No habrá bloqueo a Telegram en España. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado definitivamente sin efecto la orden de suspensión cautelar de la plataforma de mensajería que utilizan 8,5 millones de personas en España. Tres días después de decretar ese bloqueo a petición de varios grupos audiovisuales que la acusan de alojar contenidos 'piratas', el magistrado considera ahora que sería una medida “excesiva” y “no proporcional”.
En un auto fechado este lunes, el magistrado explica que tras las publicaciones de diversos medios de comunicación constató que es un “hecho notorio” que su decisión afectaría a “múltiples usuarios”. En consecuencia, solicitó este mismo lunes a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la “naturaleza” de Telegram así como la incidencia que podía tener el bloqueo generalizado que había decretado.
Horas después, tras haber recibido ese informe, el juez concluye que la suspensión supondría “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”. En este sentido, explica que además de impedirles el acceso a datos que pudieran tener alojados en la plataforma “en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional”.
Por otro lado, Pedraz afirma que el informe policial recoge que la medida cautelar contra Telegram tendría “un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas”. “Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana”, dice el magistrado.
Por otro lado, el juez reconoce que la medida tampoco es “idónea” dado que los usuarios podrían utilizar proxies y VPN que permiten ocultar la ubicación real del equipo y simular que la petición para acceder al servicio llega desde fuera de España. Y, de esa forma, “acceder a Telegram y seguir consumiendo o publicando tales contenidos”.
En los últimos días, juristas y expertos en ciberseguridad tildaron la medida del juez de “desproporcionada” al suponer un bloqueo indiscriminado que podría afectar a los 8,5 millones de personas que utilizan Telegram en España sin diferenciar entre quienes hacen un uso legítimo y quienes promueven la descarga ilegal de archivos.
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