El giro en el caso Dina que impulsó el juez Manuel García Castellón al regreso del confinamiento, orillando al comisario Villarejo y dirigiendo la investigación hacia el entonces vicepresidente Pablo Iglesias, acaba de sufrir un nuevo revés procedente de una instancia superior al magistrado. De nuevo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como ya hiciera hace nueve meses sin éxito el Tribunal Supremo, conmina al instructor a tomar declaración a Dina Bousselham, la ex colaboradora de Iglesias que lleva más de un año queriendo explicar en sede judicial que no se siente perjudicada por la actuación de su antiguo jefe. Los delitos que el juez detecta en Iglesias requieren de un perjudicado. Y sin perjudicado, no hay caso contra el antiguo líder de Podemos.
El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, encargada de revisar las decisiones de García Castellón en el caso Villarejo, ha asumido este viernes en su integridad las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, revocando al fin la instrucción que el juez decretó hace un año. Un cierre de la instrucción que no es en términos absolutos porque la investigación puede seguir viva. Y así ha sido, pero siempre en dirección a Pablo Iglesias, pese a que el Tribunal Supremo decretó en enero que no hay indicios para imputar al político, tal y como le había solicitado García Castellón.
En este sentido, hace apenas un mes, el juez requirió a Samsung información que permita determinar si la tarjeta del móvil de Bousselham fue dañada en el proceso de extracción de datos, durante una reparación, o a propósito por quien la retuvo durante meses, esto es, Pablo Iglesias. Una nueva diligencia que se revelaría inútil si antes hubiera llamado a declarar a Bousselham.
Está por ver si esta vez la instancia superior a García Castellón consigue que el magistrado acate sus órdenes, que devolverían a 'Dina' la naturaleza de una pieza más de la causa contra el comisario Villarejo y no el ‘caso Pablo Iglesias’ que impulsó el juez. En este sentido, los magistrados de la Sección Tercera obligan igualmente a García Castellón a que llame a declarar como testigo al que era director adjunto operativo de la Policía en el momento de los hechos, y por tanto, jefe directo de Villarejo.
Los magistrados exponen que queda por aclarar la afirmación de los dos periodistas imputados según la cual la entrega de la tarjeta a Villarejo, que habría llegado previamente de forma anónima a Interviú, fue a requerimiento del comisario, quien alegó una investigación policial en marcha.
Pino, que podrá declarar acompañado de su abogado al estar imputado en la pieza Kitchen, tendrá oportunidad de corroborar si había ordenado a Villarejo conseguir esa información o no. Cabe recordar que nunca existió una causa judicial a la que se incorporara el material robado a Bousselham sino que, como ocurrió con otras tantas maniobras policiales contra el soberanismo catalán o el propio Podemos, la información de Villarejo y otros miembros de la brigada política fue utilizada para su publicación en medios que ésta consideraba afines a sus intereses.
Antes de que García Castellón diese un giro a su instrucción de 180 grados, el propio magistrado había detectado una posible actuación del Ministerio del Interior del PP en el robo del móvil de la colaboradora de Iglesias y en la publicación de la información que contenía sobre Podemos en Okdiario, El Confidencial y El Mundo, según trasladaron en un atestado los agentes de la Unidad de Asuntos Internos. El propio García Castellón expuso sus sospechas de la ‘guerra sucia’ contra Podemos a Pablo Iglesias cuando éste declaró ante él.
A partir del giro en plena pandemia, las diligencias del juez, de espaldas a la Fiscalía, y superponiéndose a otras pendientes de piezas como Kitchen o el BBVA, iban dirigidas a obtener indicios de un delito de daños informáticos, de revelación de secretos y de acusación y denuncia falsa contra Iglesias. Anticorrupción, en su recurso de octubre de 2020, volvía a recordar al juez que copias de la tarjeta de Dina Bousselham fueron halladas en el registro de la casa de Villarejo y que lo más plausible es que, de forma directa, o a través de intermediarios, hubiera sido el comisario quien hubiera hecho llegar esa información a los medios de comunicación.
García Castellón decidió ignorar la línea de investigación que conducía a Villarejo basándose en los cambios de versión de la propia Bousselham, quien llegó a reconocer que había pantallazos de los que se habían publicado que ella había reenviado a terceras personas. Ahora, la Sala de lo Penal, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, recuerda al juez que también se publicó información del móvil de la colaboradora de Iglesias que ella no reenvió a nadie, y por eso le pide que ahonde en esa circunstancia sin aclarar.
El Tribunal Supremo llegó a acusar al juez, en el auto en el que rechazaba imputar a Iglesias, de “abandonar diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad”. Llovía sobre mojado: la decisión de García Castellón de llevar a Iglesias al Supremo se producía después de que la Sala de lo Penal le obligara a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias.
Vuelve la brigada política
El auto de reconducción para García Castellón llega 24 horas después de que la Sala de lo Penal frenara otro impulso del juez contra Podemos. En este confluyen varios elementos que retrotraen a la primera legislatura de Mariano Rajoy, cuatro años de actividad frenética de un grupo de mandos policiales contra el soberanismo catalán, primero, y contra Podemos después. En la ecuación aparece Venezuela, la supuesta financiación irregular del partido, la brigada política y un dosier con el que aquel entramado policial, cuya primera línea está hoy procesada en el caso Kitchen, quiso tumbar al partido liderado entonces por Pablo Iglesias, y al que denominaron informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima).
El detonante fue la detención el pasado 10 de septiembre en Madrid de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia militar de Chávez y huido de la justicia en España desde noviembre de 2019, cuando iba a ser extraditado a Estados Unidos. Carvajal, reclamado por narcotráfico a gran escala, declaró ante García Castellón que tenía información sobre la financiación irregular de Podemos procedente de Venezuela.
García Castellón buscó en su juzgado y encontró una causa de 2016, sobreseída provisionalmente, donde poder adjuntar las acusaciones del ‘Pollo’ Carvajal. Se trata de una denuncia presentada ante un juzgado de Zaragoza por una desconocida hasta entonces Unión Cívica que se limitaba a reproducir informaciones sobre el informe PISA y que acabó en la Audiencia Nacional.
El juzgado de García Castellón, cuando éste aún estaba de juez de enlace de Italia, archivó de plano la denuncia con un duro informe de la Fiscalía sobre el dossier parapolicial. Argumentaba, entre otras cosas, que su contenido ya había sido despreciado por el Tribunal Supremo, después de que Manos Limpias lo incorporara a una querella contra Iglesias e Íñigo Errejón.
En el marco de esa reapertura, García Castellón citó a declarar de nuevo al Pollo Carvajal el 27 de octubre, pero la Sala de lo Penal ha resuelto que el militar ha tenido dos años para colaborar con la justicia española, que en ningún momento lo ha hecho y que su denuncia contra Podemos no puede pretender otra cosa que retrasar su entrega a Estados Unidos. La entrega estaba prevista para este sábado y si se ha retrasado es por un error de forma en un auto de la propia Sala de lo Penal que ésta reconoce a instancias de la defensa del militar venezolano.