La Audiencia Nacional pide al Poder Judicial que siga el juez del caso Villarejo en pleno choque con Anticorrupción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe decidir en los próximos días si renueva por otros seis meses la comisión de servicio en la Audiencia Nacional a Diego de Egea, el juez que instruye el caso Villarejo. La decisión del Poder Judicial llegará en un punto álgido de la instrucción, con el juez favorable a rebajar las medidas cautelares contra el comisario, lo que abriría la puerta a su excarcelación, y con el conflicto entre el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción muy agudizado, después de que De Egea acusara en un auto a los dos representantes del Ministerio Público de realizar una investigación “prospectiva” en una de las piezas separadas. La Audiencia Nacional ha informado a favor de la renovación.
La Operación Tándem o caso Villarejo lleva meses copando la actualidad nacional. Desde que se judicializó la investigación al comisario, hace más de un año, se han visto afectados el rey emérito; la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado; la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y la cúpula policial del anterior Ejecutivo, entre otros muchos. Eso, que se sepa, porque la causa está en parte secreta y parece esconder otras 'bombas' entre el ingente material incautado al policía jubilado. Pero a pesar de la relevancia del caso, el desencuentro jurídico entre el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción, autora de la querella que dio origen al mismo, es total.
Los fiscales se han opuesto a los archivos de la causa para varios clientes de Villarejo y para el comisario Salamanca. También solicitaron sin éxito la prisión provisional para el comisario Enrique García Castaño, detenido por orden de la Fiscalía, después de que el juez hubiera garantizado previamente al mando policial que no sería arrestado. De Egea decidió que la investigación se desgajara de la de Villarejo y los fiscales lo recurrieron. A García Castaño, El Gordo, se le atribuye organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y revelación de secretos. Se trata del comisario que habría vendido datos confidenciales para que Villarejo elaborara dosieres para sus clientes.
Fuentes jurídicas apuntan a que el magistrado no aprecia relevancia penal en las grabaciones en las que García Castaño habla con Villarejo de dinero negro y en los documentos incautados a éste, donde aparecen presuntas gestiones de “Big”, el alias que utilizaba para su compañero. Esas gestiones eran incluidas luego por Villarejo en los informes que vendía a sus clientes a precios estratosféricos.
Por otra parte, Anticorrupción se opuso al establecimiento a una fianza al abogado Rafael Redondo, encarcelado en noviembre de 2017 junto a Villarejo, por el riesgo que correría la investigación si quedaba libre. El socio del comisario terminó por salir de prisión en septiembre. La semana pasada, la Sala de lo Penal decidió levantar el secreto del archivo en papel de Villarejo, como había acordado De Egea, en contra del criterio de los fiscales. A esta segunda instancia de la Audiencia Nacional ha recurrido la Fiscalía para hacer frente a las principales decisiones del juez.
El diario El Mundo publicó el pasado 6 de diciembre que De Egea se plantea sustituir la prisión provisional de Villarejo por la imposición de una fianza y que, de ser satisfecha, su libertad estaría limitada por una pulsera telemática. El magistrado insistiría así en una posibilidad que rechazó hace seis meses Instituciones Penitenciarias, a consultas del propio De Egea. En España, el control telemático está limitado a los condenados en sentencia firme.
Este lunes, elconfidencial.com aseguraba que el magistrado se plantea imponer una fianza a Villarejo de entre 3 y 5 millones de euros que, de ser cubierta, conllevaría medidas inéditas, como visitas de la Guardia Civil tres veces al día para comprobar que no se fugara e imposibilidad de que el comisario se conecte a Internet “mediante métodos tecnológicos”.
A la Audiencia Nacional por decisión de Lesmes
Así las cosas, la comisión permanente del CGPJ tiene en su mano renovar o no a De Egea. El juez llegó a la Audiencia Nacional como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, donde se instruye Púnica y Lezo. Su anterior instructor, Eloy Velasco, tuvo la ayuda de un magistrado de apoyo, pero el CGPJ terminó por retirarlo al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces cambió de opinión cuando a Velasco le sustituyó Manuel García Castellón, el titular de la plaza que gozaba de uno de los destinos más ansiados en la judicatura, magistrado de enlace en Roma.
Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones y García Castellón decidió volver a un juzgado saturado de trabajo con dos de los casos más graves en torno al PP. Pidió un refuerzo y el CGPJ le concedió a De Egea, una decisión adoptada en pleno mes de agosto. Los vocales de la comisión permanente se dividieron entre los que preferían al anterior juez de refuerzo en el Juzgado 6, Alejandro Abascal, y los que optaron por De Egea. El voto de calidad del presidente Lesmes decantó la decisión hacia éste último. Diego de Egea se encargaría de todas las causas nuevas que entrasen en el juzgado, como ocurrió con la Operación Tándem.
El CGPJ decide sobre las comisiones de servicio de la Audiencia Nacional previo informe de su Sala de Gobierno y otro de la Inspección del propio Poder Judicial. El pasado 22 de octubre, la Sala de Gobierno votó de forma unánime a favor de prolongar la estancia de De Egea en el Juzgado de Instrucción número 6. En su acuerdo, valora que se dan “las mismas circunstancias que motivaron la solicitud inicial” y que “persisten las razones que originaron su nombramiento, debiéndose verificar a la mayor urgencia”.
Fuentes del tribunal especial explican que para adoptar esa decisión se preguntó al juez titular sobre la conveniencia de que continuara el refuerzo, a lo que el magistrado respondió afirrmativamente. La consulta a García Castellón se realizó hace tres meses, a principios de septiembre. Inspección del CGPJ debe emitir todavía un informe sobre la situación del Juzgado 6 y la contribución de De Egea para aliviar la carga de trabajo.
La Comisión Permanente que decidirá sobre el futuro de De Egea está presidida por Carlos Lesmes y reúne a los siete vocales con dedicación exclusiva. El presidente y cuatro de ellos son conservadores y los otros tres progresistas. Recienteente, De Egea aspiró a presidir la Audiencia Provincial de Madrid, pero no obtuvo ningún voto. En un enfrentamiento total en el seno del Consejo, los magistrados conservadores impusieron su mayoría votando en bloque a Juan Pablo González, recusado de Gürtel por su proximidad al PP, mientras que los progresistas apoyaron todos a Mercedes del Molino.
