La Audiencia Nacional archiva la causa contra Villar Mir por financiar con dinero negro al PP madrileño

El empresario Juan Miguel Villar Mir vuelve a librarse de una imputación por financiar de forma ilegal al Partido Popular. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, que archive la causa contra Villar Mir en el caso Púnica porque, entre otros motivos, “no ostentaba cargo ejecutivo alguno” en la constructora que fundó, OHL, cuando se produjeron las supuestas inyecciones de dinero negro al PP de la Comunidad de Madrid, entonces liderado por Esperanza Aguirre, para las campañas electorales de 2007 y 2011.

La causa Púnica tiene una pieza dedicada a la financiación irregular del PP madrileño, la número 9. Villar Mir estaba imputada en ésta y en otra, la número 8, sobre las irregularidades en la adjudicación del proyecrto de tren ligero a la localidad madrileña de Boadilla del Monte. En ambos casos, y en contra del criterio del juez instruccción y de la Fiscalía Anticorrupción, tres jueces de la Sala de lo Penal han considerado que no existe indicio alguno contra el poderoso empresario, alto cargo en el franquismo. Los tres magistrados que firman el auto son los conservadores Carmen Paloma González, Juan Francisco Martel y Fermín Javier Echarri. 

“No existe dato alguno que corrobore la participación, conocimiento o autorización del señor Villar Mir en esas supuestas donaciones, ya que como hemos dicho, ni en el año 2007, ni en el año 2011, durante las cuales, supuestamente se sufragó el gasto de las campañas elecotrales del citado partido político en la Comunidad de Madrid, no ostentaba cargo ejecutivo alguno en OHL, sin perjuicio de la participación de otro de los investigados, el señor López Madrid, al cual le unía una relación familiar. Ningún dato, siquiera indiciario, permite sostener ya el conocimiento, ya el consitimiento de dichas acciones”, acuerdan los citados magistrados. 

En esa pieza de financiación irregular del PP madrileño está imputado, como recoge el párrafo anterior, Javier López Madrid, en la actualidad consejero delegado del Grupo Villar Mir y marido de la hija de Juan Miguel Villar Mir. Condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, López Madrid está próximo al banquillo por acoso y amenazas a la doctora Elisa Pinto y tiene la condición de investigado en la Audiencia Nacional por encargar el apuñalamiento de la mujer al comisario Villarejo. 

La Sala de lo Penal recupera jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (sentencia 756/2018) según la cual “el mero hecho de ser administrador único de una sociedad o grupo empresarial no constituye dato suficidente para atribuirle cualquier hecho delictivo que se perpetre en el ámbito empresarial”. Esa misma sentencia matiza que, en cualquier caso, “sí ha de entenderse que tiene conocimiento de los actos más relevantes y reiterados” en el seno de su empresa. Los jueces de la Audiencia Nacional toman este fallo como referencia y aseguran que Villar Mir era en el momento de los hechos presidente no ejecutivo de OHL y que los estatutos de la empresa indican que para que se le consulte un proyecto éste debía de superar los 60 millones de euros. 

Próximo el fin de la instrucción, los jueces de la Sala de lo Penal consideran que el archivo de la causa contra Villar Mir no es una decisión que “se reputa prematura ni precipitada, sino todo lo contrario, al eliminar la pendencia de la condición de investigado de un sujeto del que tan solo existen meras conjeturas de una supuesta participación en conductas de relevancia penal”.

La Fiscalía había argumentado que Villar Mir tuvo incidencia directa en los hechos investigados en la pieza 8, la del tren a Boadilla. El alcalde entonces de esa localidad relató en sede judicial que en la inauguración del metro ligero en 2006, el empresario se dirigió a Esperanza Aguirre para pedirle que “le echase una mano” porque, según dijo, “la obra se estaba complicando”, así como que “ellos habían colaborado en lo que se le había pedido”. Contra estos indicios dice la Sala que no se han ratificado a lo largo de la instrucción e insiste en que Villar Mir dejó la presidencia ejecutiva de la compañía en abril de 2004 y que uno de los beneficiados en a través de la UTE para el proyecto, David Marjaliza, ha desvinculado a Villar Mir de los hechos. 

Villar Mir estuvo imputado en el caso de la caja B como una veintenta de grandes empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas por inyectar dinero negro al Partido Popular. La causa fue archivada para ellos en 2015 por falta de indicios para vincular entregas de dinero con adjudicaciones de administraciones controladas por los conservadores. Recientemente la línea de investigación del cohecho ha sido reabierta. 

El pasado enero, el juez García-Castellón archivó la imputación contra el exconsejero delegado de Indra y actual presidente no ejecutivo de Prisa y de Openbank (filial digital del Banco Santander) en la pieza de la financiación irregular del PP madrileño con el argumento de que de los estatutos de la compañía no se desprende una “obligación de vigilancia y control” al presidente como la que “se le imponía” cuando le citó como investigado. La Fiscalía Anticorrupción recurrió, pero la Sala de lo Penal dio la razón a García-Castellón.