Las asociaciones de jueces, alarmadas por los “insultos” y la “crítica furibunda” al tribunal de ‘la manada’
Las asociaciones de jueces y fiscales han defendido a los miembros del tribunal responsable de la sentencia contra 'la manada' frente a las “descalificaciones personales” después de tres días encadenados de protestas frente al fallo y críticas de todo el arco parlamentario.
Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado para pedir que se realice una crítica “válida y constructiva” y argumenta que “nada aportan” las críticas “que descalifican hasta el insulto”. “El respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado. Lo anterior es perfectamente compatible, en el marco de una sociedad democrática, con la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto”, expresan en el comunicado hecho público este sábado.
La asociación recuerda que cabe recurso y defiende el proceso por el que se ha llegado a la sentencia, dictada tras un “previo e intenso” debate deliberativo: “La sentencia que ha sido objeto de furibunda y exacerbada crítica se ha dictado tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción (...) El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada”.
Piden también la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por “sumarse al descrédito”, alentar a la “deslegitimación del poder judicial” y afirmar en una entrevista en la Cadena Ser que hay “vías desciplinarias” si se considera que el voto particular está “fuera de lo razonable”. “Nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá (...) que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto”.
Las asociaciones ven “desproporcionada” la respuesta
Este viernes, los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España expresaron que veían “desproporcionada” la respuesta contra la sentencia. Las organizaciones recuerdan que hay dos oportunidades de revisión de la resolución de la Audiencia de Navarra por la vía de los recursos, primero ante el Tribunal Superior de Justicia navarro y, en su caso, después ante el Tribunal Supremo.
A los representantes de los jueces les parecen desmedidas algunas reacciones que se produjeron ayer de forma inmediata nada más conocerse el fallo como las manifestaciones y concentraciones de protesta, la recogida de firmas para pedir la inhabilitación de los magistrados y las declaraciones de políticos.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, ha declarado que “se ha producido una reacción desproporcionada que demuestra una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste”. “Los que han salido a protestar a lo mejor no se han leído la sentencia y son manifestaciones fuera de tono que no benefician a España ya que parece más propio de la cultura de otros países”. Raimundo Prado ha coincidido en que “las resoluciones judiciales pueden ser criticadas pero con fundamentos, de manera racional y no violenta”, así como que la sentencia se puede recurrir. La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha indicado que hay que respetar a las víctimas pero también a las resoluciones judiciales. Es una sentencia “trabajada y fundamentada” contra la que caben recursos, ha concluido.
La Asociación de Mujeres Juezas de España ha criticado los “prejuicios y estereotipos de género” en la interpretación del Código Penal en el caso de 'la manada', pero también han afirmado que “se trata de una sentencia rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados”, y opinan que “el sentir mayoritario de la Sala se muestra respetuosa y empática con la víctima”.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, también ha criticado las “descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas” con motivo de la sentencia por el caso de 'La Manada' que, a su entender, “compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos”: “El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces”.
La Asociación de Fiscales carga contra Catalá
Desde la conservadora Asociación de Fiscales aseguran que hacen suyo el comunicado emitido con ocasión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por las tres Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
Cargan también contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y lamenta que se tenga “la tentación de legislar a golpe de noticia”, tras el anuncio del Gobierno de revisar el Código Penal tras la sentencia de 'la manada'. “La asociación lamenta la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos; se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia; se realizan manifestaciones carentes de rigor; se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales; y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Ministro de Justicia, que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones”, reza el comunicado.
En este sentido, la Asociación de Fiscales ha apuntado que las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración “en conciencia” de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados.
La organización afirma que esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano y recuerda que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones. De la misma manera, la asociación ha señalado que las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del “correcto funcionamiento” de un Estado democrático.
