‘Ojala’ es la frase que más corre estos días por los pasillos de los instituciones autonómicas del norte, para que el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, sea sensible a los argumentos que los ejecutivos de Asturias, Galicia y Euskadi le van a trasladar en la reunión de este jueves, para que tanto la Comisión Europea como el Colegio de Comisarios aprueben una resolución más favorable al sector naval y que si tienen que devolver la deuda generada por el ‘tax lease’ sea la recibida a partir del 2011.
La inacción de años y la falta de un criterio homogéneo por parte de las instituciones europeas son los argumentos de peso que expondrá la delegación española en la reunión con el comisario de Competencia europeo, Joaquín Almunia, para influir en la resolución final de la comisión Europea, el próximo 17 de julio, sobre la devolución de la deuda generada por el tax lease y que recae sobre los armadores españoles, los bancos o grupos de inversión.
Los presidentes de Asturias, Javier Fernández, de Galicia Alberto Núñez Feijóo y de Euskadi, Iñigo Urkullu, han estado trabajando de forma conjunta en el argumentario que trasladarán al comisario Almunia. Desde el Principado se considera que llevan razones de peso en la cartera, nuevas o no, que son más que suficientes para que se revoque la decisión o que, por lo menos, la resolución recoja la devolución de las ayudas a partir de 2011, cuando la Comisión hace visible el expediente por supuestas ayudas de Estado al sector incompatibles con el mercado anterior.
La carta de la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a un armador hacia el año 2008 deja al descubierto la falta de una línea política homogénea en el marco europeo. En dicha misiva decía que no veía elementos de incompatibilidad con el mercado en este sistema de tax lease. Cuatro años más tarde, se vulnera la seguridad jurídica de los armadores cuando la Comisión considera que son ayudas ilegales, ocasionando un grave perjuicio a un sector muy competitivo, con una tecnología muy avanzada y altamente reconvertido.
No sólo está la vulneración jurídica, sino la inacción por parte de las instituciones europeas. El sistema tax lease, que son unas estructuras fiscales para financiar la construcción de buques en los astilleros, se aprueba en enero de 2002 y desde entonces hasta el 2011 la Comisión no actúa, pese a que en 2006 se produce una denuncia holandesa contra este sistema. Para los ejecutivos autonómicos afectados han pasado muchos años para decidir que son ayudas que no son compatibles con el mercado común, que es lo que supone la apertura del expediente. Es más, a juicio del Gobierno del Principado de Asturias, se ha vulnerado el principio de confianza legítima, porque tanto los armadores como los grupos inversores han actuado de buena fe.
Además, los gobiernos están atados de pies y manos, lo que dificulta la puesta en marcha de un plan B. No hay posibilidad de otras respuestas, porque “¿qué alternativa queda si te están prohibiendo un sistema de estructuras fiscales para posibilitar la financiación de los buques?”, se preguntan los responsables políticos. La única manera de ayudar sería con ayudas directas. Antes existían unas ayudas que se llamaban al funcionamiento, que se prohibieron porque eran más directas. Ahora, no hay fórmulas.
De ahí que el objetivo de la reunión con Almunia no sólo sea la foto, sino conseguir que no se produzca la devolución de la deuda. Fuentes del Gobierno de Asturias aseguran que la tesis que maneja el comisario de Competencia de que no afecta a los astilleros “no es creíble”, porque afecta de manera directa a financiadores y a inversores, y sin ellos “los astilleros no tienen futuro”. Se desconoce cuál será la reacción de la Comisión y la del Colegio de Comisarios, pero si se mantienen en la postura que hasta ahora avanzó el comisario Almunia, la resolución llega en el peor momento, porque perjudica a un sector que contribuye al equilibrio de la balanza comercial, en un momento tan delicado como el actual, y al empleo, ya que cuenta con trabajadores de alta cualificación.
El portavoz del ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, asegura que “no seremos complacientes” con aquellas instituciones que perjudiquen los intereses de Asturias. Un mensaje tanto para Joaquín Almunia como para el ministro José Manuel Soria, a quien el Gobierno de Asturias no percibe ni con la misma fortaleza ni la misma sensibilidad para defender al sector naval como lo hace con otros sectores. Y en cuanto al comisario de Competencia, desde el Principado se espera que sea sensible a los argumentos que los ejecutivos autonómicos le van a trasladar. “Ojalá”, dicen.