El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (PP) en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid y le ha citado a declarar el próximo 27 de marzo.
El presidente del PP, Pablo Casado, colocó a Prada al frente de la Oficina del Cargo Popular del partido, un órgano que trata de detectar prácticas corruptas dentro de la formación. Prada es uno de los padrinos políticos de Casado. Le dio su primer sueldo público -50.000 euros anuales- como asesor parlamentario de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid cuando el actual presidente del PP no había acabado todavía la carrera de derecho.
La Fiscalía había pedido su imputación porque fue el presidente y consejero delegado de la Ciudad de la Justicia, un macroproyecto para aunar todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Solo se construyó un único edificio que no tiene uso, pero el proceso se tragó al menos 100 millones de euros de dinero público.
Tras conocerse la imputación, el PP ha manifestado que solo actuará contra el exconsejero en el momento en que se abra juicio oral. La formación justifica que Prada “no ocupa ningún cargo público” y remite a los Estatutos, que especifican que “hasta que nos se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación, precisamente para garantizar todos sus derechos”, han informado fuentes del partido a Europa Press.
De la Mata señala en su auto que la Ciudad de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Algunos de esos miembros de la dirección cobraban 5.000 euros al mes, como denunció en su informe la Cámara de Cuentas de Madrid. Algunos se subieron el sueldo hasta un 80% cuando la sociedad ya estaba en quiebra.
El juez recuerda que ese informe señala que esos cargos directivos se ocuparon con personas afines a los responsables del proyecto y que en materia de contratos públicos no se respetaron las reglas básicas del sector público. Además incide en la falta de documentación que constató la Cámara de Cuentas cuando trató de fiscalizar la actividad de la Ciudad de la Justicia.
El auto pone un ejemplo de la forma de actuar de los responsables de la Ciudad de la Justicia. La sociedad encargó un informe de valoración de ofertas para la construcción de la primera fase del proyecto a Isabelino Baños, que había estado vinculado con la empresa que resultó adjudicataria.
El auto también hace referencia a otros gastos del proyecto, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que la Ciudad de la Justicia abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.
Por eso, el juez ha adoptado la decisión de imputar a Prada en un auto en el que llama también a declarar ese día como investigados a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de la Heras Rodríguez.
Según el juez, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, “la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo”, y presentaba “un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil”.