La primera víctima política del caso Gürtel fue un ministro del PSOE. Mariano Fernández Bermejo, titular de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dimitió después de una furibunda campaña del Partido Popular que le acusaba de tejer una conspiración por una cacería en la que coincidió con el primer juez del caso, Baltasar Garzón. Era febrero de 2009, campaña electoral en Galicia, y Mariano Rajoy hizo famosa una frase: “Son las doce de la mañana y Bermejo no ha dimitido”. El ministro renunció cuando la polémica había entrado en una nueva derivada: que su licencia de caza no valía para aquel coto asturiano.
Maniobras de distracción aparte, la Audiencia Nacional había abierto una causa sobre una trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol, y que se había bautizado como Gürtel por el apellido de uno de los principales protagonistas, Francisco Correa, un relaciones públicas que había estado de testigo en la boda de Ana Aznar, la hija del presidente del Gobierno, y a quien conocían todos los que seguían de cerca las campañas del Partido Popular.
La instrucción pasó por cinco jueces distintos y dos fiscales de Anticorrupción. Durante los nueve años que duró el PP cargó contra la policía, el ministerio público e incluso contra algún magistrado. “No es una trama del PP, es una trama contra el PP, dijo Mariano Rajoy, en una de sus intervenciones más célebres, en enero de 2013, flanqueado por la plana mayor del partido. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal había señalado antes a la ”policía de Rubalcaba“.
La causa siguió adelante pese a todo y algunos de sus protagonistas entraron en prisión, incluido su tesorero, Luis Bárcenas, personaje central de la trama. El país entero escuchó los audios de Correa en un palco del Máster de Tenis de Madrid explicando cómo el mismo había llevado en persona “1.000 millones de pesetas a casa de Bárcenas”.
Porque ese fue el principio: un socio descontento de la trama, José Luis Peñas, concejal en Majadahonda, empezó a grabarlo todo tras desencantarse por algunos tratos. Afloraron entonces los trapos sucios de ese ayuntamiento y los de Pozuelo, y los de Boadilla del Monte, y la trama valenciana, y lo de la Costa del Sol. La corrupción se troceó en distintas causas, visto que desde un juzgado era imposible abordarlo todo.
La era Gürtel I ha tocado a su fin, nueve años y 1.697 folios de sentencia después. Y el tribunal de la Audiencia ha dejado escrito que el Partido Popular se ha lucrado con la corrupción de la red: 245.000 de las mordidas para campañas en Pozuelo y Majadahonda. Son 351 años de cárcel para 29 de los 37 acusados. 33 años para el tesorero Luis Bárcenas por una ristra de delitos. 37 para Pablo Crespo, quien fuera secretario de Organización del PP gallego. 14 para Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, y exmarido de la exministra Ana Mato, que también ha sido condenada como beneficiaria a título lucrativo: 27.857 euros de aquellos viajes y eventos familiares, que pagaba la red. Hasta el arrepentido, José Luis Peñas, el concejal que acumuló horas de grabaciones de sus antiguos colegas, convertido estos últimos años en azote de PP, ha salido malparado: 4 años y 9 meses de cárcel.
El recórd, por supuesto, para Francisco Correa, que dio nombre al sumario: 51 años de prisión por vulnerar casi todos los artículos del Código Penal relacionados con la corrupción. Se ha librado su compinche de tantos años, Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los secundarios más pintorescos de la causa y que más juego dio a las crónicas de tribunales durante el juicio.
La sentencia dice mucho más. Considera probado que entre 1999 y 2005 la madeja de sociedades de Correa y compañía y el Partido Popular constituyeron: “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.
Tras leer los primeros titulares sobre la decisión del tribunal, el Partido Popular hizo salir a dar explicaciones en su jornada más difícil a su coordinador general, Fernando Martínez Maillo, ajeno a aquella época que le pilló en la política de Castilla y León. Maíllo anunció que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y se aferró al voto particular del magistrado conservador de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, discrepante con los otros dos miembros del tribunal, y que señala que el Partido Popular nacional no tenía por qué estar al tanto de los manejos de sus líderes en Pozuelo y Majadahonda y que esto no ha quedado demostrado en la sentencia.
El número 3 del PP también se esforzó en aclarar que el partido no había sido condenado en la vía penal. No podía: en los años en que transcurrieron los hechos esa posibilidad no existía en la legislación española.