“Como antiguos opositores somos persistentes, insistentes y resilientes”. La advertencia la hizo hace unos días en una rueda de prensa en el salón de actos del edificio que alberga los juzgados de instrucción de Madrid el letrado de la administración de Justicia Juan José Yáñez, uno de los rostros públicos de este colectivo en su pulso con el Ministerio de Justicia en reclamación de mejoras salariales. El aviso parece cumplirse. La huelga indefinida que estos funcionarios iniciaron el pasado 24 de enero camina ya hacia su séptima semana y no hay visos de que el conflicto vaya a resolverse a corto plazo.
Las negociaciones entre el departamento que dirige Pilar Llop y los representantes de los letrados están estancadas. Tras acabar sin avances las dos reuniones celebradas esta semana, las partes iniciaron un intercambio de correos electrónicos que tampoco ha dado frutos. Este viernes, el comité de huelga comunicó que no hará más propuestas hasta que vuelva a reunirse la mesa de negociación. El paro ya ha provocado la suspensión de más de 200.000 actuaciones judiciales entre juicios, declaraciones y otras diligencias, según datos de los convocantes. Una situación que, sin duda, contribuirá a incrementar el estado de saturación endémica que ya viven juzgados y tribunales, coinciden distintos profesionales del ámbito de la Justicia consultados por elDiario.es.
La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos altos funcionarios –pertenecen al grupo A1, el mismo que jueces y fiscales– dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas. En los registros civiles celebran bodas, tramitan los expedientes matrimoniales previos o dan fe de las juras de nacionalidad.
Los promotores valoran el seguimiento de los paros en torno al 80%, una cifra que en Justicia rebajan de forma considerable. Según el Ministerio, el seguimiento del pasado jueves fue del 24% sobre el total de la plantilla y del 34% si se restan los funcionarios que están de servicios mínimos. En todo caso, las consecuencias se dejan ver en las sedes judiciales y registros civiles de toda España.
“Los juicios de hoy están suspendidos con motivo de la huelga de letrados”, recoge un cartel pegado con una chincheta en el tablón del Juzgado de lo Social 37 de Madrid. Solo en esta sede, donde hay 41 juzgados de lo Social en los que cada día se abordan decenas de procedimientos por despidos o accidentes laborales, se están suspendiendo alrededor de 60 juicios diarios desde que empezó la huelga. Los efectos de la movilización también son visibles en los registros civiles. En algunos, como en el de Palma, en Mallorca, las citas para juramento están paralizadas desde hace más de un mes.
Agendas saturadas
El juez Antonio Rodríguez, titular del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, ha tenido que aplazar un centenar de juicios porque la letrada de este órgano ha secundado la huelga. Hasta el momento ha podido recolocarlos antes de septiembre porque suele organizarse la agenda anual de forma que libera de señalamientos la segunda quincena de julio y la primera de septiembre, precisamente para cubrir posibles eventualidades.
“Pero a partir de ahora ya sí que no tengo hueco. Si la situación se mantiene, lo que se suspenda se irá a dentro de un año”, dice este juez, que afirma que en estas semanas también han entrado en su juzgado alrededor de un centenar de demandas que están pendientes de admitir. En todo caso, afirma que no incrementará su ritmo de trabajo por la incidencia de la huelga. “Ya es muy fuerte y no puedo aumentarlo. Los funcionarios [de la oficina judicial] también están anticipando trabajo, pero puede haber un colapso de notificaciones cuando se reincorpore la letrada”, vaticina.
La jueza Raquel Catalá, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 29 de Madrid, también teme un nuevo aluvión en una administración que ya vive una situación de saturación endémica y que no termina de iniciar el proceso de modernización y aumento de recursos. Especialmente, tras el “esfuerzo total” que supuso ponerse al día tras el parón de la pandemia. En los 34 juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid las demandas sin repartir alcanzan las 1.900. “Ya estamos señalando para dentro de más de un año. Y después vendrá todo esto”, explica. Según las cifras oficiales, los asuntos penales tardan 14 meses de media en resolverse. En la jurisdicción social la media está en casi un año.
En el juzgado de la jueza Catalá, las demandas sin repartir superan el medio centenar. Es la principal afectación que está sufriendo como consecuencia de la huelga porque la letrada adscrita no la está secundando. Sin embargo, los funcionarios sí están notando que entran menos escritos de lo habitual, por lo que temen que se pueda acabar produciendo ese efecto de aluvión cuando se resuelva una situación que se está “alargando mucho en el tiempo”, en palabras de la magistrada.
“Se están acumulando miles de demandas. Va a llegar un momento en que no va a caber en la agenda todo lo pendiente. Hay un problema endémico de fondo pero parece que a nadie le importa”, lamenta, por su parte, Estrella Hormazábal, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Oviedo. Hormazábal, que está secundando la convocatoria de huelga, vaticina un verdadero tapón que ni siquiera será comparable con la pandemia. “Entonces sólo hacíamos lo urgente, pero no entraban cosas porque estaba todo parado. En medio año lo solucionamos, ahora no va a ser así”, sostiene.
