El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Púnica, también conocida como caja B del Partido Popular de Madrid. En un auto fechado este miércoles, el magistrado sienta en el banquillo al que fuera mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, entre otros. De nuevo, subordinados de Aguirre se sientan en el banquillo mientras ella se libra. A ambos, el juez les atribuye un delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas. En el caso de Granados, además, le abre juicio por tráfico de influencias en concurso con malversación y de prevaricación.
En total, el juez propone juzgar a siete personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios, pero no estarán ni la expresidenta ni su sucesor, Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa respecto de ambos en octubre de 2022. Sobre Aguirre, el juez concluyó entonces que no se había podido acreditar que “tuviera conocimiento” de la financiación irregular de las campañas del PP o del desvío de dinero público para promocionar su imagen.
Así, el banquillo se sentarán los citados Granados y Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola, la exjefa de prensa de Aguirre Isabel Gallego, el empresario Alejandro de Pedro, el informático José Martínez Nicolás y el antiguo trabajador de la compañía Indra Diego Mora. Por contra, García Castellón rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos en los comicios de 2011, donde el juez considera que se cometió el delito electoral investigado.