Los magistrados de la Sala estiman el recurso de la acusación y reabre la causa del conocido como 'caso Facturas'
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa por una posible financiación irregular del PSOE de Leganés durante la precampaña de 2007, cuando dirigía el Consistorio del municipio madrileño, y exige a la jueza instructora que amplíe la investigación para determinar quién pagó las inserciones publicitarias de dicho partido en periódicos locales durante la primera mitad de ese año. Según los denunciantes, el PP de la localidad que hoy ocupa el Gobierno local, la propaganda fue sufragada por empresas concesionarias del Ayuntamiento.
En un duro auto contra el proceder de la magistrada, al que ha tenido acceso eldiario.es, la Audiencia hace hincapié en “la rotundidad” del testimonio de la comercial de uno de los periódicos locales investigados. Dicha declaración, que fue completamente obviado por la jueza instructora, tienen visos de veracidad para la Sala y se compadece con otras declaraciones que, aunque negaban los hechos, sí corroboraban la autenticidad de la documentación presentada por los denunciantes.
Durante su comparecencia ante el juzgado número 8 de Leganés, la testigo aseguró que recibió órdenes de sus superiores de que “para poder facturar lo que había pendiente de abonar respecto de la campaña electoral publicitaria del PSOE, dicha facturación debía llevarse a cabo a Urbaser y a Helechos”. Este 'modus operandi' fue ratificado por otros testimonios de empleados de las empresas implicadas. Ambas sociedades recibían contratos de servicios de recogida y gestión de residuos del Gobierno municipal que dirigía el socialista Rafael Gómez Montoya.
La causa se asienta sobre las supuestas facturas que emitieron los periódicos y las compañías pagadoras. Durante la instrucción, la empresa encargada de gestionar la publicidad, Anuntis, presentó facturas rectificativas de todas las que había esgrimido la acusación como prueba. La Sala asegura en su auto que dichas rectificaciones se hicieron “en todos los casos a instancias de las entidades Urbaser y Helechos [las concesionarias implicadas en el escándalo]” y zanja: “Es una práctica sorprendente que puede responder a una finalidad de enmascaramiento”.
A la jueza de Leganés no pareció llamarle la atención este extremo incluso cuando uno de los testigos, contable de una de las empresas, declaró que nunca se había “abonado ninguna factura rectificativa de otra anterior”, según consta en el auto de la Audiencia que estima el recurso interpuesto por la acusación contra el sobreseimiento de la causa decidido por la instructora.
Además, los tres magistrados de la Sala constatan “que se ha producido una dilatada investigación de la causa, con la recepción de abundantes declaraciones testificales, sin conocimiento alguno por parte de los imputados y sin recibirlos en declaración”. Es decir, que la jueza no ha informado en ningún caso a los investigados de qué trámites estaba siguiendo ni les ha preguntado por los hechos denunciados, tal y como obliga el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por todo ello, la Sala ordena a la jueza instructora que “con carácter prioritario” llame a declarar al exalcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya; a su esposa y exdirectora de medio ambiente del Consistorio, Carmen Blázquez; y al también exconcejal del mismo área Francisco Arroyo. Asimismo exige recabar tanto de las empresas acusadas de abonar las inserciones como de la Agencia Tributaria toda la información relativa a la facturación correspondiente al periodo afectado.