La Audiencia Nacional archiva la investigación secreta sobre la supuesta trama rusa del procés

La causa judicial sobre la presencia de espías rusos en Catalunya en fechas previas al referéndum del 1 de octubre de 2017 ha sido archivada por la Audiencia Nacional al no encontrar indicios mínimos de delito. El sumario, instruido y cerrado en secreto, revela que el paso por Barcelona de un general de la Inteligencia militar rusa era solo una pata de una investigación más amplia impulsada por la Policía Nacional y que pretendía indagar en presuntos vínculos de Moscú con una serie de destacados activistas del proceso soberanista en torno a la cita del 1-O.

El sumario 86/19 fue abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en noviembre de 2019 y archivado en julio de 2020, hace nueve meses, sin que haya trascendido hasta ahora. Su origen es un informe de la Comisaría General de Información de la Policía, fechado el 28 de octubre de 2019, alertando de la supuesta injerencia rusa en el 1-O y solicitando la apertura de diligencias. 

Nueve meses después, en julio de 2020, el Juzgado dictó un auto de archivo de las actuaciones de acuerdo al criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un duro escrito de su teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, se reprocha a los agentes que en ese tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y “links” a informaciones de medios de comunicación. Carballo se opone en el escrito a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional y solicita el archivo de la causa. 

“Nada se aporta por la vía policial que nos permita mantener abierta esta investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, con todas las garantías, ese tipo de investigaciones están prohibidas”, se lee en el informe del número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El 21 noviembre de 2019, 'El País' desveló la apertura de una investigación secreta en la Audiencia Nacional por la presencia en Catalunya el 29 de septiembre de 2017 de de Sergei Fedotov, al parecer el nombre en clave de Denís Serguéiev, general del servicio exterior de la inteligencia militar rusa. Nada trascendió entonces acerca de que las pesquisas apuntaban a ciudadanos de nacionalidad española que actuarían en connviencia con los rusos. 

El dato del viaje de Fedotov era conocido de antes. La web de investigación rusa Bellingcat lo había publicado en febrero de 2019. En su información añadía que habían sido al menos tres los miembros del GRU, acrónimo del citado servicio de Inteligencia ruso, los que habían pasado por España. Otras informaciones apuntaban a que Fedotov solo estuvo de paso por Barcelona y que su destino era Suiza. La noticia de la investigación de la Audiencia Nacional estuvo seguida de otras sobre las misiones en Europa occidental de la Unidad 29155 del GRU, que incluían la eliminación física de adversarios del Kremlin.

El confidente señala al empresario Oriol Soler

La clave en la apertura de la investigación está en el testimonio del confidente policial que parece trasladar, primero a los agentes, y luego al juzgado, la información ya publicada por Bellingcat, así como otra desconocida y, sobre todo, la supuesta conexión de todo ello con el independentismo catalán. El confidente ofrece una serie de nombres de conocidos activistas del procés, entre los que destaca Oriol Soler, empresario del sanedrín de dirigentes externos al Govern que organizó el 1-O. 

Soler está imputado desde finales de 2019 en una causa del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en la que trabaja la Guardia Civil. Al empresario, cercano a ERC, se le atribuyen distintos delitos de corrupción y tráfico de influencias supuestamente vinculados a la financiación del proceso soberanista y, concretamente, de Tsunami Democràtic. Pero los hechos a los que se refiere el confidente de la Policía son otros. Se remontan a momentos previos y también posteriores al referéndum de 2017 y son, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, actuaciones sin visos de ilegalidad que además han sido ampliamente recogidas por los medios de comunicación.

“Esas afirmaciones quedan ayunas en todo sustrato fáctico en cuanto se intenta ver su enlace o imbricación con el delito investigado. Que sean perfiles de personas cercanas a las tesis independentistas no supone un hecho que se pueda ser objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la lúz pública y a traves de medios en modo alguno ilegales”, recoge el escrito del fiscal, fechado el 25 de junio de 2020. Carballo fue el representante del Ministerio Público en la vertiente del procés que se instruyó y juzgó en la Audiencia Nacional, y que acabó con la absolución del major Trapero entre otros, y representa al Ministerio Público en la causa del mismo Juzgado número 6 contra Tsunami Democratic y los CDR. 