La situación es tal que varios tribunales autonómicos ya están reclamando planes de refuerzo para compensar el impacto de la huelga. Es el caso de Asturias, Murcia o Andalucía, que han pedido a Justicia que libere los recursos necesarios. En 2008, con Mariano Bermejo como ministro, Justicia tuvo que poner en marcha un plan de actuación con prolongaciones de jornada y apertura de los juzgados por las tardes para poner al día la tramitación de asuntos tras más de dos meses de huelga de los funcionarios judiciales.
En las sedes judiciales las conversaciones sobre la huelga también son habituales en los pasillos, donde los abogados conversan con sus clientes antes de ser llamados a las salas de vistas. “La incertidumbre es total. No nos enteramos de si hay o no juicio hasta la hora en la que está señalado. Parece que nuestro tiempo no importa”, lamenta el abogado Mauricio González, que tiene su despacho en Marbella (Málaga). A mediados de febrero recomendó a los letrados avisar de las suspensiones para evitar “desplazamientos innecesarios”, aunque no todos los están haciendo.
Juicios sin letrado
Entre tanto, el pasado martes, el titular del Juzgado de lo Social 1 de León acordó celebrar hasta siete juicios a pesar de que la letrada judicial del órgano estaba ejerciendo la huelga y no eran procedimientos incluidos en los servicios mínimos. En un auto, el magistrado explicó que tomaba esa decisión tras haberlo “solicitado” las partes y tras ponderar los derechos en juego: el derecho a la huelga y los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. Argumentó, entre otras cuestiones, que la celebración del acto de juicio “no requiere de la presencia física” del letrado, que podría firmar digitalmente la grabación registrada a través del programa oficial e-Fidelius cuando se acabe la huelga.
El magistrado Rodríguez admite que esta decisión ha sido durante los últimos días objeto de debate entre los jueces. Él considera que, con la ley en la mano, no se pueden celebrar juicios sin la presencia de estos funcionarios. “Parece que alguno quiere que los jueces tomemos decisiones para dar una solución a esta situación. Pero los jueces ni somos el problema ni podemos ser la solución”, añade.
La magistrada Catalá también cree que es un terreno pantanoso. Considera que puede ser un motivo para alegar indefensión por la parte que pierda el pleito y cree que también puede haber problemas si, por cualquier circunstancia, hay algún incidente con la grabación y el letrado no puede dar fe de ella.
Aumento de competencias
El conflicto que ahora le ha estallado a la ministra Llop se remonta a hace más de una década, cuando una reforma procesal aligeró en 2009 las tareas de los jueces y aumentó en un 30% las competencias a los letrados, aunque sin aumentar su retribución. Tras 12 años esperando una adecuación salarial, Justicia y los sindicatos acordaron en abril de 2022 mejorar el régimen retributivo de estos funcionarios a través de un complemento de 195 euros brutos mensuales, lo que supone un aumento del 5,26% en su salario anual.
En Justicia afirman que el salario de los letrados crecerá de media un 14,76% en los próximos tres años gracias a esta subida y el alza que con carácter general van a experimentar los sueldos de los funcionarios. Según datos de este departamento, los letrados cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, lo que supone entre un 80% y un 145% más que otros funcionarios de la Administración General del Estado de sus mismos niveles.
Después de esperar más de una década, las asociaciones convocantes consideran insuficiente la citada subida de 195 euros mensuales. Y reconocen que esta cifra está en el origen de las reivindicaciones de los últimos meses, que han incluido otras cuatro convocatorias de huelga hasta llegar al actual paro indefinido. Justicia rechaza la petición formulada por los promotores de que se implante la llamada “cláusula de enganche”, con la que pretenden que cada letrado cobre el 85% de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales. Reclaman, además, que la masa salarial del cuerpo de letrados no pueda ser inferior al 85% de la masa salarial de la carrera judicial.
“Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas”, ha llegado a decir el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. El ‘número dos’ de Llop ha comparado a los letrados con el el colectivo de controladores aéreos, cuyo plante masivo durante el puente de la Constitución de 2010 llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma y a militarizar el control del tráfico aéreo.
El único ofrecimiento que ha hecho Justicia es relativo a la revisión de los llamados grupos de población para mejorar la retribución de los letrados destinados en lugares con menos habitantes y que cobran sueldos menores. Ha ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que, en más de 700 casos, alcanzan los 5.000 euros anuales, según cifras ofrecidas por el departamento que dirige Llop. El comité de huelga rechaza esta propuesta con el argumento de que solo afecta a un tercio de los letrados y que, para la mitad de estos, la subida salarial será de sólo 10 euros mensuales.
Juan José Yáñez, miembro de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) e integrante del comité de huelga, lamenta que el Ministerio esté instalado en lo que define como una “táctica de desgaste”. “Quieren ir alargando el conflicto para que la gente eche cuentas de lo que le supone económicamente y lo que le va a suponer después recuperar el juzgado. Pero vamos a seguir”, afirma. “Hemos dado el golpe y la gente está unida. Ya es una cuestión de dignidad”, sentencia la letrada Hormazábal.