La relevancia de los indicios de un montaje policial contra la doctora Elisa Pinto crecen después de que la Audiencia Provincial de Madrid asegure en un auto que constan en la causa informes elaborados por la Policía Nacional que tienen una “fiabilidad empañada”. Tres jueces de la Sección Decimoquinta han rechazado los recursos del empresario Javier López Madrid y del comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el auto de pase a procedimiento abreviado en una decisión que aboca a ambos al banquillo de los acusados por amenazas, coacciones y lesiones con instrumento peligroso a la dermatóloga Elisa Pinto.
Ambos tendrán que responder, por tanto, por la campaña de acoso, intimidación y agresión a la mujer, que habría puesto en marcha el yerno de Juan Miguel Villar Mir y para la que habría contratado al comisario Villarejo, entonces en activo. Sin embargo, la alusión a los informes policiales de “fiabilidad empañada” tiene que ver con los encargos que el entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política del PP, hizo a un subordinado, el comisario Alberto Carba, actualmente al frente de la comisaría más grande de Madrid, la del distrito Centro.
Como publicó elDiario.es, la Guardia Civil encontró en el teléfono de López Madrid, requisado en el marco de su detención en el caso de corrupción Lezo, unos mensajes con el comisario Carba en los que se apreciaba el trato de favor que el poderoso empresario había recibido del policía. Éste, a su vez, había recibido el encargo de volver a investigar desde el principio las denuncias cruzadas entre López Madrid y Pinto, justo cuando los avances de la investigación tenían al borde de la imputación al comisario Villarejo, implicado de lleno en ese momento en las actividades de la brigada política.
Según la defensa de Pinto, Carba dirigió la investigación en una sola dirección: encontrar a la doctora culpable de amenazas y coacciones a López Madrid y así lo hizo. “Este partido lo vamos a ganar”, le llega a decir el comisario Carba a López Madrid en uno de los mensajes, pese a la imputación y orden de alejamiento de la doctora que pesaba sobre el empresario dictada en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Ni Pino ni Carba han resultado imputados en la causa.
“La investigación está concluida, los hechos y sus autores delimitados, la calificación jurídica expresada por el juez de instrucción, procede por ello la confirmación del auto impugnado”, resuelven los jueces de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid Ana Revueltas (ponente), Luis Pelluz y Carmen Herrero contra los últimos recursos de Villarejo y López Madrid.
En el marco del mismo “hostigamiento”, pero por el delito de cohecho, al haber contratado López Madrid a un funcionario público, el empresario y el policía van camino del banquilllo también en la Audiencia Nacional en una pieza separada de la causa Tándem.
Los magistrados destacan como “ciertamente preocupante” que unos hechos ocurridos en 2014 y de los que su Sala se pronunció por primera vez en abril de 2017 –cuando ordenó a la jueza Belén Sánchez su reapertura y ordenó la rueda de reconocimiento que implicó definitivamente a Villarejo– todavía no haya sido juzgado. Y de ello responsabiliza directamente a los abogados de la acusación particular, ejercida por Pinto, y de la defensa de López Madrid y Villarejo. “Han desplegado todo un escenario circunstancial que ha ralentizado el procedimiento penal hasta límites cuasi fraudulentos”, añaden.