Una de las informaciones que aportó la Policía a la Audiencia Nacional en el caso de las supuestas injerencias rusas es la visita que Soler hizo a Julian Assange el 9 de noviembre de 2017, en su entonces refugio de la Embajada de Ecuador en Londres, y de la que 'El País' informó cuatro días después. Aquel viaje se enmarcó en una gira de Soler por varios lugares del mundo en relación con el procés, incluido Rusia, de la que dieron cuenta varios medios de comunicación hace cuatro años. Cuando Soler visitó a Assange éste ya había fijado su atención en Catalunya y expresaba en redes sociales su apoyo al proceso soberanista y en contra de la actuación de las autoridades españolas.  

Se da la circunstancia de que la Guardia Civil también vincula a Oriol Soler con “una estrategia de desinformación y desestabilización” en la que participaría el Kremlin, “como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso”. Así aparece recogido en los informes de la Guardia Civil para el juez que investiga a Soler en Barcelona, que igualmente se basan en la visita de Soler a Assange, además de en un audio hallado en el teléfono del exresponsable internacional de Convergencia Víctor Terradelles (que él niega haber grabado) en la que éste asegura que tres días antes de la declaración de independencia, el jefe de un “grupo ruso” con el que había contactado ofreció a Carles Puigdemont “contar con diez mil soldados y pagar toda la deuda catalana”.

La Policía pidió registro de llamadas que el juez rechazó

En la investigación de la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía presentó el pasado verano el informe que critica la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En él, los agentes solicitaban autorización judicial para acceder al tráfico de llamadas de varios individuos, así como al fichero de titularidades financieras de cuatro personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público se opuso y pidió el archivo, acordado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía.

El fiscal Carballo se refiere expresamente en su informe a la trama de los espías rusos en Catalunya y la afirmación del confidente de que “actuarían al servicio de una potencia extranjera en contra de los intereses españoles”. “Las indicaciones de que sean, o no, miembros de un servicio secreto solo aparecen en medios periodísticos, y así se recoge en el informe. Pero este hecho, por sí mismo, carece de relevancia penal a los efectos aquí buscados; igual modo el hecho de que los mismos o algunos de ellos (Fedetov) haya estado en nuestro país en nada empece lo dicho por cuanta estancia no parece poder relacionarse con algún hecho de trascendencia penal, más allá de los consabidos ‘links’ a los artículos de prensa a los que venimos refiriendo de forma reiterada”, dice Carballo en referencia a las informaciones periodísticas.

Fuentes policiales aseguran que las posibilidades de que la investigación prosperara desaparecieron casi por completo con la publicación en noviembre de 2019 de que se había abierto una causa en la Audiencia Nacional. Destacan que la causa secreta salió a la luz apenas tres semanas después de la solicitud de apertura de diligencias por parte de la Comisaría General de Información. El 11 de noviembre el testigo había ido a declarar y el 19, dos días antes de las informaciones publicadas, entregó diversa documentación en el juzgado. Según fuentes del caso, además de a la Policía, el testigo había acudido a la Guardia Civil antes de que la Audiencia Nacional abriera la causa. 

Según relata el fiscal, el confidente narró “una compleja trama de injerencia orquestada por Rusa que habría interferido mediante un software específico para la manipulación de las redes sociales en el denominado referéndum soberanista catalán del primero de octubre de 2017”. 

Uno de los catalanes señalados por el testigo habría contribuido a la desconexión de un programa de protección y, a partir de ahí, se identificaron 2.200 cuentas falsas dedicadas a desacreditar al Gobierno de España, al PP y al PSOE . Esas cuentas habrían difundido asimismo que el Estado español mantenía actitudes “fascistas y violentas”, al tiempo que denunciaba “una supuesta brutal represión por parte de España” al separatismo catalán.

El confidente de la Policía se presenta como un aparente conocedor de la realidad rusa y así ofrece el nombre de otros espías rusos y de oligarcas próximos al Kremlin a los que se ha señalado públicamente como colaboradores en presuntas maniobras de desestabilización en Europa Occidental.