La Fiscalía tiene ya en sus manos una denuncia por el caso del máster de Cristina Cifuentes, que aprobó gracias a que una funcionaria cambió dos años después las notas en la red interna de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). El escrito, presentado por diversas asociaciones de universidades públicas de Madrid y al que ha tenido acceso eldiario.es, pide a la Fiscalía que tome declaración a la presidenta regional y a la funcionaria que cambió sus notas, que reclame a la Universidad toda la documentación y apunta a la comisión de posibles delitos de falsedad en documento público y cohecho.
La denuncia, presentada en la Fiscalía Provincial de Madrid, recorre todos los hechos acaecidos tras la noticia de eldiario.es, y reclama a la Fiscalía que abra diligencias para investigar los hechos. Piden que Cifuentes sea citada en calidad de investigada para que aporte las pruebas que dice tener sobre la obtención del máster. Señalan que obtuvo un “beneficio directo” cuando tenía una posición de poder que le permitía ofrecer recompensas a quienes acometiesen esos cambios en su expediente. Algunos de ellos, recuerdan, vinculados con el PP.
Además, solicitan la declaración como testigos de Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de Cifuentes desde otro Campus, y dos años después de que cursase el máster. También piden que declare el director del máster, el tutor de la presidenta regional “así como de la persona designada por el servicio informático de a Universidad Rey Juan Carlos a los efectos de aclarar el procedimiento de volcado de la documentación y actas de evaluación”.
Emails y el libro de visitas
La Fiscalía, reclaman los denunciantes, también debería interrogar al personal del Instituto de Derecho Público de la URJC para que aporten toda la documentación respecto al nombramiento del tribunal del máster. Además reclaman una copia de la agenda y el libro de visitas de la Delegación del Gobierno en Madrid, correspondiente a las fechas en las que Cifuentes realizó el máster. También reclaman una copia del mail del director del máster que la presidenta regional solo ha enseñado en un pantallazo y los resguardos de los distintos pagos a la Universidad.
La denuncia recoge las informaciones publicadas por eldiario.es y las declaraciones públicas de los responsables de la URJC, que admiten la veracidad de los pantallazos publicados, aunque achacan el escándalo a un error de transcripción. Recalca el documento que la funcionaria que modificó las notas ha reconocido la manipulación y que, según la legislación vigente en ese momento, Cifuentes no cumplía los requisitos para defender el Trabajo de Fin de Máster.
Falsedad documental y cohecho
“No cursó ni culminó las citadas asignaturas en tiempo y forma, así como no procedió a volver a matricularse, solicitar una modificación formal del acta de la comisión evaluadora o de la propia acta de calificaciones y asistencia del citado máster”, señala la denuncia. Es por esto que los denunciantes creen que podría haberse cometido un delito de falsedad documental, penado con hasta seis años de cárcel, que podría extenderse a otras autoridades de la Universidad.
En el caso de Cifuentes, los denunciantes señalan que pudo cometer un delito de cohecho porque en el momento de los hechos ostentaba un cargo público, el de delegada del Gobierno en Madrid. La modificación de las notas le reporta “un beneficio directo” y quienes acometen ese cambio pueden pretender la obtención de otro beneficio. El escrito señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de esta.
“En última instancia, la propia beneficiaria de esta operación es la propia Cristina Cifuentes, siendo esta la única conclusión del relato lógico expuesto”, añaden. Las asociaciones, entre las que hay de la Universidad Complutense, la Politécnica o la propia Rey Juan Carlos, manifiestan su voluntad de personarse como acusación si finalmente se abre una causa.
Entre las asociaciones universitarias que han presentado la denuncia están La Caverna, La Chispa, Ecoaldea, Asociación Yuri Gagarin, Conciencia Minera o Res Pública, entre otras. Los firmantes aseguran que se está uniendo a la iniciativa nuevas asociaciones.
