La Audiencia Nacional vuelve a condenar al Gobierno por las agresiones policiales durante una protesta en 2012
La Audiencia Nacional ha condenado por segunda vez este año al Ministerio del Interior a indemnizar a una mujer que fue agredida por agentes antidisturbios en una de las protestas de 'Rodea el Congreso' que se desarrollaron en otoño de 2012. Como ya ocurriera en abril, uno de los juzgados de lo Contencioso-administrativo, el número 8, ha “acordado anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por M. y declarar su derecho a percibir 800 euros por las lesiones sufridas”, según informa LegalSol.
La agresión se produjo la noche del 29 de septiembre en un bar del barrio madrileño de Huertas, próximo al Congreso de los Diputados. Tal y como se puede comprobar en un vídeo grabado y publicado en Internet por un vecino, los agentes de la Policía Nacional entraron en el bar donde se habían refugiado varios manifestantes que huían de las cargas, sacaron a dos mujeres y otras personas y las agredieron.
Más de cuatro años después la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de una reclamación previa y ha condenado al Ministerio de Interior, que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz, a indemnizar a la joven con 800 euros en una resolución contra la que no cabe recurso. En abril, el mismo tribunal, pero el juzgado número 7, dictó una sentencia igual que limitaba la indemnización a 750 euros.
El proceso por los incidentes del 29S denunciado por estas dos mujeres ha sido largo. Primero se intentó por la vía penal, pero fue archivado por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal aseguró que no podía identificar a los agentes responsables.
LegalSol y otros colectivos denuncian que es habitual que en España los antidisturbios oculten su número de identificación, lo que dificulta la rendición de cuentas por sus actuaciones.
Posteriormente, fue el propio Ministerio del Interior quien rechazó la solicitud de indemnización de la joven, defendida por los abogados de la Comisión LegaSol, surgida del 15-M. Contra esta resolución es contra la que se ha pronunciado la Audiencia Nacional en abril y ahora.
El considera probado el nexo entre la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y la demandante, aunque no pueda determinarse con exactitud qué agente perpetró las lesiones. La sentencia destaca que no hay pruebas de que la joven agredida participase en los disturbios, “ni que ni dentro ni fuera del bar actuara de manera que provocase o justificase el empleo de fuerza física por parte de los policías”.
La causa está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
