La Justicia rechaza la imputación de Esperanza Aguirre por irregularidades en un hospital privatizado

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza que se investigue a Esperanza Aguirre por delitos de prevaricación y malversación por las supuestas irregularidades en la explotación del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. En un auto fechado el 28 de enero, los jueces de la Sección Tercera confirman la decisión de la jueza de instrucción, Mónica Aguirre de la Cuesta, de no imputar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid al desestimar el recurso de la Fiscalía. La Audiencia Provincial rechaza igualmente la imputación del entonces consejero de Sanidad, Juan Jesús Güemes, y de la viceconsejera Ana Sánchez Fernández, para quienes Anticorrupción también solicitaba la declaración como investigados. 

Anticorrupción puso el foco en noviembre de 2020 en una modificación del contrato de construcción y explotación de este hospital que se hizo “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo” y que permitió a la adjudicataria —una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease— cobrar durante años cantidades millonarias por servicios “nunca prestados”. En concreto, por 135 camas que no están en servicio. Anticorrupción calcula un “menoscabo a los caudales públicos de la comunidad autónoma en una cantidad superior a los 10 millones de euros” y asegura no tener constancia de que se haya reestablecido el equilibrio económico del contrato. 

La jueza rechazó el pasado 17 de noviembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Aguirre, Güemes y Sánchez con el argumento de que no se le puede atribuir responsabilidad penal a alguien “por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”, de acuerdo a jurisprudencia que cita del Tribunal Supremo.

En su auto, la Audiencia de Madrid recupera este razonamiento y cita dos recientes resoluciones del Alto Tribunal a las que aludió la magistrada. Una de ellas, la que en octubre de 2020 inadmitió una querella de Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Otro, el auto en el que la Sala de lo Penal inadmitió varias decenas de denuncias y querellas contra miembros del Gobierno por la gestión del COVID-19 en diciembre de ese año.

Con esta decisión, la eventual responsabilidad se limita, por el momento, a la directora general hasta ahora investigada, Elena de Mingo, y acepta tomar declaración como imputado a Jesús Alejandro Vidart, quien fuera director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos. 

El Hospital Puerta de Hierro, inaugurado en 2008, fue uno de los siete construidos bajo el Plan de Infraestructuras 2004-2007 con un sistema público-privado. Este modelo consiste en que un conglomerado de empresas construye el edificio y, a cambio, recibe un canon por las obras y por encargarse de los servicios no sanitarios (limpieza, lavandería, mantenimiento…). Ese canon se calcula en función del número de camas y la ocupación. 

El contrato de concesión para la construcción y explotación de ese hospital se adjudicó el 18 de marzo de 2005 a la citada UTE. Tres años después, el 28 de mayo de 2008 —poco antes de la inauguración, que tuvo lugar en septiembre de ese año— se modificó “eludiendo cualquier procedimiento administrativo” y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales. Eso redujo las camas de hospitalización inicialmente ofertadas por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon pero sin que se realizara un reequilibrio económico que se ajustara a la nueva oferta. Es decir, sin recalcular la cantidad que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar a la concesionaria.

Para la Fiscalía, esta reducción del número de camas hospitalarias se hizo al margen “del más mínimo procedimiento administrativo”, lo que supone una “ilegalidad radical”. En su querella, Anticorrupción explica además que el único “sustento habilitante justificativo” de dicho cambio fue una resolución que “no existió”, tal y como se ha comprobado a través de los requerimientos efectuados a la Consejería de Sanidad. Se trata de una supuesta resolución del 5 de mayo de 2008 de la Dirección General que estaba en manos de De Mingo “dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos”, que entonces era Esperanza Aguirre. 

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, ya reflejó en 2017 que fue la Dirección General de Infraestructuras “a requerimiento de la Presidencia de la Comunidad de Madrid” la que “ordenó” que se adecuasen determinadas habitaciones de hospitalización a uso individual. 

En consecuencia, de 135 habitaciones equipadas como dobles se retiró la cama hospitalaria, la mesilla, el sillón de paciente, la silla de acompañante y la cortina separadora; y se colocaron 135 sofás-cama. El hospital cuenta con 613 camas instaladas, según la última memoria publicada, de 2018. Tras la publicación de ese dictamen, el Ejecutivo regional anunció la apertura de un procedimiento sancionador contra la concesionaria por el que iba a reclamarle cuatro millones de euros por los servicios no prestados.