La Audiencia de Madrid ordena una auténtica investigación al PP por destruir los ordenadores de Bárcenas
El episodio de la posible destrucción de pruebas de la financiación irregular del PP por parte de la formacion política no ha terminado. Después de que la Audiencia de Madrid extraviara la causa y se repusiera parte de la documentación, una jueza archivó la investigación. Ahora, la Sección Cuarta ha rectificado aquella decisión y ordena a la magistrada Esperanza Collazos que practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
“La decisión de sobreseimiento provisional se adoptó por la instructora inmediatamente después de incoar el procedimiento. Esto es, sin practicar diligencia de investigación alguna sobre los hechos”, recoge el auto de la Sección Cuarta, que supone un duro correctivo a la jueza Collazos. Así es imposible, entre otras cosas, conocer “quién ordenó” la destrucción de los discos duros, añaden los magistrados.
La Seccción Cuarta estima los recursos presentados por las representaciones de Izquierda Unida y otros partidos, Observatori Desc -ambas también acusación popular en el caso de la caja B del PP- y de UPyD . Las acusaciones populares denuncian un presunto delito de daños y otro de encubrimiento. La Fiscalía se sumó al Partido Popular en contra de los recursos de las citadas organizaciones y para lograr el archivo definitivo.
“Desconoce también este tribunal quien o quienes acordaron u ordenaron en la sede del Partido Popular la destrucción de las unidades de disco duro, pues este aspecto no ha sido investigado ni esclarecido; no consta tampoco en las actuaciones si el seno de la organizsación de la formación política del Partido Popular existía o no un protocolo formal, conocido o aceptado por sus trabajadores, sobre el uso de las herramientas informáticas…”, continúa el auto.
El origen de la causa está en la petición de dos unidades de disco duro que el juez Pablo Ruz solicitó al PP durante la instrucción de la causa conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’. El partido respondió que habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos allí almacenados. Ruz apreció entonces posible delito informático y de encubrimiento y se inhibió en favor de la Audiencia de Madrid al no ser él competente para investigarlos.
Como ocurrió con las agendas de las secretarias y el registro de visitas a la sede de Génova, el juez Ruz se topaba con la desaparición de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de la financiación irregular del partido, algo que consideró indiciariamente acreditado cuando cerró la instrucción.
La jueza Collazos afirmó, sin embargo, que no constaba la relevancia para la causa de la caja B de los documentos destruidos. La Sección, sin embargo, se pregunta cómo puede concluir eso si desconoce el contenido de los ‘papeles de Bárcenas’ y el pen drive que entregó al juez Ruz el extesorero con parte de la información destruida. Ni una cosa, ni otra han sido incorporadas a la causa del Juzgado número 32 de Madrid en momento alguno.
La Fiscalía, con el PP
Para la Fiscalía, el PP destruyó algo que le pertenecía, por lo que no hay delito de daños informáticos. En cuanto al encubrimiento, el Ministerio Público alegaba que no se puede investigar ese posible delito si todavía no se conoce que hubiera algo que ocultar porque un tribunal no se ha pronunciado, o lo que es lo mismo, mientras no haya sentencia de los papeles de Bárcenas.
Ambas tesis fueron asumidas por la jueza que recibe un duro correctivo por parte de la Audiencia de Madrid. Los magistrados exponen diversa jurisprudencia del Tribunal Surpemo según la cual el ordenador puede ser de la empresa, pero los archivos creados en él por el trabajador le pertecen
“El ordenador es solo el continente y los ficheros constituyen un contenido ajeno creado o almacenado en la herramienta informática, por lo que la titularidad de los dispostivos electrónicos y herramientas informáticas suministradas a un trabajador no se extiende sin más, salvo acuerdo previo, a los ficheros digitales creados con ellas ni a aquellos otros que en las mismas hayan podido ser almacenados por el usuario”, explica la Sección Cuarta. Además, los jueces se preguntan si se entregó una copia a Bárcenas. “Su denuncia por robo invita a deducir que no”, escriben los magistrados.
La Audiencia alude al retraso que ha sufrido la causa. Se trata, según dicen los magistrados, de una “insólita y azarosa tramitación procesal” que ha provocado que ellos conocieran de la misma un año y tres meses. Por una parte, está extravío citado y, por otro, que la jueza tardó un año en resolver algunos de los recursos.
