La Audiencia Nacional tumba las exigencias de Jupol sobre el cobro del “exceso horario” de los policías

La exigencia de Jupol para que los policías nacionales, principalmente los que se dedican a la seguridad ciudadana, cobren los “excesos horarios” ha sido tumbada definitivamente por la Audiencia Nacional. A los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia rechazando los argumentos del sindicato, Jupol reaccionó con una querella en la Audiencia Nacional por “estafa procesal” contra la Abogacía del Estado, que representa a la Administración y que fue rechazada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, en una decisión que ha sido ratificada en mayo por la Sala de lo Penal. 

Jupol puso en marcha en 2020 una campaña entre los agentes, cuando ya era el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, prometiendo que iba a conseguir una indemnización económica por el exceso horario en la jornada que realizan los policías que trabajan a turnos y que, según la organización, no está compensada con el complemento salarial que ya reciben los agentes, denominado “turnicidad”.

En un principio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a Jupol en un contencioso en el que la Abogacía del Estado no se opuso por un error que subsanó posteriormente. 

Los fallos judiciales posteriores de los TSJ del País Vasco, Madrid y, rectificando su primera decisión, también el de Castilla y León, aseguraban que no se podía cuantificar ese exceso horario. Lo más que consiguió Jupol fue que se reconociera que podían darse esos excesos, pero que en todo caso debían de ser compensados con periodos de descanso. 

Estos fallos judiciales recuerdan que no hay partida presupuestaria disponible y que además es imposible abonar el supuesto exceso horario porque no hay forma de acreditar que exista realmente, al no contar con una herramienta que recoja el comienzo y el final de los turnos. 

La reacción de Jupol fue querellarse en la Audiencia Nacional contra la Abogacía del Estado asegurando que ésta había hurtado información en una de las sentencias al juez tergiversando el sentido de una circular de la Policía de 2015. El Juzgado Central de Instrucción número 6, de acuerdo con la Fiscalía, desestimó el 28 de marzo la querella por falta de jurisdicción de la Audiencia Nacional y ausencia de delito.

“No puede considerarse ‘generalidad de personas’ a todos los funcionarios policiales a los que la parte querellante considera acreedores ‘in abstracto’ del pago de las cantidades correspondientes al exceso horario, no resultando tampoco asumible la fijación de un perjuicio a tanto alzado por dichos presuntos pagos”, recoge el auto del Juzgado.

No hay engaño de la Abogacía

Jupol aseguraba que la Abogacía del Estado realizó “una interpretación falsa” de una circular de la Policía que indica cómo se debe realizar el recuento horario. A esa circular, contestó el Juzgado número 6, “evidentemente tenía pleno acceso el tribunal sentenciador, por lo que difícilmente puede hablarse de engaño bastante urdido por el Abogado del Estado, o ese ánimo de lucro propio o de terceros”. 

El sindicato recurrió ante la Sala de lo Penal por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Juzgado, lo que la Sección Segunda rechaza, al tiempo que considera debidamente argumentado el rechazo del Juzgado de Instrucción número 6. El ponente del auto que desestima el recurso de Jupol es el magistrado José Antonio Mora. 

Jupol considera que son 1.500 los policías perjudicados por la actuación de la Abogacía del Estado, pero el Juzgado y la Sala de lo Penal consideran que es una cifra no acreditada. El anuncio de Jupol de la primera sentencia del TSJ de Castilla y León provocó que los agentes aguardaran una subida salarial que finalmente no se producirá.

El próximo 28 de junio se celebran elecciones sindicales en la Policía con la principal incógnita de si Jupol repetirá su éxito arrollador de 2019, la primera ocasión que se presentaba, con la exigencia innegociable de la equiparación salarial con Mossos y Ertzaintza, una reivindicación histórica que tampoco con la actuación de Jupol ha sido puesta siquiera encima de la mesa por la Administración, que la considerarla irrealizable. 

Jupol está imputado por malversación de fondos, al igual que su anterior secretario general. Una jueza de Madrid investiga el destino de 360.000 euros gastados con 97 tarjetas de los responsables del sindicato. 

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