La nota de dos asignaturas del máster de Cifuentes aparecieron durante muchos meses en los registros informáticos de la universidad pública como “no presentado” hasta que fue modificada por una funcionaria, Amalia Calonge, que trabajaba en otro campus, y sustituida por un notable. La misma operación la realizó la misma empleada pública en otra materia, Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en la que Cifuentes tenía un no presentado y se sustituyó por un 7,5.
Dos versiones distintas
La presidenta madrileña atribuyó esos cambios en sus notas a un “error de transcripción” encoméndandose a la versión ofrecida la mañana del miércoles por el rector de la universidad, Javier Ramos, que contradice lo que el equipo de comunicación de Cifuentes contó la tarde del martes a eldiario.es. Entonces el gabinete de la presidenta afirmó que Cifuentes había dejado dos asignaturas en el curso 2011/2012 que acabó sacando muchos meses más tarde.
La explicación ahora es que la entonces delegada del Gobierno completó los exámenes de todas las materias durante aquel mismo año y que dos profesores distintos se equivocaron al introducir las notas en el sistema informático: en lugar de calificarlas con notable ambos apuntaron “no presentada”.
Las asociaciones universitarias que han presentado la denuncia contra Cifuentes han emitido un comunicado en el que explican las razones que les han llevado a llevar estos hechos a la Fiscalía, y que acompañan de un vídeo en el que desarrollan esos argumentos. Este es el contenido del comunicado:
Representantes de diversas asociaciones universitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid hemos denunciado los hechos que ayer se conocieron a través del periódico digital el diario.es relacionados con la falsificación de las calificaciones y acreditaciones que permitieron a la actual presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtener el título de Máster en Derecho Autonómico.
La denuncia se realiza porque entendemos que puedan existir delitos de falsificación documental y cohecho por parte del funcionariado de la Universidad rey Juan Carlos, en tanto que el citado máster se impartía en un centro adscrito a esta universidad, y además por parte de Cristina Cifuentes. Delitos para los que el código penal tipifica, según los artículos 390 (relacionado con la falsedad de documentos públicos) y 419 (cohecho), sanciones de hasta seis años de cárcel y seis años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Como estudiantes sentíamos que teníamos que tomar parte en esta cuestión. Hemos decidido llevar a cabo la denuncia ya que nos parece que los hechos publicados son pruebas más que suficientes para llevarla a cabo. No podemos dejar de relacionar estos hechos con que la propia cristina Cristina Cifuentes es la misma que, como cabeza del Partido Popular en la asamblea de Madrid, está tratando de sacar adelante una ley (LEMES) que, pese a haber caído por votación en asamblea, se están reanudado los trámites para tratar de aprobarla de nuevo.
La Universidad Rey Juan Carlos en la que suceden estos hechos es ya conocida por el mediático plagio que realizó su antiguo rector, tanto en su tesis doctoral como en posteriores publicaciones, llevándole a la dimisión, como la colocación de Margarita Cifuentes (hermana de la presidenta madrileña) utilizando la figura de “profesor visitante” sin cumplir los requisitos y tratando de evitar concursos y controles. En este sentido, exigimos que tanto la URJC, como, en general, todas las universidades públicas madrileñas, dejen de funcionar como el cortijo del Partido Popular y del gobierno de la Comunidad de Madrid.
La obtención de este máster ha supuesto remuneraciones concretas a Cristina Cifuentes. Por un lado prestigio y reconocimiento social como personaje público y presidenta de la comunidad de Madrid. Y, por otro lado, reconocimiento económico como funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual los ascensos que suponen aumentos económicos cuantificables, se hacen en base a méritos académicos como son los másters.
Estamos indignadas ante el hecho de que las universidades públicas sean feudos del Partido Popular, y de que se utilicen administraciones públicas para beneficios privados. Mientras estas políticas y personas mercantilizan la universidad, privatizándola y elitizándola, y se saltan los procedimientos académicos habituales, nosotras padecemos cada uno de ellos y sufrimos el proceso de precarización de nuestra universidad, en la calidad de enseñanza, en los servicios educativos, en el aumento de tasas y la disminución de becas o la incertidumbre de no tener un trabajo asegurado al salir de la universidad.