La Audiencia Nacional levanta la suspensión de las exhumaciones de Cuelgamuros

Las exhumaciones de víctimas Cuelgamuros continuarán. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 ha acordado levantar las medidas cautelarísimas que paralizaban esos trabajos acordadas el pasado 14 de diciembre. El juzgado ha tomado esa decisión tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional, según ha adelantado El País y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. 

En el citado auto del 14 de diciembre, el magistrado estimaba la petición de medidas cautelarísimas de la nieta de una mujer enterrada en la basílica y paralizaba los trabajos para “tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación”. Al tratarse de unas medidas cautelarísimas, el juzgado las acordó sin oír a las partes. Entonces, fuentes de la Fiscalía afirmaron que no compartían “en absoluto” esa decisión y que la recurrirían en el momento procesal oportuno.

En la resolución, fechada el 21 de diciembre, el juzgado concluye que las alegaciones de la Abogacía del Estado y la documentación que las acompaña ponen de manifiesto que las exhumaciones se están realizando en un “lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger” y que las actuaciones “no afectan materialmente a los derechos invocados”. Además, existe un conjunto de “actuaciones judiciales y administrativas previas” que dan “soporte” a la decisión de hacer esos trabajos, esgrime el auto.

“Confiábamos en que así fuera y así ha sido”, ha celebrado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en X (antes Twitter).

Este pleito nació a raíz de la petición de medidas urgentes de una mujer, representada por Abogados Cristianos, cuya abuela está enterrada en la basílica del valle. Esta organización ultra de letrados aseguraba en su recurso que los trabajos implican “cierto grado de profanación” y que para hacer pruebas de ADN a los restos mortales de las criptas “no han solicitado consentimiento a los familiares”. Entendían, en consecuencia, que las obras de exhumación estaban vulnerando su derecho a la “digna sepultura” y, por tanto, a la libertad religiosa.

En sus alegaciones, Patrimonio Nacional detalló que los trabajos se centran en la Capilla del Sepulcro y que no tienen afección alguna a los restos de personas como la familiar de la recurrente, que están localizados en otro lugar y debidamente identificado, informa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Se exponía, además, que había quedado atestiguado que se trata de capillas diferentes, sin que se haya accedido a la capilla del Pilar, donde se encuentran los restos de la abuela de la recurrente, y sus criptas.

Además, el equipo forense indicó también que “no tiene ninguna previsión de realizar operación forense alguna” en esa parte de la basílica. A juicio de Patrimonio Nacional, la paralización sí implica una “perturbación grave de los intereses generales y de los familiares de las personas enterradas en el Valle de Cuelgamuros que desean recuperar los restos mortales de estos”.

Tras dictarse el levantamiento de las medidas cautelarísimas, Abogados Cristianos ha informado de que ha recurrido la decisión y acusa a Patrimonio Nacional de “mentir” citando un “informe del Ministerio de Justicia de 1990 en el que se admite que no se puede saber con certeza la localización de los restos de cada fallecido”, apunta la organización ultra, que califica la situación de “ataque del Gobierno contra la libertad religiosa y contra el Valle de los Caídos” porque “el objetivo final es acabar con la cruz, la más grande de la cristiandad”.

En el auto, sin embargo, el juzgado cita el informe del coordinador técnico de los trabajos, especialista en antropología forense, en el que se detalla exactamente el número de registro de entrada a la basílica de los restos de la mujer, así como el lugar en el que se depositaron y la fecha, en 1965. También que debido a la inundación que se produjo en el lugar en 1990, los restos fueron trasladados a la capilla del Pilar.

En busca de 160 personas

Los trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, trasladadas a Cuelgamuros sin consentimiento y conocimiento de los familiares, buscan los restos de 160 personas. Los de 12 de ellas, los represaliados de de Pajares de Adaja (Ávila) ya han sido identificados y entregados a sus familias. Estas víctimas se encontraban en el nivel 0 de la cripta del Santo Sepulcro, que es por donde comenzaron las obras. Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ahora trabajan en el nivel 2.

Es en este nivel en el que se encuentran la mayoría de los restos de las víctimas de Zaragoza y Tarragona. Entre ellos se cree que está el padre de Manuel Lapeña, que falleció a los 97 años en septiembre de 2021 esperando que los trabajos comenzaran. El derecho a recuperar a su padre fue reconocido por sentencia en 2016, una decisión que aunque hablaba de “entrega inmediata” de los restos, aún está pendiente de cumplirse.

Esta decisión de la Audiencia Nacional llega después de que otro magistrado del mismo tribunal estudiara, con el rechazo de la Fiscalía, una petición similar. Recientemente, además, un juzgado ordinario de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para llevar a cabo los trabajos necesarios para las exhumaciones. Entonces, la Fiscalía se opuso a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el Valle de los Caídos al considerar que podría suponer un “perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”.