La Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juez Manuel García Castellón sigue la postura que fijó el Tribunal Supremo en este caso y señala que no hay indicios suficientes para continuar la causa que investigaba si Sánchez había usado dinero público para pagar una campaña de imagen a cargo de Alejandro de Pedro, el informático de la trama Púnica.
En el auto, adelantado por La Verdad de Murcia al que ha tenido acceso eldiario.es, se pone fin a la causa que se inició en febrero de 2017 contra Sánchez y que le llevó a dejar sus cargos institucionales y en el partido. El juez Eloy Velasco envió la causa al Tribunal Supremo, pero volvió a la Audiencia Nacional cuando el principal investigado perdió el aforamiento.
Cuando Velasco elevó la causa al Alto Tribunal, detalló que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro la realización de trabajos en redes sociales para “limpiar” su imagen de cara a las elecciones autonómicas, después de verse salpicado por el 'caso Auditorio'. Quería “limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” para ganar las elecciones, como así ocurrió, señalaba el magistrado.
El juez sostenía que Sánchez intentó contratar con la Púnica “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”, porque intentó cargar los gastos de esa campaña a la Consejería de Educación, que dirigía por entonces. “No lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, señalaba Velasco.
El escrito recogía los detalles del contrato que acordaron Sánchez y De Pedro, y añade que se llegó a concertar el inició de la actividad en redes sociales, la contratación de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascendería a 4.600 euros al mes.
Entre ese escrito y el de este lunes se produjo una decisión del Tribunal Supremo sobre este caso. Archivó la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por los mismos hechos y alegando que el contrato no se había llegado a firmar, con lo que no quedaba acreditado el uso del dinero público para intereses personales.
En esa línea, el juez García Castellón señala que “los indicios son precarios, el material carece de aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la prosecución de esta instrucción, y ello tras analizar tanto las conversaciones telefónicas que sirven para mantener la imputación de Pedro Antonio Sánchez y David Conesa, como los correos electrónicos que como señala la Sala carece de virtualidad por cuanto se trata de comunicaciones internas entre empleados del entramado”.
El auto indica que las conversaciones grabadas y que obran en la causa son muy ambiguas -“nada esclarecen y son susceptibles de diversas interpretaciones”- y cita el caso de Barreiro y la decisión del Supremo: “si no queda acreditado fraude respecto de Pilar Barreiro tampoco respecto de Pedro Antonio Sánchez al ser el mismo material probatorio, el material obrante en las actuaciones goza de la misma fuerza que respecto de la aforada”.