La Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado el “testimonio íntegro” de la causa abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, antes de decidir si la archiva tal y como han solicitado la Fiscalía y la defensa de la investigada. Así consta en una providencia fechada el 9 de septiembre, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La fecha para la deliberación y fallo acerca de los citados recursos está fijada para el 30 de septiembre. Fuentes de las acusaciones consultadas por este periódico afirman que es un movimiento nada habitual y que puede anticipar el archivo de la investigación.
Gómez decidió el pasado 8 julio recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid, instancia superior al juez Peinado, para solicitar el archivo de lo que denomina “una investigación universal” contra ella. En el recurso, el abogado de Gómez denunciaba que el magistrado había emprendido una causa sobre “la vida y obra” de la mujer del jefe del Ejecutivo en lo que supone una instrucción de carácter “prospectivo” prohibida expresamente por ley.
Un día antes, el 7 de julio, la Fiscalía recurrió también a la Audiencia Provincial para que pusiera orden en la “deriva procesal” del juez Peinado. El Ministerio Público consideró que el magistrado está ignorando los límites que la propia Audiencia Provincial le impuso en la investigación, que está dando una dimensión “amplísima” a la causa sin aclarar sus verdaderos motivos y que actúa continuamente a través de “generalidades”, con una “falta de concreción” que impiden a la investigada ejercer “una defensa digna”. La Sección de Delito Económicos llegaba a hablar en su recurso de “causa general” contra Gómez.
En los últimos cuatro meses ninguna de las diligencias puestas en marcha por el juez ha arrojado indicios claros de delito contra ninguno de los investigados: Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El magistrado tampoco ha aclarado de qué les acusa. Además, las pesquisas acumulan ya dos informes exculpatorios de la Guardia Civil y media docena de testimonios que niegan irregularidades en los hechos que originalmente denunció el sindicato ultra Manos Limpias.
La investigación del juez se centra en varios frentes sin descartar cualquier conducta de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno. Uno son los contratos públicos millonarios que consiguió el empresario Carlos Barrabés, cuyo domicilio fue registrado hace unas semanas por la Guardia Civil. Otro es la relación que Gómez estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el Gobierno en la pandemia. Y una tercera ramificación es la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid.