La Audiencia Nacional ha condenado al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y al número dos de esta red corrupta, Pablo Crespo, a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación en la rama de la trama en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz). El tribunal considera probado que Correa “obtuvo ilícitamente” la adjudicación de tres contratos por importe de más de 200.000 euros por parte de ese Ayuntamiento a favor de dos de sus empresas.
En una sentencia de la que ha sido ponente la jueza María Fernanda García Pérez, los magistrados de la Sección segunda de la Sala Penal absuelven a los cinco funcionarios del consistorio gaditano que estaban encausados por estar por prescritos el delito de fraude a la administración pública que les atribuían las acusaciones.
El tribunal considera probado que Correa, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, quien estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, “obtuvo ilícitamente” a favor de sus empresas Special Events y Down Town Consulting, la adjudicación de tres contratos por importe de 214.028,71 euros, referidos a la Feria Internacional de Turismo, celebrada entre el 28 de enero y 1 de febrero de 2004.
Entre el 3 de junio y el 19 de septiembre últimos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera en el Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al Partido Popular.
Atenuante de delaciones indebidas
Además de a Correa y Crespo, la Sala condena a dos años y tres meses de prisión a Javier Nombela y a un un año y dos meses de cárcel a Isabel Jordán, por el mismo delito de falsedad cometido por funcionario público. Los cuatro condenados lo han sido como cooperadores necesarios de ese delito y la Sala les ha aplicado a todos ellos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Tanto Nombela como Jordán son extrabajadores de empresas de Correa. Precisamente el testimonio de esta última durante el juicio sirvió a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar que se reabra la causa contra la exalcaldesa de esa ciudad María José García Pelayo -cabeza de lista del PP por Cádiz en las elecciones generales. Con esta revelación, Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de siete años y nueve meses de cárcel.