El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, tiene encima de su mesa una batería de diligencias solicitadas por Podemos cuya aceptación constituiría la apertura de una investigación integral de la guerra sucia practicada en 2015 y 2016 contra el partido morado. Los abogados de la formación aprovechan la pieza por el robo del móvil de la colaboradora de Pablo Iglesias para pedir a la Audiencia Nacional que indague en las principales informaciones contra el partido cuyo origen serían los trabajos de la brigada política que operó durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, desde el informe PISA hasta la falsa cuenta en Granadinas.
La tesis de Podemos es que el robo y posterior publicación de parte del contenido del móvil de Dina Bousselham, colaboradora de Pablo Iglesias durante el periodo de éste en el Parlamento europeo, es parte de las maniobras de la policía política en contra de sus opciones por llegar a un acuerdo de Gobierno con el PSOE en 2016. El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, adoptará una decisión una vez haya analizado el informe de la Fiscalía Anticorrupción al respecto. Fuentes jurídicas anticipan que la decisión podría conocerse a la vuelta de Semana Santa, con la campaña electoral del 28A próxima a su fin.
“Existen indicios sólidos, variados e interconectados entre sí que permiten considerar la existencia de una colaboración no incidental durante los años 2015 y 2016 entre un grupo de policías adscritos a la Dirección Adjunta Operativa, entre ellos y muy activamente el señor Villarejo Pérez, quienes elaboraban o participaban en investigaciones sin habilitación legal ni mandato judicial sobre el señor Pablo Iglesias Turrión, como vía de desprestigio del partido político Podemos, y un grupo de periodistas dentro de Okdiario que difundían dichos informes dada su imposibilidad de ser presentados ante los tribunales”. Así resume el escrito de Podemos su tesis para solicitar la ampliación de la investigación. El partido opta por centrarse en Okdiario y obvia a otros medios que también publicaron informaciones del teléfono de la colaboradora, así como los informes de la brigada política.
Podemos ha hecho de la actuación de lo que llama las “cloacas policiales” contra el partido uno de los ejes de su campaña electoral. Pablo Iglesias reapareció de su baja de paternidad con un contundente mensaje contra esas maniobras, por estar destinadas a destruir sus posibilidades de Gobierno en 2016. Ese 23 de marzo ya sabía que cuatro días después acapararía la atención su declaración ante el juez del caso Villarejo en la pieza por el robo del teléfono a su colaboradora.
En esa pieza 10, declarada secreta, están imputados por el momento el propio Villarejo y el exdirector de Interviú Alberto Pozas, a quien el comisario señaló como la persona que le había hecho llegar la información que luego publicó Okdiario, el medio dirigido por Eduardo Inda. Como consecuencia de su citación en la Audiencia Nacional, Pozas dejó su cargo de número dos de comunicación en Moncloa. Podemos insiste en que las “cloacas del Estado” siguen actuando y ataca al PSOE por ello.
Los morados acusan al Gobierno socialista de no haber hecho lo suficiente por acabar con esas practicas policiales, si bien la jubilación de su máximo responsable operativo, el comisario Eugenio Pino, y el relevo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, coincidieron con el fin de la publicación de pseudoinformes policiales contra el partido político. Podemos también critica al Gobierno del PSOE porque algunos de los implicados en la guerra sucia continúan prestando servicio en la Policía.
Ahora, su defensa pide al juez que recabe de la Dirección de la Policía el “expediente completo” del informe PISA sobre su supuesta financiación ilegal, así como toda la información de los viajes al extranjero de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano. Estos dos policías son destacados miembros de la brigada política implicados en la búsqueda de testimonios contra Podemos por parte de exresponsables del régimen chavista. Sus investigaciones no tuvieron control judicial y el resultado de las mismas nunca llegó a un juzgado.
Ambos policías ya están imputados en el caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados y, de acuerdo a la petición de Podemos, ahora deben declarar como investigados por el informe PISA, así como Inda y el redactor de Okdiario que firmaba la información. La letrada incluye en su argumentación la publicación de la grabación de una reunión entre Fuentes Gago y un exministro chavista en Nueva York en abril de 2016. Moncloa.com publicó esos audios una semana después de la declaración de Iglesias en la Audiencia Nacional. En ellos, por primera vez, un miembro de la policía política dice actuar bajo “mandato” de Mariano Rajoy.
La abogada de Iglesias solicita igualmente que sean citados como testigos dos de los supuestos confidentes venezolanos, así como el jefe de la Brigada Anticorrupción de la UDEF que viajó a Nueva York, José Manuel García Catalán, y el jefe de la unidad en ese momento, Manuel Vázquez. Completa la nómina de peticiones, la declaración como testigo del comisario Enrique García Castaño, El Gordo, imputado en varias piezas del caso Villarejo u operación Tándem.
El caso Villarejo se centra en los trabajos que el comisario, destinado en las altas instancias de la seguridad del Estado, realizó en el ámbito de la organización criminal que dirigía. Las piezas sobre las que no pesa el secreto de las actuaciones versan sobre los delitos que el policía cometió presuntamente para elaborar los dosieres con información confidencial que le suministraban otros policías, bancos o compañías telefónicas y que luego vendía. Sin embargo, la pieza 7 conecta la investigación a Villarejo con los trabajos de la brigada política, en la que también participó el comisario encarcelado. Toda la primera línea de esa policía política está imputada por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados que investiga la citada pieza 7.
Por tanto, de confirmarse que el robo de la colaboradora de Podemos está vinculado a la guerra sucia contra Podemos se trataría de la segunda pieza que aborda las maniobras políticas del ministerio que encabezaba Jorge Fernández Díaz. Aun más si el juez acepta investigar el informe PISA sobre la supuesta financiación irregular de la formación.
Otro de esos ataques contra Podemos de la brigada política fue el informe sobre una supuesta cuenta de Iglesias en el banco EuroPacific Bank de San Vicente y las Granadinas, donde el Gobierno venezolano le habría ingresado dinero. Para elaborar ese documento, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según él mismo confesó en un juzgado madrileño. Podemos pide al juez que reclame de la Policía y la Secretaría de Estado de Interior el expediente completo de la autorización para la residencia.
Por la publicación de ese informe, los abogados de Podemos piden que se investigue igualmente a Inda, su redactor, y los policías Fuentes Gago y Eugenio Pino, así como que declare en calidad de testigo el confidente Arias. El escrito también abunda en otras diligencias destinadas a conocer la ubicación del teléfono sustraido a Bousselham para conocer su recorrido tras el robo, así como el tráfico de llamadas entre policías y periodistas.