Los comentarios vertidos en las redes sociales tras la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, se han convertido en el objetivo del Gobierno, que pretende perseguir judicialmente a sus autores. Consciente de que la Fiscalía no puede actuar de oficio dado que las injurias contra Carrasco solo podría denunciarlas penalmente la fallecida, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que estudiará, junto con Alberto Ruiz Gallardón, cómo evitar esos actos de “incitación al odio”. La propia Policía reconoció en un tuit de junio de 2011 que comentarios como “ojalá se muera” no constituyen un delito.
Las palabras de Fernández Díaz, que han sido secundadas por otros dirigentes del PP, no convence a las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, que insisten en que los comentarios “vejatorios, injuriosos o calumniosos” que se han vertido en las redes sociales sobre la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, tras su muerte no se pueden perseguir penalmente ya que ese tipo delitos “son perseguibles de parte”, es decir, que debe ser el “agraviado” quien los denuncie, una circunstancia que no se puede producir porque ya ha fallecido. En el caso de sus herederos, podrían recurrir a la “vía civil para preservar su derecho al honor”, según el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.
En cuanto a la propuesta del ministro de modificar la ley para ampliar la persecución judicial de este tipo de comentarios, la asociación Francisco de Vitoria advierte de que hay que “tener precaución” para no poner coto a la libertad de expresión por regular “en caliente”. Marcelino Sexmero encuentra en las palabras del ministro “una disculpa del Gobierno para aprovechar este caso para cercenar la libertad de expresión”. “Límites de este tipo, para evitar que se produzcan estas expresiones, solo existen en China y en dictaduras -expresa Sexmero-. En democracias se pueden perseguir a posteriori tras demanda del ofendido”.
Jueces para la Democracia piensa, igualmente, que “solo un estado autoritario puede equiparar mala educación y delito”. El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, considera que la sugerencia de Fernández Díaz de crear un nuevo delito “de incitación al odio” sería “una acción punitiva expansiva, excesiva y desproporcionada”. Al igual que su homólogo, Bosch recuerda que el Código Penal ya incluye los delitos que vulneran el derecho al honor, como las injurias o las calumnias, y explica que “ir más allá” sería “desproporcionado”.
“Demonización” y “limitación” de la Red
“La Red no escapa a la aplicación de las normas”, expresa la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá Mónica Arenas, que recuerda que tanto las injurias como la incitación al odio son delitos ya contemplados en la legislación. “Es realmente importante no confundir la idea de modernizar las normas, adaptarlas a las nuevas conductas que se producen a través de Internet, con la idea de limitar el uso de la misma”.
Arenas advierte de que no se puede aprovechar la necesidad de modernizar la legislación para limitar derechos fundamentales, como la libertad de expresión: “Es importante no aprovechar la necesidad de modernizar las normas con la demonización de la Red y su limitación, o la limitación de la libertad de expresión ejercida a través de la misma. Hacer eso es demagogia barata”, concluye.
“Intento de criminalización de un cierto sector”
El catedrático de Comunicación Víctor Sampedro considera que se trata de “una maniobra de distracción sesgada”. “Se intenta derivar la investigación del crimen hacia una de delitos de opinión”, expresa el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.
“El odio y la violencia en la red se viene manifestando desde 2004 –sostiene Sampedro–, cuando a raíz de los atentados del 11M Pilar Manjón empieza a sufrir insultos y acoso por mantener una postura crítica con la versión oficial”. Que ahora el gobierno quiera legislar sobre este tema responde, según el catedrático, a un “intento de criminalización de cierto sector que se expresa a través de las redes sociales”.
Para el profesor, la voluntad de legislar en la red debería centrarse “en la protección de la privacidad de datos y metadatos de los usuarios” ante terceros, como agentes empresariales o gubernamentales. Este “falso debate”, según Sampedro, “no coopera a la resolución judicial del caso ni al debate público sobre los temas relevantes de campaña”. “Es la muestra de la persistencia del discurso victimista del PP frente a la ola de contestación social”, concluye.