La Audiencia Nacional mantiene una investigación secreta a la cúpula de la gran constructora OHL por haber mantenido “una práctica generalizada” de sobornos a funcionarios públicos, entre los que habría políticos, para conseguir adjudicaciones de obra pública en toda España. El hallazgo de grabaciones en poder de un antiguo empleado de OHL ha provocado la apertura de una pieza separada del caso Lezo, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.
El 27 de febrero de 2018, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el domicilio de Paulino Hernández Ros y encontraron 21 archivos de audio grabados por el propio exdirectivo de OHL y en los que aparece él conversando con otros responsables de la empresa participada mayoritariamente por el Grupo de Juan Miguel Villar Mir. Las conversaciones fueron grabadas entre 2006 y 2009.
Arrancó entonces una investigación que ha derivado en la apertura de una pieza separada el pasado 14 de marzo de 2018, un día después de que la UCO entregara su informe al juez. En un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso eldiario.es, los fiscales Ana Cuenca y Juan Pavía hablan de que ese informe de la Guardia Civil y otro ampliatorio del 10 de octubre del pasado año aparecen hechos que son “indiciariamente reveladores de la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional”.
El exdirectivo Paulino Hernández Ros prestó declaración como investigado en la pieza secreta el pasado 8 de marzo y Anticorrupción quiere que lo vuelva a hacer, según expone en el escrito, adelantado este jueves por vozpopuli.com. En su primera declaración se reprodujo “uno solo de los referidos audios”, dicen los fiscales. Ese audio fue elegido porque en él, Hernández Ros habla con otra persona a la que también se tomaba declaración.
Ahí se detuvo la audición de las grabaciones para “delimitar con prontitud el objeto del procedimiento, inicialmente con contornos muy extensos, y de progresar en la investigación de los hechos frente a otros posibles investigados”. Una vez tomada declaración a otros investigados, Anticorrupción pide que se vuelva a citar al autor de las grabaciones.