí depende únicamente de las Cámaras.
La elección directa por los propios miembros de la judicatura y sin intervención del Parlamento de los 12 miembros procedentes de la carrera judicial también es defendida por tres de las cuatro asociaciones judiciales. La APM apoya la designación directa por los jueces “sin restricciones”, mientras la Francisco de Vitoria y Foro Judicial incluyen matices a la elección corporativa para incluir a las “minorías” y solo Juezas y Jueces para la Democracia secunda el actual modelo.
El PP exige ahora un cambio legal que no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En su última iniciativa parlamentaria a este respecto, en 2018, defendió que los vocales de procedencia judicial sean elegidos “por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo” aunque a través de un modelo “mayoritario corregido”, para permitir así “la representación de un sector minoritario”.
Son los mismos términos que recogía la ley —ya derogada— por la que se eligió a los primeros 12 vocales jueces en 1980. La APM era en ese momento la única constituida en el ámbito judicial y se hizo con los 12 puestos, aunque incluyó en su lista algún nombre progresista como el del juez del Tribunal Supremo Adolfo Carretero. También formó parte de ese CGPJ el progresista Perfecto Andrés Ibáñez. Esa iniciativa del PP fue rechazada en el Congreso por el PSOE y los miembros de Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Grupo Mixto con 176 votos en contra.