La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía contra la última investigación emprendida desde el juzgado de Manuel García Castellón contra Podemos y su supuesta financiación irregular, avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas. El Ministerio Público alegaba en su recurso que las diligencias ordenadas por el magistrado tenían carácter prospectivo y excedían el objeto del procedimiento.
Durante la baja médica de García Castellón, el juez Joaquín Gadea ordenó un informe a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir de la declaración del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, apodado El Pollo, quien pasa detenido sus últimos días en España a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico a gran escala. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ante el juez Gadea y este rechazó todas las objeciones del Ministerio Público excepto una. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, recurrió a la segunda instancia, la Sala de lo Penal y la Sección Tercera de ésta, presidida por Alfonso Guevara, ha estimado el recurso.
Según las fuentes consultadas, la causa reabierta contra Podemos, que permanece bajo secreto, queda muy debilitada ya que solo restan unas comprobaciones por practicar y se evita la amplia investigación prospectiva que pretendía el juzgado. Ahora se trataría, en la medida de lo posible, de verificar las afirmaciones del 'Pollo Carvajal', que en sus declaraciones remite a terceros ilocalizables, o que no están apoyadas en documentos verificables.
En realidad, esta no es una causa nueva sino de otra sobreseída provisionalmente en 2016 y ahora reabierta por el juzgado de García Castellón tras las afirmaciones en sede judicial del Pollo Carvajal. El exjefe del servicio de Inteligencia venezolano presentó un informe sobre supuestas entregas de fondos a varios políticos, entre ellos Juan Carlos Monedero, con los que financiar la creación del partido político Podemos por parte del régimen chavista. Se trataría de supuestas entregas fechadas en el año 2008, siete años antes de que la modificación del Código Penal en 2015 incluyera el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, auténtico objeto de la causa reabierta.
Carvajal declaró ante el juez García Castellón que poseía documentación sobre las entregas a Monedero en el marco del proceso de su extradición a Estados Unidos, un procedimiento en el marco del cual no cabía abrir una investigación sobre los hechos que estaba denunciando. García Castellón recurrió entonces a una causa abierta y archivada de inmediato en su juzgado en 2016, antes de que él regresara de su plaza en Roma, y que versaba sobre la posible financiación irregular de Podemos.
Aquella causa retrotrae a las actividades parapoliciales en el Ministerio del Interior para hacer frente a la oposición –primero en Catalunya, después contra Podemos–puestas en marcha durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Unas maniobras que tuvieron uno de sus episodios más visibles en el denominado informe PISA (que se refiere a las siglas de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), cuyo contenido fue publicado por varios medios de comunicación justo cuando arrancaban los contactos de PSOE y Podemos para la posible formación de Gobierno.
En 2016, un juzgado de Zaragoza se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por la denuncia de un grupo llamado Unión Cívica en base a recortes de publicaciones acerca del informe PISA. Tras la detención el pasado año del Pollo Carvajal y sus acusaciones entonces contra Podemos, el magistrado García Castellón dictó un auto en el que reabría la causa de 2016, la declaraba secreta y procedía a citar de nuevo en el plazo de una semana al exmilitar venezolano. Se da la circunstancia de que detrás del informe PISA se encuentran los miembros de la brigada política que están imputados por el propio García Castellón en la pieza Kitchen del caso Villarejo, según ha declarado uno de ellos en el juzgado.
La “estrategia dilatoria” del 'Pollo' Carvajal
Con la causa reabierta contra Podemos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional calificó el pasado octubre las acusaciones de Hugo Carvajal contra Podemos como “una estrategia dilatoria” respecto a su extradición a Estados Unidos. Estados Unidos acusa a Carvajal de “narcoterrorismo” y una conspiración para trasladar al citado país 5,6 toneladas de cocaína, así como delitos relacionados con el uso y tráfico de armas de fuego.
La misma Sección Tercera de la Sala de lo Penal que anula ahora las diligencias de García Castellón por prospectivas ya advirtió al juez de que no suspendería la entrega a Estados Unidos del 'Pollo' Carvajal para que fuera interrogado por el magistrado y que no tenía siquiera que informarle de la fase de ejecución de la extradición, “exclusiva de esta sección como única autoridad judicial competente”, recogía el auto. Carvajal ha logrado retrasar la entrega con un último formalismo por resolver.
Los periódicos El Mundo y El Confidencial informaron en su momento del auto dictado por el juez Gadea en el marco de la causa secreta y en el que se incluían las diligencias que ahora han sido anuladas. El magistrado de refuerzo ordenó a la UDEF que rastreara los movimientos bancarios en favor de Monedero, Carolina Bescansa y Jorge Lago, tres de los políticos implicados en la formación de Podemos. El vínculo para el traspaso de fondos serían las empresas Viu Comunicaciones y Viu Europa. Gadea, según estos medios, también solicitó a la Policía que indagara en la supuesta presencia de Monedero en Venezuela en las fechas indicadas por el ex jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez.
Los citados medios han publicado que Carvajal ha entregado a la Audiencia Nacional un documento sobre pagos de Venezuela al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculado en el pasado a varios responsables de Podemos, por más de 4 millones de euros en concepto de labores de asesoría y apoyo técnico. El documento está fechado el 26 de mayo de 2008. Habría otro documento más reciente, fechado en 2016, para que Nicolás Maduro autorizase el uso de medio millón de dólares para facilitar que la petrolera pública PDVSA participe en un congreso mundial del petróleo celebrado en Moscú y que para ello se contrate a Viu Comunicaciones, que habría actuado como empresa pantalla para financiar a Podemos, siempre según la versión sin pruebas del ‘Pollo’ Carvajal.