La Audiencia Nacional busca huecos para rescatar la justicia universal
Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional escudriñan los pequeños huecos que el Gobierno les ha dejado para mantener con vida la justicia universal. El más decidido es por ahora Santiago Pedraz, que a la espera de eventuales recursos ha salvado el caso de la muerte del cámara José Couso en Irak. Su compañero, Eloy Velasco, también aprecia posibilidades de seguir adelante con la investigación del crimen en El Salvador del jesuita Ignacio Ellacuría, cometido en 1989.
Los argumentos de Pedraz son difícilmente extrapolables a cualquier otra de la docena de causas que se siguen en la Audiencia Nacional, según fuentes del tribunal. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 considera que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial contraviene la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a “perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”.
La muerte del cámara de Telecinco se produjo en plena guerra, a diferencia de otros casos de justicia universal que se siguen en la Audiencia Nacional. Entre estos hay presuntos delitos cometidos durante conflictos armados, pero se trata de crímenes de lesa humanidad que han quedado fuera de las competencias de la Audiencia Nacional por la reforma exprés del Gobierno. Sólo si los autores fueran españoles o hubieran adquirido la nacionalidad con posterioridad a los hechos investigados, y además el país se negara a extraditarlos, los jueces de la Audiencia Nacional podrían actuar.
Por tanto, causas como la que investiga el juez Fernando Andreu por el genocidio en Ruanda de 4 millones de personas deberían ser archivadas, aunque entre las víctimas haya españoles. Algo similar ocurre con la investigación del juez Ismael Moreno contra cuatro exresponsables del Batallón de la Calavera de la SS a los que se perseguía por un presunto delito de genocidio con cinco víctimas españolas durante la Segunda Guerra Mundial.
Eloy Velasco deberá archivar la investigación por un delito de lesa humanidad en el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador. Sin embargo, el magistrado cree que puede seguir adelante, ya que la querella se instruye también por otro de terrorismo, un supuesto que ha quedado a salvo de la reforma.
Velasco dio la semana pasada traslado a las partes para que le informen si consideran que debe mantener abierta la causa. En caso afirmativo, tiene previsto elevar el asunto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que determine si el juicio celebrado en El Salvador constituyó un fraude de ley. Así, consideraría no investigado el delito de terrorismo y seguiría adelante con la causa.
El supuesto del terrorismo permitirá también investigar el secuestro de españoles en el extranjero, caso de los cooperantes raptados en Tinduf o más recientemente el del periodista de El Periódico de Catalunya Marc Marginedas, cautivo durante seis meses en Siria.
¿En territorio español?
Hay otros dos casos que podrían salvarse del archivo si se demuestra que fueron cometidos en territorio español, aunque bien lejos de nuestras fronteras. Se trata, por ejemplo, de la investigación contra varios cargos del Gobierno guatemalteco por el genocidio de la población maya. Parte de la causa es el asalto a la embajada española en ese país, considerada territorio nacional. Algo similar podría suceder con la causa que sigue Fernando Andreu por delitos cometidos en el Sahara cuando aún era territorio español.
La reforma de la justicia universal aboca al archivo otras causas. Es el caso del genocidio en el Tíbet, que provocó la iniciativa del Grupo Popular en el Congreso tras las amenazas de China. También afecta al gigante asiático la causa por las torturas a los miembros de la secta Falun Gong y que quedará, sin remedio, archivada.
En la misma situación quedarían los vuelos de la CIA, que investiga Ismael Moreno, el asalto a la Flotilla de la Libertad por el Ejército israelí y el ataque contra el campo de refugiados de Ashraf, ambos en manos de Andreu; y el secuestro, tortura y asesinato del español Carmelo Soria por la policía de Pinochet, instruido por Ruz.
El juez Pablo Ruz preguntó a las partes ayer por los cinco casos que se siguen en su juzgado. Estas podrían plantear un recurso de inconstitucionalidad, que también podría partir de los propios jueces. Los fiscales ya advirtieron al fiscal general del Estado que la reforma afectaba a “derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva” por parte de los ciudadanos.
